La violencia en Colombia afecta a gentes de carne y hueso, a personas de todos los estamentos, clases sociales, oficios y profesiones. Algunos sectores han sido más vulnerados que otros. No se si habrá estadísticas que nos permitan inferir qué porcentaje de campesinos han sido asesinados por motivos o causas políticas o por ser jornaleros. Tampoco hay cifras sobre hacendados, pequeños, medianos y grandes propietarios, ganaderos o cultivadores que han sido víctimas de alguno de los agentes de violencia en el país. Aunque cada quien, a su manera, llora sus muertos. Los familiares de médicos, de dirigentes políticos, de policías y soldados, de maestros, de jóvenes barriales, de mujeres, de dirigentes cívicos. Todos, a su manera, han llorado a torrentes a sus seres queridos. Víctimas hemos tenido por miles, más de 30 mil por año entre 1986 y 2005, miles de secuestrados, miles de desaparecidos, millones de desplazados. Es el balance de una persistente y cruel situación de violencia criminal con tintes políticos que se ha enseñoreado sobre los colombianos a lo largo de varias décadas. Guerrillas, grupos paramilitares, bandas mafiosas y hasta sectores de la Fuerza Pública figuran en el listado de victimarios.
Los sindicalistas no han estado exentos del mal llamado “conflicto armado” y una Ong de la que soy socio fundador y aún activo, ha venido realizando estudios estadísticos sobre la manera como la violencia afecta el sindicalismo colombiano. Es una tarea que adelanta desde mediados de los años 90 bajo una filosofía que en principio no recibió más que felicitaciones por su encomio, por su transparencia y por su humanismo incuestionable. Sin embargo, en los últimos años, más concretamente, en el periodo en que se aplicó la política de Seguridad Democrática durante los 8 años de gobierno de Alvaro Uribe Vélez, los informes se impregnaron de un sesgo ideológico y político en tanto se pretendió a través de los informes anuales de la Escuela Nacional Sindical y luego a través de los trimestrales, mostrar que Colombia era el país más inseguro del planeta para el ejercicio del sindicalismo, en el que más dirigentes sindicales eran asesinados y en el que la situación documentada desde 1986 se había puesto peor en los últimos años.
La ENS dice por ejemplo en su último informe que durante el año 2010 fueron asesinados 51 sindicalistas y manifiestan su descontento porque las cifras de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia son inferiores a las presentadas por ella: “Debemos manifestar nuestra extrañeza y preocupación con estos datos, porque no corresponden con la realidad. Como se dijo, los registros de la Escuela Nacional Sindical en el año 2010 dan cuenta de 51 sindicalistas asesinados, 29 de ellos docentes sindicalizados; en 2009 fueron asesinados 47 sindicalistas, de los cuales 22 eran docentes sindicalizados. Y según registros del Observatorio DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República, en 2010 fueron asesinados 37 sindicalistas, 21 de ellos docentes sindicalizados; y en 2009, fueron asesinados 28 sindicalistas, 15 de ellos docentes sindicalizados.” Líneas atrás habían mostrado sus “datos”, esos sí los correctos: “El ejercicio del derecho a la libertad sindical sigue siendo de alto riesgo en Colombia. Según los registros de la Escuela Nacional Sindical, en el año 2010 fueron asesinados en nuestro país 51 sindicalistas (29 de ellos docentes), en tanto que 7 fueron desaparecidos forzadamente. Y en lo corrido del 2011 ya van 4 sindicalistas asesinados. Lo que pone en evidencia que en Colombiala violencia contra el sindicalismo sigue vigente, y que aún no se establece un ambiente propicio para el libre ejercicio de las libertades sindicales. (subrayado mío)”
El dictámen es lapidario por donde se lo mire. Y como tal ha servido hasta para bloquear la firma de los tratados de libre comercio Colombia-USA y Colombia-la Unión Europea. Delegaciones de varias Ongs como la ENS, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Comisión Colombiana de Juristas, así como directivos de la CUT se han desplazado por varias metrópolis de Estados Unidos y Europa para clamar ante los congresistas de dichos países que bloqueen la firma de los TLCs, es decir, para que sancionen a nuestro país comercialmente por la violación de los derechos humanos de los sindicalistas. Una sanción que estas mismas entidades y otras del mismo cuño, le exigen a los Estados Unidos que le levanten a Cuba.
Aquí ya encontramos varias inconsistencias de fondo. Ongs dirigidas por sectores antiimperialistas y antiamericanistas, claman al imperio para que sancionen al país comercialmente. Ongs que se colocan del lado de sectores proteccionistas norteamericanos y europeos que agencian puntos de vista reaccionarios sobre la migración y la apertura de mercados, pues a ellos les interesa es conservar sus privilegios sectoriales. Es decir, pretenden poner al servicio de sus tesis anti TLC, provincianistas y aislacionistas, un problema de orden interno. Con el agravante de que presentan este problema de una manera sesgada e inflada. Veamos a continuación la tabla presentada por la ENS:
LISTADO DE VICTIMAS DE VIOLACION DEL DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD Y A LA INTEGRIDAD FISICA DE SINDICALISTAS EN COLOMBIA AÑO 2010
Informe del 1º Enero 2010 al 31 Diciembre 2010
Tipo de Violación: Homicidios
Total de casos = 51…Ver Cuadro
En el cuadro adjunto sobre asesinato de sindicalistas en el 2010 se puede constatar lo siguiente: 1. de 51 casos presentados sólo 11 se refieren a dirigentes sindicales. El estudio no aclara las circunstancias que rodearon los hechos. Tampoco es posible establecer cuál fue la causa, si fue por tratarse de un activista o porque los victimarios creyesen que ese activista tuviese vínculos orgánicos o de colaboración con grupos armados rivales. Aceptamos que sigue siendo muy grave que maten 11 dirigentes sindicales, pero es evidente la intención de agrandar la situación y de producir la impresión de que en Colombia se persigue a los sindicalistas como los nazis y los fascistas persiguieron a los judíos. 2. De los 51 casos sólo en tres de ellos se tiene noción de quien es el autor, sólo en el 6% se intuye que puede tratarse de acciones de paramilitares, guerrilleros o agentes del estado. 3. ¿Por qué se supone que el asesinato de un sindicalizado ya es suficiente razón para incorporarlo a las estadísticas de violencia contra el sindicalismo? ¿No le parece al lector de estas notas muy grave que en el 94% no se sepa la intencionalidad de los hechos, sobre si fueron con pretensión de atacar o no a sindicalistas? ¿Por qué se inflan las cifras en estos informes? ¿Acaso tiene la ENS o la Fundación Arco Iris, que ha venido en apoyo de la anterior, razones o evidencias que permitan atribuir a un supuesto ambiente o proyecto criminal el asesinato de sindicalistas?. ¿Cómo es posible ser tan concluyentes cuando las mismas cifras indican un porcentaje tan elevado de incertidumbre respecto de los responsables y de las causas?
Es como pensar que a los ganaderos los están asesinando o secuestrando porque sus victimarios quieren acabar con el negocio de la ganadería, o en el caso de los periodistas porque quieren acabar con el periodismo, o que los violentos reclutan niños porque quieren acabar con la infancia, en vez de pensar que muchas de esas muertes se producen es en función de supuestas, sospechosas o evidentes militancias o nexos de los occisos con el grupo armado “enemigo”.
Similares inquietudes se les pueden hacer a los informes que sobre el tema viene presentando la ENS con claro sesgo anti estatal: mostrar que muestro país es enemigo del sindicalismo, que la situación en vez de mejorar ha empeorado, que en Colombia existe una cultura antisindical con visos criminales, señalar al estado colombiano como el principal responsable de esa situación y restar importancia a que el sector más protegido por el estado con medidas de seguridad es el sindicalismo. Ni la ENS ni ArcoIris dan importancia al hecho de que muchos de los asesinatos de médicos, periodistas, sindicalistas, políticos, jóvenes, campesinos, ganaderos, etc., se producen en el marco de la confrontación irregular entre grupos guerrilleros y paramilitares. O sea, que a muchos de los dirigentes sindicales los persiguen, los agreden, los amenazan y los eliminan no porque sean sindicalistas o médicos o maestros o ganaderos, sino porque, de modo aleve y maniqueo, los grupos irregulares los asocian con sus enemigos, como auxiliadores del otro. Es decir, que los asesinatos se producen en su gran mayoría en función de la confrontación armada.
De manera que tenemos razones de mucho peso para tomar distancia frente a los estudios de la ENS y ArcoIris sobre la persecución a los sindicalistas. Los informes sobre violencia contra sindicalistas han logrado despertar un justo interés en la comunidad internacional y en el sistema de Naciones Unidas hasta el punto de haber propiciado un examen crítico financiado por 8 embajadas que está a punto de darse a conocer. El informe, coordinado por el PNUD y monitoreado por la Universidad nacional de Colombia (monitoreo del cual el autor de estas notas fue excluido por motivos poco claros), se supone que será objetivo, sin sesgo político o ideológico, y que arrojará nuevas luces sobre tan delicado asunto. Es probable que arroje claridad sobre la dimensión real del fenómeno, sobre si es o no cierto que hay en Colombia una cultura antisindical o si el sindicalismo ha sido, como otros sectores de la sociedad, una víctima de la acción armada de grupos irregulares, no en razón de su actividad sino en cuanto es ubicado como agente del enemigo por parte de los mal llamados “actores armados del conflicto”. Ojalá tengan en cuenta los datos de una encuesta reciente de Gallup en que la imagen del sindicalismo bordea el 50% de favorabilidad, muy por encima del Congreso de la República, de los partidos y de otras instituciones.
Considero que es sumamente desafortunado mostrar a la sociedad y a los diferentes gobiernos nacionales como enemigos del sindicalismo cuando los verdaderos, los que le han hecho grave daño, son los grupos armados irregulares que apelan a prácticas terroristas y cometen crímenes de lesa humanidad. Tanto los que lo han llegado a pensar como bases de apoyo o correas de transmisión. Porque una cosa es el hecho de que la esfera del sindicalismo y de las relaciones obrero-patronales y sindicales-estado son conflictivas, incómodas y hay lugar para la inconformidad, la protesta y la lucha, y otra muy diferente es que, como en efecto está ocurriendo, sea instrumentalizado por los grupos armados irregulares o se piense que el sindicalismo por naturaleza tiene que ser de izquierda y revolucionario o apolítico o de derecha.
Tenemos toda la evidencia para concluir que los principales enemigos del sindicalismo colombiano son los grupos armados irregulares de paramilitares y guerrillas. Que el Estado y el empresariado pueden tener un ámbito de conflictividad que no se traduce necesariamente en hostilidad violenta. Hay que exigir de la ENS y de Arco Iris mayor rigurosidad en sus estudios, así como el abandono de esa posición subordinada ante las grandes potencias económicas pidiéndoles que nos sancionen con el aislamiento y el bloqueo comercial, una política de humillación nacional.
Darío Acevedo Carmona
Medellín, 6 de abril de 2011
