”Vuelva en treinta días”

Tenemos un Estado que no puede cumplir con sus compromisos y ofertas, sea por una telaraña de normas, por una burocracia incompetente, por fallas en los sistemas judiciales o por costos que lo desbordan.

Luego de permanecer un mes en Europa, escuchando en París o en Madrid quejas que entre nosotros son viejas y comunes y que allí tienen todavía el perfil de una nueva inquietante realidad (desempleo, una corrupción que salpica al mundo político de izquierda y derecha), uno regresa a Colombia para encontrarse de nuevo con los mismos temas que invaden noticieros y páginas de opinión.

El proceso de paz, por ejemplo, sigue produciendo una hirviente polarización. No nos deja tranquilos. Aún no sabemos adónde nos lleva. Por otra parte, diga lo que diga el Gobierno, la inseguridad asusta. Detrás del paro del Catatumbo se advierte la mano secreta de las Farc moviendo en el país una explosiva carga de protestas (caficultores, mineros, camioneros, arroceros, cacaoteros y otros más). Y, ¡cuidado!, las zonas de reserva campesina, con sus asociaciones de juntas comunales congregadas bajo un comité directivo controlado por los brazos políticos de la guerrilla, son su nuevo instrumento de poder en todo el país.

Sobre esto me disponía a escribir, cuando recibí la visita de un viejo amigo venido de Toca, el pueblo boyacense de mi padre que ha sido visto por la prensa como el municipio de Colombia más pacífico y seguro. Alejandro Pinzón –así se llama mi amigo–, a punto de cumplir 70 años, vive hoy un drama que comparte con cientos de miles de colombianos: el de aguardar el pago de una pensión que ha cumplido con todos los trámites legales.

Luego de un número infinito de cartas, solicitudes, derechos de petición y, finalmente, de tutelas y fallos judiciales a su favor, cada vez que este paisano se acerca a las oficinas de Colpensiones, tras hacer una cola de varias horas con resignados y sufridos hombres y mujeres de la tercera edad, el gélido funcionario de turno lo despacha rápidamente con un lacónico “vuelva en treinta días”, letanía que cada mes ha escuchado desde hace seis años.

Como suele ocurrir en un país donde cualquier problema recibe por parte del Estado un tonificante anuncio, la liquidación del Seguro Social y la creación de Colpensiones como el ente milagroso que iba a resolver de una vez por todas este drama de agotadores trámites y esperas, de poco ha servido. Existen 80 mil tutelas falladas en contra de la institución, 22 mil procesos por desacato en el cumplimiento de dichas sentencias, además de 800 mil trámites represados. Es un problema similar al de la salud, cuando millares de ciudadanos anónimos se encuentran en grave peligro por no ser atendidos a tiempo. El problema que estamos viviendo, sin darnos todavía cuenta de su dimensión, es el de un Estado que no puede cumplir con sus compromisos y ofertas, sea por una telaraña de normas, por una burocracia incompetente, por fallas en los sistemas judiciales o por costos que lo desbordan.

Mi amigo y paisano no entiende, por lo pronto, cómo puede demorar tanto un trámite pensional. “He vivido los seis más angustiosos años de mi vida –me dice–. No tengo una renta, mis ingresos son precarios y por mi edad no puedo concursar para ningún empleo”. En Toca, donde a lo largo de su vida ocupó cargos de alcalde, concejal y personero, además de ser un reconocido líder cívico, espera con ansiedad que un día se haga efectiva su pensión y pueda recoger letras, vales y pagarés que tiene firmados. “Luego, en compañía de mi esposa y de los míos, los invitaré a todos a una misa de acción de gracias en el santuario de la Virgen del Milagro, en Tunja”.

Esa misma ilusión la comparten cientos de miles de colombianos, pese a que cada mes son despachados con la misma letanía: “Vuelva en treinta días”. Este desastre de las pensiones que nunca llegan, como el que padecen hoy las víctimas de un inepto sistema de salud, son peligrosas bombas de tiempo. ¡Cuidado!

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