Están ocurriendo cosas que me hacen recordar con horror lo que vivimos en décadas anteriores. Hoy padecemos la violencia contaminada por el multimillonario negocio de las drogas, ejercida, esa violencia, por los grupos subversivos nacidos de la ideología de la extrema izquierda, ahora alimentados por la ambición del dinero.

Pero antes de esta guerra injusta, despiadada y cruel, padecimos la llamada violencia política entre la chusma liberal y la contrachusma conservadora. Miles de muertos, miles de huérfanos y viudas, pueblos identificados con mayoría de un partido, destruidos por los vándalos del otro partido, así pasaron años, con altibajos, hasta cuando se logró la paz con el acuerdo del Frente Nacional.

Tengo el temor de que se está incubando, otra vez, una peligrosa violencia política. Ya vemos actos de grupos intolerantes en la campaña que apenas comienza. En Cundinamarca la "tomatina", en Cúcuta actos de violencia para atacar una manifestación proselitista, en Bucaramanga grupos organizados para sabotear un acto político. Lo curioso es que todos estos hechos se presentan únicamente contra uno de los candidatos, contra la persona del expresidente Álvaro Uribe, quien hace su campaña como los otros aspirantes, para conseguir votos para llegar al Senado de la República.

No quisiera pensar que esto ocurre como desarrollo de una consigna contra el candidato del Centro Democrático, pero es por lo menos curioso que así esté pasando. ¡Se está jugando con candela…

El partido Uribe Centro Democrático ya ha sufrido persecuciones, desde todos los frentes, para impedir que tenga posibilidades de un gran triunfo. Ese temor ha hecho que se cambien condiciones y decisiones que se habían aplicado a otros partidos. El Consejo Electoral, curiosamente, cambió su tendencia para decidir si admitía el logo con la imagen de Uribe como lo había hecho antes con Peñalosa, o con el nombre de Petro o de Mockus. La mermelada o la presión política fueron tan fuertes que penetraron hasta lo más profundo de las conciencias de los miembros de ese Consejo. Cambios de jurisprudencias se han visto y este puede ser uno de ellos, aunque no se entiende que miembros del Consejo cambien de opinión con tanta facilidad cuando se trata del expresidente Uribe.

Pese a lo anterior, lo que se presenta ahora es de una gravedad tal, que el gobierno del presidente Santos tiene la obligación de impedir la violencia política en la presente campaña. Colombia no puede soportar otra clase de violencia y menos una motivada en la política.

Lo que ocurre en esta contienda, contra la persona de Álvaro Uribe, no pueden ser hechos aislados, algo o alguien tiene que estar detrás de la organización de esos actos vandálicos. El expresidente los ha soportado sin responder a esta forma de atacarlo, pero nadie puede garantizar que otros, igualmente violentos, respondan en forma agresiva y termine la campaña en una verdadera batalla. Quien tiene la forma de impedir estos actos debe actuar con prontitud para evitar que la situación pase a mayores.