La aprobación en el Congreso de Washington de un proyecto de ley para sancionar a funcionarios venezolanos implicados en la represión contra los manifestantes antigubernamentales en Venezuela es una importante medida contra un régimen que trata de coartar la libertad de expresión.

El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, dijo que la Cámara de Representantes “ha dado un paso importante para llamar la atención sobre las violaciones graves de los derechos humanos que se cometen en Venezuela por funcionarios del régimen de Maduro y sancionar a los responsables”.

Falta que el pleno del Senado apruebe el proyecto de ley, lo cual debe tener lugar la semana próxima, y luego que el presidente Obama lo firme. Pero la Casa Blanca ha expresado que prefiere darle tiempo al diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, aun cuando esas conversaciones hasta ahora no han dado otro resultado que el de servir de cortina de humo al régimen para ocultar la represión.

Entretanto, el chavismo ha allanado el camino para arrestar a opositores, al afirmar el miércoles pasado que hay una conspiración de magnicidio contra el presidente Maduro, e implicando en el complot a importantes dirigentes de la oposición como la ex diputada María Corina Machado, el ex embajador de Venezuela ante la ONU Diego Arria, y el embajador norteamericano en Colombia, Kevin Whitaker.

Washington ha negado la participación de su diplomático en el dudoso complot, y lo mismo han hecho los líderes venezolanos víctimas de las acusaciones. Según la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), en los últimos quince años el gobierno de Venezuela ha denunciado 26 intentos de golpe de Estado, “sin prueba alguna”.

El régimen de Maduro no debe acusar sin fundamento a opositores pacíficos, sino escucharlos. Afronta una grave crisis de gobernabilidad, sus índices de aprobación ciudadana están por el suelo, la economía se tambalea, y la escasez y la inflación mantienen en vilo a los hogares venezolanos.

Y ahora el Congreso de Estados Unidos, con su votación, envía a Caracas el mensaje de que las violaciones de los derechos humanos ya no se pueden ocultar y que deben cesar. No se puede seguir reprimiendo a los que, como dijo la representante republicana por la Florida Ileana Ros-Lehtinen, “buscan ejercer sus libertades básicas de expresión y reunión en Venezuela”. El clamor de los venezolanos ha encontrado oídos en Washington.