Dijo el Presidente Juan Manuel Santos, en un acto de afrodescendientes, es decir de la cultura negra, que los pocos enemigos de los diálogos en La Habana querían satanizar el proceso de paz. Agregó que la Ley 975, Justicia y Paz, de 2005 sirvió para muy poco. Está basada en los principios de “justicia transicional” que ahora son criticados por los satanizadores.

El Presidente Santos cubre con niebla espesa el hecho de haber estado ahí, en la expedición y aplicación de la Ley de Justicia y Paz , en la cual, es cierto, tiene asiento la justicia transicional, ese instrumento excepcional que concede a los combatientes o participantes en organizaciones armadas algunos privilegios para estimular el desarme, la desmovilización y el juzgamiento de los delitos calificados por las normas nacionales e internacionales como atroces, en el marco de la violencia supuestamente política. De ahí que se les aplicara a las autodefensas la pena máxima de ocho años, con obligaciones de exponer la verdad, reparar a las víctimas y no repetir los actos criminales de los que son acusados. La Ley 975 señala el camino de la paz en Colombia mientras esté vigente. Otra cosa es que el Gobierno y el Congreso estén en dañado y punible ayuntamiento prometiendo que, bajo los principios de justicia transicional, habrá otra ley de Justicia y Paz, mucho más generosa que aplique el perdón, el olvido y privilegios políticos como exención de pena corporal, libertad para actuar en todas las actividades políticas sin entrega de armas ni reparación a las víctimas.

La aplicación de la Ley 975, Justicia y Paz, del 2005, posiblemente es la primera en el mundo en investirse de justicia transicional y tuvo su principal nudo gordiano en procesar a cerca de cuatro mil sujetos convocados y no a los cincuenta o setenta “comandantes” quienes debía responder integralmente por sus actos contra los derechos fundamentales y contra las leyes de la  república. Juzgar ese número de personas cogestionó la Fiscalía, hizo inoperante la necesaria celeridad de obtener la reparación y la restitución a las víctimas. Ni la Corte Penal Internacional de La Haya, ni el sistema judicial de cualquiera de los países desarrollados está en condiciones de realizar lo que entre nosotros se apechó la Fiscalía y la jurisdicción de Justicia y Paz. Como todavía estamos en ese mar de los sargazos, uno de sus aupadores, el Presidente Santos, se hace el tonto y habla en términos maniqueos, como si él no tuviera que ver en esa etapa.

No podemos perder vista que la paz – si es cierta, sostenible y ajustada a la ley- es un camino que debe conducir a la reconciliación y el perdón, o al menos a un estadio de concordia nacional. Las Farc  solo hablan de sí mismas, inclusive cuando pretenden rediseñar la propiedad de la tierra, su utilización y todos los problemas tangenciales del agro.

Referente a las víctimas, el gobierno colombiano, en caso de buscar salidas y conclusiones, bien podría jalonar una tesis: países como Cuba y Venezuela (y Rusia que antes se denominaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) que han apoyado a la guerrilla colombiana con armas, entrenamiento, refugio y avituallamiento deben contribuir a la reparación a las víctimas por ser ellos los causantes indirectos y evidentes de la violencia.

El Presidente Santos, para defender lo que hasta hoy es confuso, contradictorio e indescifrable, no necesita acudir al jefe del infierno porque resulta enredado en los cachos. Entonces la pregunta es: ¿y a Satanás Santos quien le quita los cuernos y quién lo va a desatanizar?