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Lunes 16 de Julio del 2018

Y ahora, plebiscito

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Hernando Gómez Buendía  |

Fecha: 27/11/2015

 

Roy Barreras - Foto: vanguardia.com

Los abogados dan para todo.

Después de pasearse por la constituyente, el Congresito, el referendo, la consulta y sabe Dios qué más, nuestros estadistas al fin han dado con la solución.

La solución se basa en algo muy sencillo: que la Constitución no dice nada sobre el plebiscito y se limita a mencionarlo como uno de los (siete) mecanismos de participación del pueblo soberano. Bastaba entonces con redactar una ley a la medida para que Santos pueda cumplir su promesa de someter al voto popular la aprobación del acuerdo con las Farc.

Para lograrlo, la ley hace dos cosas. Pregunta simplemente si usted está de acuerdo con que el presidente firme o haya firmado el acuerdo, en vez de preguntar sobre las muchas reformas o medidas que contiene. Y reduce el número de votos necesarios para que gane el “sí”, de los 8’455.050 que exigiría la ley vigente (135 de 1994), a apenas 2’198.313: toda una ganga.

Pero aun entonces quedan dos peligros: que a la Corte le dé por no aprobar la ley, o que la mitad más uno del pueblo soberano decida votar “no”.

La Corte podría decidir que el plebiscito no es la vía adecuada, o que la ganga electoral no es admisible. Aunque la firma de Santos sea un acto simple, el acuerdo es complejo e implica cambios legales y constitucionales (en justicia transicional, por ejemplo) que exigirían alguno de los otros siete mecanismos (p, ej., un referendo) o un trámite en el Congreso. Y un umbral elevado es esencial para evitar que una minoría sesgada o auto-interesada secuestre la democracia, como ocurría, digamos, en California o en Suiza: por algo la Ley 135 exige un total de 16'910.097 votos para el plebiscito.

Y en todo caso puede ser que no se logren los 4’396.625 votos que pide la nueva ley o, más sencillamente, que gane el “no”. La democracia consiste en esto, y para eso es el pueblo soberano: en Irlanda del Norte ganó el sí, pero en Guatemala ganó el no —y en el resto del mundo los acuerdos de paz no se someten, por eso, al voto popular—.

Verdad que las encuestas se inclinan hoy en favor de la paz, pero también verdad que aún no se conocen los verdaderos “sapos” que habríamos de tragarnos en cuanto a impunidad y curules gratuitas. Más verdad todavía que las Farc son la más impopular de cuantas cosas existen en Colombia, y que cualquier campaña electoral que apoyen lleva las de perder.

Es un riesgo que los guerrilleros sencillamente no pueden aceptar. Las Farc no pueden arriesgarse a que el pueblo rechace los acuerdos, porque entonces tendrían dos opciones: eternizar su guerra degradada o desmovilizarse sin ninguna garantía. Mejor dicho, rendirse sin siquiera lograr lo que Uribe les había ofrecido: someterse a la justicia a cambio de una rebaja de penas. Para las Farc, por tanto, es imposible someterse a referendo, consulta, papeleta… o plebiscito.

De modo que quedamos en las mismas: el mecanismo para la refrendación de los acuerdos tiene que ser acordado por las partes en La Habana, pero resulta que una de las partes no puede estar de acuerdo con la salida que encontraron nuestros estadistas, tan ingeniosa —y truculenta— como siempre.

Director de Razón Pública.

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