¿Y ahora qué sigue en gobernabilidad?

El trámite de las objeciones y del Plan de Desarrollo agotaron el experimento de gobierno sin gobernabilidad.

Los costos han sido demasiado altos para el gobierno, el Congreso y el país. Para el gobierno, la sensación de que no dirige el rumbo del país lo debilita más. Para el Congreso, la falta de resultados en temas importantes por carecer de mayorías operantes lo sume más en el descrédito, sin contar el espectáculo estéril. Para el país porque hay muchos asuntos por corregir y se necesita un gobierno fuerte (o efectivo liderando reformas) para encaminarnos hacia el crecimiento alto.

El experimento del presidente Duque ha consistido en quitar a medias el pegamento de la gobernabilidad política, la mermelada corruptora, y no sustituirlo por nada. La indefinición estratégica de no acabar la mermelada de la coalición de Santos en el nivel territorial para crear otra coalición ha llevado a que en el fondo siga gobernando Santos en los temas más sensibles.

Como están las cosas, no pasan las reformas constitucionales para evitar que se repita la impunidad de las Farc ni pasan las reformas estructurales que se necesitan. Como van las cosas, ¿cuál sería el legado del gobierno Duque? La ausencia de gobernabilidad política, además, hace más difícil recuperar la gobernabilidad social, pues ante las vías de hecho no se cuenta con el Congreso.

Al contrario, el Congreso refuerza en la ley concesiones irresponsables arrancadas por la fuerza,  como ocurrió esta semana con las de la minga indígena en el Plan de Desarrollo por parte de la Cámara.

Tampoco se cuenta con una narrativa política a favor: un gobierno que no saque adelante su agenda no tiene chance de hacer girar a los medios y a la población hacia su narrativa. Este gobierno, como es evidente, arrancó con el lenguaje de los medios en contra y una gran resistencia de opinión. Con la narrativa en contra es más complicado gobernar, y eso no ha cambiado con la estrategia ensayada.

La teoría política, la historia y la realidad de nuestro sistema multipartidista sugieren una secuencia para armar coalición mayoritaria en el Congreso sin caer en corrupción: i) aglutinar por afinidad ideológica, ii) sumar por compromiso e intercambio programático, y iii) comprometer con participación política.

La coalición mayoritaria se hace por un proyecto político, y el presidente tiene el deber de permitirles a los partidos de la coalición cuajar líderes nacionales en el gabinete que aseguren la continuidad y competitividad del proyecto político. Esto es parte indispensable del legado.

Un pacto anti-corrupción en el corazón de la coalición efectiva de gobierno puede controlar mejor la ilegalidad que la actual coalición adversa con abundante participación burocrática en el gobierno.

La mano firme que necesita el país debe comenzar con los políticos. Acabar el arreglo anterior y comenzar otro. Esta polarización se ha alimentado de la indefinición estratégica: cuando el país vea que hay una coalición que le marcha al gobierno con un rumbo claro las mayorías electorales van a volver de su  lado con creces.

El país necesita urgentemente el círculo virtuoso de gobernabilidad y de opinión enmarcado en una narrativa de país decidido. Lo mejor que podría pasar en este Bicentenario.

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