Advertí que no había razón para el optimismo con la ponencia de la presidenta de la Corte Constitucional sobre los artículos 1 y 2 del llamado “acto legislativo para la paz”. La realidad fue peor.

El comunicado de la Corte es un esperpento de forma y de contenido. Está redactado de manera farragosa y confusa, incluso para constitucionalistas expertos.

Pero sí sabemos que la Corte declaró conforme a la Constitución tanto el artículo 1 que, además de establecer el “fast track” o procedimiento legislativo abreviado, recorta de manera sustantiva las funciones de los congresistas hasta reducirlos a meros firmones del Gobierno, como el 2, que le da poderes excepcionales a Santos para legislar sobre lo divino y lo humano, por decreto y sin pasar por el Congreso, con un alcance que ya hubiera querido para él el difunto Chávez. En adelante tendremos un Congreso eunuco y un presidente hipertrofiado.

Además la Corte se contradice de manera brutal. Hace apenas cuatro meses sostuvo que la reforma de equilibrio de poderes sustituía la Constitución porque, dijo, el Consejo de Gobierno Judicial y el Tribunal de Aforados que ahí se creaban atentaban contra la independencia de la Rama Judicial y el sistema de frenos y contrapesos indispensable en un estado de derecho. Ahora les parece que acabar con el Congreso y trasladarle poderes cuasi omnímodos al presidente no tiene problema alguno. Y en la sentencia sobre la ley del plebiscito, que también les pareció constitucional aunque era un grosero cambio de las reglas de juego para favorecer al Si, defendían la idea del voto directo de los ciudadanos como mecanismo de refrendación popular y ahora no tienen reparo en inventarse uno nuevo que no está ni en la Constitución ni en la ley: un “proceso” que termina en la “decisión deliberativa” de un órgano que “puede ser el Congreso de la República”.

La Corte se salta sin inmutarse la justificación que hacían los mismos congresistas de esos cambios extraordinarios al poder del Congreso, para hacerlo inútil, y del presidente, para hacerlo todo poderoso. Los parlamentarios habían sujetado el acto legislativo a la refrendación popular sobre la base de que “es la ciudadanía quien decidirá a través de la refrendación ciudadana si estos procedimientos se llevarán o no a cabo […] La refrendación es el primer paso en el desarrollo de este acto legislativo, pues no hay mayor garante en cualquier proceso democrático, que el pronunciamiento de la sociedad en su conjunto. Es el constituyente primario quien avalará el inicio del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz”.

Pues al demonio con el sustento con el que se pretendía justificar ese espanto de acto legislativo, al demonio con el pronunciamiento de la sociedad en su conjunto y la garantía que ello suponía, y al demonio con el constituyente primario, es decir con el pueblo. Porque ese es el resultado final: el voto ciudadano del dos de octubre no vale ni uno solo de los 280 mil millones de pesos que costó el plebiscito, sin contar la propaganda oficial ni mermelada.

Para rematar, la Corte incurre en una contradicción insuperable: al describir el nuevo “proceso” de “refrendación popular” que se inventan sostienen que “deber ser” uno “en el cual haya participación ciudadana directa” y “cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe”. Si este acuerdo con las Farc es “nuevo”, como han sostenido Santos y sus negociadores y las Farc y los negociadores, pues no ha habido participación ciudadana directa y por tanto no hay refrendación popular. Y si es el viejo, no hay duda alguna de que sus resultados no se respetaron ni se interpretaron de buena fe y se negó la refrendación popular que buscaban. ¡Ganó el No!

Pero sí, apreciado lector, usted tiene razón, da igual: Santos hará lo que se le dé la gana y esta Corte impudorosa se lo aprobará.

Final: Aprenda este nombre: Luis Guillermo Guerrero. Fue el único magistrado con carácter para defender la Constitución y votar a favor de la democracia.