Se debe hacer el mismo esfuerzo para devolver a todos los niños y niñas secuestrados o reclutados.

Con júbilo recibimos el retorno de Daniela Mora, sana y salva, a su hogar. Nos alegramos hasta la médula por la niña, por sus padres y por su familia. Miles de colombianos habíamos escrito mensajes, compartido imágenes en las redes sociales, elevado plegarias al Señor y por eso su retorno produjo una reacción colectiva de gratitud al cielo y reconocimiento a las autoridades por su trabajo.

La policía y las autoridades hicieron lo correcto y actuaron con prontitud. Bien merecido tienen el aplauso. Y así deberían proceder siempre, en todos los casos, independientemente de las condiciones o reconocimiento de sus familias.

Pero eso no ocurre. Basten dos ejemplos. Karen Dayana Lambraño, de 7 años, desapareció hace cerca de 6 meses en Mompox (Bolívar) en medio de confusas circunstancias que condujeron a la detención de su propia madre por presuntos vínculos con la desaparición de la niña. Tras el registro inicial, su tragedia salió de los radares públicos, del énfasis del Gobierno y de las urgencias cotidianas de las autoridades.

Paula Nicol Palacios, de 5 años, desapareció a pocas cuadras de su casa en Buesaco (Nariño) hace 5 meses. Vimos a su madre implorando ayuda, suplicando atención para dar con el paradero de su chiquita. Tal como sucedió con Karen Dayana, demasiado pronto su libertad dejó de representar una prioridad de cada jornada.

Y no es el secuestro la única modalidad criminal que les arrebata a los niños sus derechos y frente a los cuales la sociedad y el Estado deben actuar. Es kilométrica la lista de niñas y niños que fueron arrancados de sus hogares, obligados por la fuerza a dejar su casa, a despedirse de sus sueños, a incorporarse a la filas de las Farc y de otros grupos terroristas donde, según lo ha documentado en sus libros el profesor Luis A. Fajardo, son sometidas a toda clase de abusos sexuales.

Frente a esos casos, el desdén es escalofriante. Sobre ellos no se dice una palabra, ninguna autoridad se pronuncia, no se indaga por su paradero, no se intenta ninguna acción para procurar su retorno y se procede con indiferencia y cobardía. El sufrimiento de sus padres, madres y familiares a nadie parece importarle y ninguna solidaridad suscita.

En esencia, el reclutamiento forzado entraña una modalidad agravada de secuestro, donde son los niños y niñas los que tienen que pagarles a los terroristas con su propio cuerpo, vida e ilusiones. Duele que el mismo Gobierno que se rasga las vestiduras hablando de derechos de los niños y despotricando contra el secuestro no hubiera incluido una sola sílaba en el acuerdo marco con las Farc para devolverles a los niños reclutados su derecho a la niñez.

Y duele más que, después de haberse efectuado con bombos y platillos un anuncio en materia de reclutamiento de menores, toleren pasivos que a la fecha los niños reclutados por las Farc no hayan regresado a sus hogares.

El cierre feliz del caso de la pequeña Daniela demuestra que cuando se movilizan la ciudadanía y las autoridades es posible salvaguardar los derechos de los niños. Esas son lecciones positivas y alentadoras, aunque también ha quedado en evidencia el tratamiento selectivo que reciben las víctimas en Colombia.

Aquí hay víctimas de primera, de segunda y de tercera, lo cual se evidencia hasta en la arbitraria política de recompensas discriminatorias tolerada por una sociedad que se acostumbró a que algunos valen centenares de millones; otros, decenas; y otros, miserables chichiguas. No puede ser.

Ojalá la sonrisa de Danielita regresando a su hogar y la alegría inmensa de su familia sirvan de aliciente para que esos momentos de dicha se puedan extender a todos los hogares donde hoy tienen sus corazones destrozados porque unos salvajes han desplegado su siniestro poder criminal contra los niños y las niñas.