Hace apenas unas décadas los noticieros repetían una y otra vez la palabra “cartel”: el de Cali y el de Medellín, los más famosos. Ese lenguaje “traqueto” parece mantener su vigencia ahora de cuenta de carteles nacidos en la industria y el comercio del país. En los últimos meses la Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— ha desvelado las artimañas de reconocidas empresas que acomodan precios y convierten en víctimas a sus propios clientes.
Todos caemos en esa patraña, desde quienes acuden a grandes almacenes hasta aquellos clientes que compran en la humilde tienda de barrio o de vereda. Se trata de productos básicos: pañales, papel higiénico, azúcar y hasta arroz. Recientemente se conoció cómo ocho empresas de vigilancia se amangualaron para quedarse con millonarios contratos del Estado.
En diciembre pasado, Pablo Felipe Robledo, líder de la SIC, aseguró que este año se podrían conocer nuevos carteles. Y bienvenido sea ello, pues es injusto que mientras millones de colombianos calman el hambre con abundante arroz, el valor de este se ajusta de acuerdo con la viveza de unos y no por la ley de demanda y oferta.
Los medios de comunicación no hicieron revuelo, tal vez por no afectar su pauta comercial, pero se supo que industriales azucareros se ponían de acuerdo para dominar los precios. Incluso un grupo antioqueño que les compraba azúcar, no aguantó los incrementos en precios y decidió importarla de Costa Rica. ‘Avivatos como son, los del cartel le cerraron el paso al negocio de importación, entonces la empresa paisa trató de comprar en Bolivia, pero allí también pusieron zancadilla.
“Hay que comprar todo el azúcar de Bolivia, si es preciso lo botamos al mar”, advertía un cacao del sector del que se conocieron correos electrónicos. Su interlocutor respondía que no sería posible recuperar esa plata. “La recuperamos más tarde con el precio interno —replicó el otro—”. Es decir: lo que botan lo pagamos los colombianos con el sobrecosto de la librita de azúcar.
La cartelización también cobija a los arroceros, la mayoría del departamento del Huila. Florhuila, Roa, Caribe y Oro Blanco, entre otras, crearon una escasez ficticia para subir el precio. Una paca le subió de 28 mil a 40 mil al vendedor minorista, lo que incrementó el valor para el consumidor final. La supuesta escasez obligó al Gobierno a autorizar la importación, para este año y a través del TLC, de 88 mil toneladas de arroz blanco, además de unas 25 mil del Ecuador. Llegaron las 10 mil primeras, pero paradójicamente este cartel compró el 60 por ciento y pese a ello los precios no han bajado.
Hace apenas unos meses la Asociación Nacional de Industriales, Andi, lanzó la campaña “Soy Capaz”, que evidencia el compromiso de 120 empresas en la búsqueda de reconciliación nacional.
En Colombia cada 33 horas un menor de 5 años muere por hambre. Pues bien, qué bueno sería que esos avivatos empresarios de los carteles respondieran si son capaces de ponerse en los zapatos del otro, una de las preguntas que justifican la mediática campaña. ¿Son capaces de ponerse en los zapatos de los niños que mueren de hambre en el país mientras ustedes hacen sus artimañas comerciales? Sería, eso, un verdadero paso para entender que sus acciones también los hacen responsables de este país inequitativo, desigual y, mientras tanto, irreconciliable.
