Es enorme la diferencia entre la valoración exterior del gobierno Santos y su imagen en Colombia. Las encuestas emiten campanazos de alerta, como en corrupción y en las perspectivas de la paz.

El contraste no solo es evidente sino dramático: el mismo presidente que en el exterior ha obtenido los mayores reconocimientos y aplausos que gobernante colombiano haya disfrutado, adentro de sus fronteras, allí donde sus gobernados juzgan día a día los efectos de sus decisiones y omisiones, las calificaciones siguen arrojando una desaprobación generalizada a su desempeño y a sus principales políticas.

El hecho de que esta encuesta hecha por Invamer (Gallup Poll 116, diciembre/2016) haya reflejado que en estas últimas semanas el optimismo subió del 20 al 27 %, y el pesimismo bajó del 66 al 58 %, llevó a interpretar que el país cerraba un año particularmente difícil en lo político y en lo económico, con asomos de ilusión para el año entrante.

Pero los indicadores de opinión pública siguen siendo malos. El 60 % de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Santos. Solo la avala el 35 %. Y debería ser para él y para su equipo de gobierno un campanazo de alerta para pasar a la acción, que todavía más del 80 % de los consultados (exactamente el 83 %) digan que la corrupción está empeorando. Al iniciar su mandato, en agosto de 2010, tal indicador era del 54 %.

Ameritan reflexión también los resultados de las preguntas que hacen relación directa con el proceso de paz. La implementación de los acuerdos va a copar la actividad legislativa de los próximos años, tanto por parte del Congreso (como mero refrendador de lo presentado por el poder Ejecutivo), como la que va a ejecutar el presidente de la República, investido de poderes extraordinarios para expedir decretos con fuerza de ley.

A la pregunta de si el problema de la guerrilla está mejorando o empeorando, el número de encuestados que dice que está empeorando cae de forma continua desde julio del año pasado, cuando un 77 % así lo afirmaba. Hoy es el 31 %, mientras que el 48 %, en línea ascendente, dice que está mejorando. Puede considerarse que en este asunto la opinión pública sí ha cambiado sensiblemente de impresión, sin duda alguna por la disminución de los crímenes cometidos por las Farc en particular.

El proceso de paz obtiene buen margen de confianza cuando se le pregunta a la gente si cree que el Gobierno va a cumplir con lo pactado en el acuerdo final con las Farc. El 60 % considera que sí. Hace tres meses solamente lo creía el 48 %.

No obstante, cuando las preguntas hacen referencia a las previsiones sobre el desenvolvimiento del proceso de paz, la incredulidad vuelve a manifestarse. Solo el 37 % cree que las Farc cumplirán lo acordado, frente a un 58 % que no les da crédito. Un 60 % no cree que se logre esclarecer la verdad de los crímenes ni que se vaya a reparar a las víctimas. Y un abrumador 75 % no cree que el narcotráfico vaya a tener solución, como lo promete el acuerdo final.

El Gobierno sabe que dependiendo de las circunstancias la opinión fluctuará entre el desencanto o el entusiasmo con el proceso de paz. Lo que sí no parece tener reversa en el corto plazo es el desprestigio absoluto del sistema judicial colombiano (81 % de imagen negativa) y de los partidos políticos (84 %). Su situación es tan calamitosa que su reprobación es superior a la de las Farc (79 %), agrupación a la que el cese de la violencia la “premia” con una ligera rebaja de su histórica impopularidad.