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Viernes 20 de Julio del 2018

Ya empezó: todo es culpa de Duque

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Rodrigo Pombo  |

Fecha: 23/06/2018

 

Iván Duque Márquez presidente electo de Colombia - Foto: semana.com

No han trascurrido más de tres días y ya empiezan las vociferantes voces a imputar responsabilidades al gobierno electo del Dr. Duque y la Dra. Ramírez.

Dejando todo para última hora, tanto gobierno, como congreso y Corte Constitucional han patentado lo obvio: la JEP no cuenta con códigos sustanciales y procesales con base en los cuales deban funcionar.

Lo advertimos durante la campaña del Referendo en 2016. ¿Cómo era posible aprobar un acuerdo que establecía unas ramas judiciales paralelas como la agraria y la JEP sin conocerse las leyes preexistentes que aplicarían para producir sus fallos y tomar sus decisiones?

El caso de Jesús Santrich se convirtió en la prueba máxima: propició un choque de trenes entre la JEP y la Rama judicial tradicional. La JEP expidió unas “medidas cautelares” sin fundamento legal y patentó el fracaso de unos acuerdos espurios suscritos entre el gobierno del Dr. Santos y los ex terroristas de las Farc.

La Corte Constitucional, con todo, avaló la aprobación de tales acuerdos, incluso en contra de la literalidad del texto constitucional y, ahora, no produce oportunamente las sentencias necesarias que aprueban las normas que pretenden implementar el acuerdo. Todo lo cual se sabía, pues susodichos acuerdos producirían un Estado de Derecho paralelo que alimentaría brutalmente la morosidad de la justicia constitucional. A la fecha, contamos con más de 120 normas expedidas al amparo de los acuerdos que contienen más de 1.000 disposiciones y, lo que falta. En suma, todo un Estado de derecho paralelo.

Además, el Congreso, a pesar de haber contado con la inconstitucional herramienta del “fast track”, no alcanzó a aprobar una cantidad de normas para implementar el acuerdo, entre ellas los códigos de la JEP.

A todas estas, los colombianos le otorgaron un incuestionable mandato popular al nuevo Gobierno: ajustar los acuerdos de la Habana para no hacerlos pedazos.

Lo hemos dicho y lo repetimos ahora: los Acuerdos son jurídicamente inexistentes, pero políticamente relevantes. Razón por la cual la célebre fórmula, “ni trizas ni risas” es sabia.

No hace mayor sentido entonces, que el gobierno pretenda pasar la “enmermelada” aplanadora parlamentaria para aprobar unas leyes que no obedecen al clamor popular, al mandato democrático. No cobra sentido aprobar leyes para que a partir de la entrada en vigor del nuevo gobierno se empiecen a derogar, reformar o modificar tan ilegítimas normas.

Todo lo cual no le resta peso al argumento según el cual muchos de los congresistas que acompañaron la gran alianza del Dr. Santos, ahora, cobarde, burda y vilmente deciden salirse del redil.

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