Domingo 19 de Noviembre del 2017

Zonas de Concentración para la guerrilla

Autor(a): FCPPC  | 

Fecha: 12/03/2016

DOCUMENTO DE TRABAJO
Grupo de investigación del Centro de Pensamiento Primero Colombia



1. Demandas del Centro Democrático

Desde que comenzó el proceso de paz con las Farc, el Centro Democrático ha demandado, entre otros aspectos, que, para que el proceso goce de legitimidad, se debe garantizar el cese efectivo de hostilidades por parte del grupo armado organizado al margen de la ley.

Para que el cese de hostilidades sea verificable en el terreno, así mismo, se propuso desde el inicio del proceso de paz, la concentración de los miembros de la guerrilla de las Farc. Aquella ha sido una demanda permanente y recurrente del Centro Democrático.

Resultaba contraevidente e impolítico que el Centro Democrático, de cara a la modificación de la ley 418, se opusiera a dicha iniciativa en el entendido de que el espíritu de la reforma era el de establecer el marco legal de las zonas de concentración para las Farc.

2. Antecedente

Con ocasión del proceso de paz que condujo a la desmovilización y sometimiento a la ley 975 de “Justicia, Paz y Reparación” de las estructuras de autodefensa, la decisión política del gobierno del presidente Uribe consistió en concentrar a los integrantes de esos grupos, como mecanismo tendiente a agilizar la entrega de armas, la desmovilización y reincorporación a la vida civil.

Para ese procedimiento se crearon las denominadas “Zonas de Ubicación Temporal” –ZUT-. Se trataba de áreas rurales, generalmente eran fincas, en las que no había población civil. La duración de ésas en el tiempo, que se establecieron mediante resolución, era muy reducida y estaban sujetas, si  las necesidades así lo indicaban, a ser prorrogadas. (Ver resolución 246 de 2004)

Las ZUT no son extrañas a la política de Seguridad Democrática, la cual debe ser entendida como una gran política de paz. En el gobierno del presidente Uribe se produjo la más grande desmovilización de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley en dos modalidades: desmovilizaciones individuales y desmovilizaciones colectivas. Para el caso de las segundas, siempre fue necesaria la creación de ZUT. En el caso del proceso de desmovilización de las autodefensas, dada la naturaleza “federalizada” de esa organización, fue necesaria la creación de múltiples ZUT para poder llevar a cabo el procedimiento de establecer la plena identificación de los miembros de la estructura, entrega de armas, rendición de primeras versiones libres ante la Fiscalía General de la Nación, desvinculación de menores y posterior entrega al ICBF para su custodia y cuidado y demás acciones que fueron necesarias para el éxito de la desmovilización.

Entre los años 2004 y 2006, para el proceso de paz con las AUC, el Gobierno del Presidente Uribe estableció, vía resolución, 34 Zonas de Ubicación Temporal.

3. Acuerdo alcanzado el 9 de marzo de 2016:

Se trata de un acuerdo político entre la bancada del Centro Democrático y las demás bancadas con asiento en el Congreso de la República. No es un acuerdo entre el CD y el Gobierno. Es un pacto de caballeros de los legisladores que, a través de una constancia, dejaron plasmado cuál es la voluntad del legislador al modificar la ley 418. Aquella constancia que, en efecto, no hace parte de la norma, es un documento político de alto valor, pues indica el rumbo, el espíritu, el objetivo que trazó el Congreso de la República cuando reincorporó a la denominada “ley de orden público” el artículo que hace algunos años fue derogado y que facilita el establecimiento de las zonas de ubicación.

El documento signado erige una suerte de marco y envía un mensaje claro al Ejecutivo: podrá crear zonas de concentración sí y solo sí se ajusta a lo acordado por los partidos con representación en el Congreso de la República. Transgredir dicho acuerdo, violentará el espíritu de los legisladores.

Revisando los 7 puntos de la constancia suscrita, se concluye que aquellos recogen, en buena medida, las exigencias que de antaño ha hecho el Centro Democrático:

  • En las ZUT no podrá haber cultivos ilícitos: Rompe abiertamente con la zona de distensión establecida durante el Gobierno de Pastrana, que se convirtió en una “república independiente” donde crecieron exponencialmente las hectáreas cultivadas y los laboratorios para el procesamiento del clorhidrato de cocaína. De acuerdo con cifras de la policía antinarcóticos, en la zona de distensión se cultivaron 350 hectáreas con amapola (para la producción de heroína) y 15.000 hectáreas de coca.
  • El número de estas zonas de ubicación temporal, debe ser prudente y de tamaño reducido para facilitar el monitoreo y la verificación: Este punto refleja el postulado que se observó durante el proceso de paz que tuvo lugar durante el Gobierno del expresidente Uribe y que se explicó en el punto 2 del presente memorando.
  • Estas zonas de ubicación temporal no deberán incluir áreas fronterizas: Es una salvaguarda para evitar el establecimiento de corredores que faciliten la movilidad de las Farc a países cuyos gobiernos son cómplices suyos, o para evitar abusos en la frontera. Esta ha sido una exigencia que reiteradamente ha hecho el Centro Democrático.
  • En estas zonas de ubicación temporal se adelantará un inventario de las armas dentro del proceso de dejación de éstas, las cuales deben incluir los números de identificación serial, si es posible: En este punto es muy importante rescatar el proceso de individualización de las armas que fueron entregadas con ocasión de la desarticulación de las estructuras de autodefensa. En total fueron entregadas 18.051 armas . Todas fueron sometidas a un protocolo para establecer la identificación de las mismas, datos que han sido de utilidad en el proceso de esclarecimiento de la verdad de los hechos y para la investigación de algunos crímenes cometidos con dicho armamento.
  • Quienes ingresen a estas zonas de ubicación temporal, deberán estar plenamente identificados, incluso registro dactilar, quienes carezcan de identificación el Estado les expedirá su respectivo documento: En este punto se entiende que a las ZUT, única y exclusivamente podrán ingresar los miembros de las Farc, los veedores internacionales debidamente acreditados y los funcionarios del Estado encargados de llevar a cabo el procedimiento de desmovilización. Todos deben estar plenamente identificados. Sobre este acuerdo es muy importante ejercer vigilancia para evitar que se repita la experiencia del Caguán, zona a la que ingresaron extranjeros (caso ciudadanos irlandeses miembros de IRA) para brindar capacitación en terrorismo. Las ZUT justifican su existencia  en el entendido de que faciliten la transición hacia la entrega de armas, desmovilización y reintegración a la vida civil de los ilegales.
  • El destino final de las armas será su destrucción al finalizar el proceso de paz: Todos los procesos de paz que se han llevado a cabo en Colombia han terminado con la destrucción del material bélico. Las 18.051 armas entregadas por las autodefensas, fueron fundidas el 14 de diciembre de 2006 en la Siderúrgica Nacional en Sogamoso (Boyacá).
  • El monitoreo y verificación del proceso de dejación de armas y el cese al fuego bilateral y definitivo, estará a cargo de organismos internacionales: La veeduría internacional es garantía de transparencia, siempre y cuando sea llevada a cabo de manera imparcial, técnica y monitorizada. En este punto, cabe plantear una respetuosa sugerencia: que la entidad encargada de llevar a cabo la veeduría esté obligada a rendir informes periódicos al Congreso de la República, para efectos de que la oposición tenga conocimiento de los pormenores de lo que ocurre en las ZUT.

El acuerdo alcanzado el 9 de marzo en el Congreso de la República se constituye en un reconocimiento por parte de las bancadas afines al gobierno de algunos aspectos –no todos- que ha enarbolado el Centro Democrático y abre la puerta para que la colectividad, sin menoscabar su naturaleza de partido de oposición, pueda seguir aportando sus puntos de vista sobre el devenir del proceso de paz. Aquel acuerdo no puede ser leído de manera simplista como una “rendición” del uribismo. Antes bien, es un logro, quizás el primero, en el pulso político que se ha planteado con ocasión de la negociación que se adelanta con la guerrilla de las Farc.

Ernesto Yamhure
Director

 

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Jaime Sánchez Cortés

14/03/2016 10:25 AM

Es un proceso razonable y justo. Se debe verifiacr su cumplimiento en forma estricta. Sería absurdo que el proceso de paz terminra en una división del país y el solo intento debería ser suficiente para enviar a la cárcel a los negociadores del gobierno.

jairohurtadoo

13/03/2016 3:01 PM

Excelente y así debe ser las condiciones.
Recomiendo analizar dos aspectos cruciales de esta negociación: El primero si el pueblo dice “NO”, eso no quiere decir que el proceso se acabe. El proceso debe seguir pero Santos debe irse. El segundo aspecto es que si las FARC ya están hablando que son un Estado, ellos están buscando reconocimiento en la ONU, como lo hizo con SUDAN, que mientras negociaban la ONU acepto la división de ese país. En Colombia ya se estan acomodando las FARC para cuando ganen les toque los mejores territorios y a la vieja Colombia los conglomerados inferirles y llenos de concreto encerrados en el nuevo o mejor en el otro Estado. Por eso hay que procurar quitarles ese Estatus con rapidez y desconectarlos de la ONU, donde ya estan trabajando en esa propuesta Noruega.

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