Lo más difícil de la reforma a la Ley de Orden Público, que se debatirá la próxima semana en sesiones extras, es que el Ejecutivo para habilitar las “zonas de concentración” para la guerrilla, debe controvertirse a sí mismo.
Paradójico. Así es el escenario que tendrá que enfrentar el proyecto de reforma de la Ley de Orden Público con el que se busca viabilizar la creación de las “zonas de concentración” para localizar a los guerrilleros de las Farc en el marco de un eventual cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
En el segundo semestre de 2010, el Ejecutivo presentó una reforma a la ley 418 de 1997 o de Orden Público, norma que contiene, además, mecanismos procedimentales para adelantar contactos de paz o humanitarios con los alzados en armas. La principal novedad de esa reforma era la prohibición de crear “zonas de despeje” o de “distensión” o “desmilitarizadas” para situar a guerrilleros. Ahora, seis años después, el mismo Gobierno plantea reformar la misma ley para deshacer esa prohibición.
Por lo mismo, los partidos que hoy por hoy se oponen a crear “zonas de concentración” para las Farc, como el uribismo, consideran que la manera más efectiva de evidenciar la inconveniencia de esta figura es, precisamente, acudir a los argumentos que seis años atrás utilizó el propio gobierno Santos para prohibir la creación de zonas de despeje o desmilitarizadas como la que funcionó en el Caguán durante el mandato Pastrana. O incluso la que en determinado momento, aunque con algunas limitaciones, el propio gobierno Uribe contempló crear en Florida y Pradera, en el Valle, para negociar con las Farc un eventual acuerdo humanitario para tramitar la libertad de militares, policías y dirigentes políticos secuestrados. Ese mismo gobierno también creó la “zona de ubicación especial de Santa Fe de Ralito” (Córdoba), en donde se concentró parte de la cúpula paramilitar, aunque con presencia de una unidad policial especial en el área de 368 kilómetros cuadrados.
Tesis 2010
Como se dijo, tan pronto como arrancó el primer gobierno Santos se radicó el proyecto para prorrogar los efectos de la Ley 418, pues sus efectos terminaban el 21 de diciembre de ese año.
Previo al primer debate de este proyecto en la Comisión Primera de la Cámara, el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, envió un oficio al coordinador ponente, proponiendo eliminar la facultad presidencial para determinar la localización y modalidades de acción de la Fuerza Pública ante la posibilidad de acordar con los representantes de los grupos armados al margen de la ley la localización temporal de estos y de sus miembros en zonas del territorio nacional o internacional. En otras palabras, acabar con la posibilidad de las zonas de despeje, grandes o pequeñas.
Solicitó entonces el Gobierno que se dejara expresamente consignado en el nuevo artículo que “en ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”. Al final el Congreso, con mayorías de la naciente coalición de Unidad Nacional, acogió la proposición de la administración Santos.
“No queremos esa facultad, no la vamos a usar”, reiteró Vargas Lleras en los debates en el Congreso. Ante las preguntas en torno a que el presidente Santos había anunciado, en su acto de posesión, que dejaba abierta “la ventana” para un proceso de paz, el alto funcionario dijo que tampoco en ese caso se recurriría a las zonas desmilitarizadas.
¿Qué llevó al Gobierno a prohibir zonas de despeje a finales de 2010 si desde el principio de su gobierno manifestó su disposición a adelantar un proceso de paz? ¿Por qué no atendió los llamados de distintos sectores que le insistían en que no prohibiera lo que después, si progresaban los diálogos y negociación, seguramente iba a necesitar?
Según analistas, cuando el Jefe de Estado abrió la puerta del diálogo a las guerrillas sabía que se expondría a una negociación larga y difícil en donde las Farc, como siempre, buscarían sacar provecho.
Por eso Santos reiteraba que no se repetirían los errores del pasado, y uno de ellos sin duda era la negativa experiencia de la “zona de distensión” del Caguán. De allí, entonces, que Santos tenía visto desde entonces que si había negociación se llevaría a cabo en el exterior, sin tregua de por medio, parcial ni general.
Tesis 2016
¿Por qué cambia ahora? Sencillo, porque el proceso de paz está llegando a instancias que tanto el Gobierno como las Farc consideran como “recta final” y se abordó ya en la Mesa de Negociación de La Habana la discusión alrededor de las bases de lo que sería un cese el fuego y de hostilidades de carácter bilateral y definitivo, que debe dar paso luego al desarme subversivo.
Para que dicho cese el fuego pueda tener posibilidades de eficacia, es necesario que los contingentes de los guerrilleros puedan ser localizados territorialmente, lo que hoy no se puede hacer debido a que ello implicaría una desmilitarización, ya que es obvio que las Farc no aceptarán estar en una zona en donde opere de manera simultánea la Fuerza Pública.
¿Qué cambia, entonces, frente a anteriores despejes para la guerrilla? Según el Gobierno que en esta ocasión la ONU, a través de una misión política tripartita (en la que estarían el Ejecutivo y las Farc), vigilaría y monitorearía que la subversión no utilice las zonas desmilitarizadas para fortalecerse militar y económicamente.
Sin embargo, ese nivel de cumplimiento de la guerrilla en las zonas de despeje (se sabe que las Farc piden más de 50 y el Gobierno no ofrece arriba de una decena) dependerá no sólo del Protocolo de la Misión que fije el Consejo de Seguridad de la ONU (que se dará a conocer en pocos días), sino de los mecanismos que se adopten en la Mesa sobre temas como la permanencia de la Policía en esas regiones, su eventual reemplazo por una “policía cívica” compuesta por elementos de ambas partes y otros elementos para garantizar la protección de la vida y bienes de los civiles.
