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Sábado 23 de Junio del 2018

Decisión popular para desacatar fallo

Los colombianos estamos profundamente dolidos con el fallo de La Haya que pretende despojarnos de alrededor de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Seguramente una enorme mayoría comparte la propuesta de no acatar la absurda sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El problema, llamémoslo así, es cómo concretar esa voluntad popular.

 

El gobierno, en cabeza del presidente Santos, a quien le cabría en primera instancia tomar una decisión, ha asumido una actitud dubitativa. Son conocidas las reiteradas sus reversas ante diversos conflictos sociales. Al parecer estaba confiado en una decisión favorable de la CIJ. Ahora está colocado ante la tremenda responsabilidad de reconocer un despojo de semejantes dimensiones, arriesgando quedar ante la historia en el papel indigno que cualquier mandatario sensato no desearía. Unido al hecho de las secuelas desastrosas que para su futuro político entrañaría ese paso, a sabiendas del erguido rechazo que el fallo ha generado entre los colombianos.

 

De otra parte, pesan en la balanza oficial los llamados de sectores de dentro y de fuera del país para someterse a la disposición de la CIJ, bien porque se alegue que no es prudente ni aceptable desconocer la justicia internacional, bien porque se ponderen los peligros y desafíos de semejante rechazo, que irían desde sanciones de la ONU, pasando por supuestos enfrentamientos bélicos con vecinos belicosos, hasta la frustración del proceso de “paz” de La Habana.

 

Más que cautela lo que se percibe del gobierno es el temor a una decisión clara y perentoria, dándole largas al asunto para asumirla en un ambiente menos caldeado. Y lo que se percibe es que está más inclinado por acatar el fallo. Santos acaba de declarar que su aplicación depende de asegurar los derechos de los colombianos que resulten perjudicados, como los habitantes del archipiélago de San Andrés y providencia. Pero, ¿y el derecho de todos los colombianos a la soberanía sobre esa extensa franja de la patria? ¿Habrá manera de aplicar el fallo sin que se vulnere?

 

Mientras tanto el gobierno afirma que está estudiando el fallo con cuidado para determinar las estrategias a seguir, pero reduciéndolas a lo que permita la misma normatividad de la CIJ. En verdad, si se balancean las dos opciones, acatar o no acatar, lo claro es que para esto último no se necesitan estudios jurídicos exhaustivos, comisiones de expertos, recomendaciones salvadoras. Solo tener el valor de declararlo de una vez y afrontar las consecuencias. En cambio pedir la “revisión” o “aclaración” del fallo, así se acompañe de sofisticadas baterías de argumentos, como lo han advertido internacionalistas de peso, supondría el acatamiento ipso facto del fallo. Sin la seguridad de que las “aclaraciones” pedidas –en el caso hipotético de que la CIJ aceptara hacerlo- favorezcan al país; de hecho, el riesgo sería incalculable, si se tiene en cuenta que en el mismo fallo de La Haya la señalada Corte declaró que por meras formalidades su veredicto no pudo ser más favorable para Managua.

 

En ese estado de incertidumbre anda el país por la ambigüedad del gobierno central, que se dirige a todas luces a patentar el zarpazo. Acentuado por la prédica de reducidos pero reconocidos columnistas y dirigentes políticos, casi todos de inclinación de izquierda o “progresista”, que a la par que hacen pormenorizados relatos de la tradición “entreguista” de la “oligarquía”, dizque causante del cercenamiento repetido del territorio patrio, corren presurosos a recomendar que en esta ocasión sí… ¡hay que aceptar sumisamente el nuevo despojo!

 

Los mismos que aparentan ahora ser celosos defensores del ordenamiento jurídico y el respeto a la decisión de las instancias judiciales. ¿Y no era ajustado al derecho internacional el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928? ¿Y no fue un desconocimiento de la juridicidad internacional la decisión de Nicaragua de 1980 de declarar unilateralmente la “nulidad e invalidez” de dicho tratado? ¿Ellos podían declarar nulo un tratado que se tramitó con todas las de la ley, y nosotros no podemos rechazar un fallo que vulnera un acuerdo soberano entre dos naciones, y afecta a terceros arbitrariamente, entre otros atropellos?

 

Se reviste de juridicidad el acatamiento, pero en últimas es una actitud política, obviamente antinacional. En ellos pesan más las pretensiones de la “pobre” Nicaragua, como ha confesado un columnista de postín. La de ahora, del señor Ortega, claro; no la “pobre” de 1928, que firmó el tratado Esguerra-Bárcenas, que en su opinión era títere de Estados Unidos. Por eso no tuvo empacho el Partido Comunista de Colombia en respaldar a los sandinistas cuando en 1980 desconocieron el tratado. De igual manera que la Unión Patriótica fue el único partido que en el parlamento colombiano se opuso a la aprobación del tratado de límites con Honduras en 1986, que se basaba en el Esguerra-Bárcenas con Nicaragua, siguiendo la tradición de ese sector de plegarse a las ambiciones soviético-cubanas de entonces, padres carnales de las del “socialismo del siglo XXI” de nuestros tiempos. De allí que sean esas mismas vertientes las que claman hoy para que se ceda ante Nicaragua, so pena de que se aborten las negociaciones con las Farc en Cuba.

 

El ex presidente Álvaro Uribe ha propuesto, a tono con el sentir de la mayoría de los compatriotas y en defensa de la soberanía vulnerada, desacatar el fallo. Así lo ha hecho saber al alto gobierno. A la vez ha sugerido que se apele a una consulta popular. Propuesta atinada que le daría un basamento y una legitimidad muy fuerte a la decisión del país. La dificultad, de nuevo, es que es el Presidente el facultado para convocarla, cuando todo indica que está más cerca de cumplir que de rechazar la afrenta. Otros han sugerido un referendo. Sea uno u otro el mecanismo, quiéralo o no Santos, hay que buscar que el pueblo –el soberano, como también se le conoce- se pronuncie sobre un asunto tan trascendental de la vida nacional. Tamaña decisión no se puede quedar en el aire. Necesita que se materialice, que un grupo de parlamentarios, o algún partido político, o un número importante de personalidades y ciudadanos se lance a empujarla y concretarla. Y eso no da espera. Todo día que se pierda en responder es un día perdido para la soberanía nacional.

 

* Director del Blog Debate Nacional del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).

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