Hoy se están padeciendo los efectos de una de las mezclas más explosivas que puedan presentarse.

La ausencia del diálogo social y la falta de presencia permanente del Estado; el debilitamiento de la autoridad; los reclamos legítimos de un sector de los campesinos; la movilización, debido al temor, de otros; la acción de los grupos terroristas, y las conversaciones en medio de las balas y bombas en Cuba, son los ingredientes de un coctel cuya peligrosidad no puede, ni debe, soslayarse.

Preocupa mucho que estemos regresando a las épocas en que esa zona era territorio vedado para la institucionalidad.

Y no estoy exagerando. Recuerdo que, a principios de los años 90, recibí, en mi condición de ministro de Educación, una invitación de la comunidad de El Tarra para asistir a un evento relacionado con el sector en esa localidad. Como era natural, acepté de inmediato.

Pero, cual sería mi sorpresa al recibir la notificación por parte de los organismos de seguridad de que se me prohibía viajar porque era imposible proteger mi vida.

A esos extremos estaba llegando Colombia.

Por fortuna, las cosas mejoraron, años después, gracias a la política de Seguridad Democrática. Sin embargo, lo que sucede hoy indica que se están presentando retrocesos que inquietan mucho. Además de reclamos justificados, que deben ser atendidos, está de por medio el asunto de las zonas de reserva campesina.

No hay que olvidar que, de conformidad con los anuncios que se hicieron, aún está pendiente la discusión acerca del alcance de dichas áreas, adicionalmente a su número, extensión y ubicación.

Este no es un tema menor, toda vez que se habla de la pretensión de las Farc de que se establezcan 59, partiendo de las 6 que existen hoy, las cuales cubrirían una extensión de 9 millones de hectáreas, a partir de las 850.000 hectáreas que registran en la actualidad las existentes.

Si a lo anterior se agrega que, según parece, se pretende, igualmente, que gocen de autonomía y se desmilitaricen las áreas en donde ellas se formen, estaríamos frente al propósito, absolutamente inaceptable, de balcanizar a Colombia.

¡Así de grave y serio es el tema!

Y una de las peticiones que se están haciendo es la del establecimiento de una ZRC en el Catatumbo, es decir, en una zona fronteriza con Venezuela, que es retaguardia del terrorismo, corredor del narcotráfico, importante reserva de recursos naturales y área de gran significación para la seguridad nacional.

Como las declaraciones de la Farc desde La Habana demuestran que están en eso, la respuesta del Estado solo puede ser un no rotundo.

Lo que se necesita es diálogo constructivo con las comunidades, ejercicio de la autoridad, inversión social sostenible, proyectos rentables de desarrollo alternativo y seguridad democrática.

Lo demás sería ceder ante los propósitos del terrorismo, en detrimento de las aspiraciones legítimas de los buenos ciudadanos del Catatumbo.

* Exministro y exembajador

carlosholmestrujillog@gmail.com

Portafolio, julio 9 de 2013.