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Miércoles 20 de Junio del 2018

Golpe a la Rama Judicial

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 08/05/2015

 

Foto: vanguardia.com

Una “reforma” antiliberal

El derecho constitucional al veto

Desde hace ya un tiempo veníamos avizorando y advirtiendo sobre la crisis institucional que hoy es ya más que evidente en el país. Y que, por supuesto, acabó de apuntalarse con la mal llamada reforma de “equilibrio de poderes”. Aquella que se suponía exclusivamente para anular la reelección presidencial y que, por el contrario y totalmente desenfocada del propósito inicial, no tiene unidad de materia y paulatinamente ha venido recogiendo exabruptos y colgajos normativos en cada uno de los seis debates parlamentarios, hasta el momento. Una “reforma” que, por lo demás, acaba de suscitar el más duro pronunciamiento de la Rama Judicial, en pleno y al más alto nivel posible, de que se tenga noticia desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.

Muchos vimos, por supuesto, la sesuda intervención matutina de la magistrada vocera del Consejo de Estado en una de las sesiones televisadas del Congreso, mientras los congresistas, y algún ministro, iban y venían, de curul en curul, sin prestar atención y apurando el siguiente punto en el orden del día. ¡Y a eso le llaman escuchar y atender las opiniones de quienes invitan al hemiciclo! Y luego, claro está, las votaciones, sin saber siquiera qué estaban sufragando, cuál era el texto en cuestión, como también pudo constatarse en la televisión. Y todos tan tranquilos, porque dizque en los siguientes debates enmendarían los despropósitos, como si el reglamento no fuera ley, violando una y otra vez el principio de consecutividad.

Todo ello nos había llevado, de antemano, a señalar que el equilibrio entre las ramas del Poder Público no tenía cómo reformarse, puesto que nadie puede ser juez y parte, sino a través de una Asamblea Constitucional derivada pero autónoma del propio Congreso o, en su defecto, una Asamblea Constituyente puntual y delimitada a la justicia. A lo menos, señalamos, algún tipo de Comisión de Reajuste Interinstitucional, entre las diversas Ramas, para producir una concertación sensata. En el mismo sentido, incluso, en el que pedimos el diálogo con los maestros de Fecode en vez de andar por el precipicio de la terquedad y la polarización que por fortuna el Presidente ordenó cambiar. Y también el diálogo con la magistratura por considerar, tal cual está establecido en la Constitución, que las tres funciones del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, si bien a veces se armonizan, igualmente deben permanecer separadas y controlarse mutuamente de manera que “el poder frene al poder”, como decía Montesquieu, so pena de una concentración absolutista y autoritaria en cualquiera de los satélites.

De hecho el mismo Montesquieu, al cual debemos buena parte de nuestro espíritu constitucional, decía que cada Rama tiene, de un lado, el derecho a aplicar su propio desempeño como a frenar la extralimitación de las otras, consiguiendo el equilibrio en los pesos y contrapesos, fundamento de la libertad política. De tal suerte que para el tratadista francés era inclusive tan importante el equilibrio como la misma separación o la colaboración entre las Ramas, abriendo así el camino al sistema liberal en el sentido constitucional.  Y ese es, precisamente, el equilibrio que con la “reforma” se pretende fracturar, imponiendo la coyunda de dos Ramas sobre la otra, olvidando que ninguna de ellas tiene preponderancia puesto que todo acto legislativo es de tracto sucesivo, hasta la última palabra del control constitucional. De modo que sí, claro que sí hay sustitución de la Constitución en cuanto se pretende, precisamente, instaurar un sistema antiliberal que desequilibra el Poder Público y es cuna de los favorecimientos. Y no solo por esos vicios de fondo, sino por los notorios vicios de forma, es que la “reforma”, aún sin nacer, está muerta, salvo que se procure un diálogo real y no condicionante, de sordos, bajo las amenazas de prender la aplanadora parlamentaria.

De suyo, la faculté d’empécher (la facultad de vetar o impedir), de la que hablaba Montesquieu entre las  Ramas, ha sido traída a cuento, aquí y ahora, por la Rama Judicial como parte de su legítimo derecho. Por anticipado se sabe, pues, la suerte del control constitucional. ¿O es que van a recusar a toda la magistratura? Obvio para cualquiera que se necesita una reforma integral a la justicia, en el lugar y con las gentes apropiadas, habiéndose rebosado la copa con los escándalos. Pero en ningún caso a la topa tolondra, menos repartiéndose el Poder Público con las migajas que quedan de darle golpe de Estado a una de las Ramas. Y mucho menos, claro está, pasando de Guatemala a Guatepeor. 

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