Se acabaron los discursos. Ahora la cuestión es con dinero.
No sabemos si fue con razón que dijo alguien que es el hombre el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Algo peor es que pudiendo evitarlo, tropieza y cae donde se cayó el vecino. Por eso nos preocupa que no estemos comprendiendo la dimensión y el origen del problema que afrontan las economías de países que con muy buen corazón, y muy corta inteligencia, se dedicaron a gastar lo que no tenían para que su gente viviera mejor, o cuando menos para que creyera que vivía mejor.
El mundo está en crisis. Eso es parcialmente exacto. Porque rigurosamente entró en crisis, y no es la primera vez, el Estado Providencia, el que lo resuelve todo, desde la cuna hasta el sepulcro. Gastos abrumadores para el bienestar de unas sociedades hambrientas y sedientas de todo, terminan en endeudamientos impagables. A la vista están los resultados.
A juicio nos llaman, entonces. Difícil ejercicio cuando hay espacio para gastar y tantos motivos para hacerlo. Por eso hemos llamado sin descanso la atención de todos sobre la famosa Ley de Víctimas y Tierras, que promulgamos con tanto boato como si de la coronación de un príncipe medieval se tratara. Ya está. Hasta trajimos al Secretario de la ONU para que asistiera a la fiesta. Todo tan conmovedor. Tan lindo. Tan humanitario. ¿Y la plata para pagar la factura?
Por supuesto que nadie sabe de dónde saldrá, por la muy poderosa razón de que nadie sabe cuánto costará. Ni el Ministro de Hacienda, ni el Director de Planeación, ni los ponentes de la Ley, ni el Presidente de la República se han tomado la molestia de calcular su costo. El problema es que ya entró en vigencia y no tiene reversa. A ponerle el pecho, se dijo.
Creíamos que el Presupuesto para el 2012 sería magnífica ocasión para conocer las reales intenciones del Ministro de Hacienda, tan efusivo en sus aplausos cuando parimos el monstruo. Perdón. Cuando sancionamos la Ley. ¡Pero vaya decepción!
En el Presupuesto, la cifra que aparentemente se dedicará a responder por ese colosal desafío es ridículamente baja. Con ella, si es verdad que ronda los dos billones de pesos, no pagamos la cuota inicial. El resto queda a debe. Lo malo es que el debe es con un deudor impaciente, al que nadie obliga a esperar.
Solamente los 20 millones de pesos de reparación administrativa por persona, suponiendo que no le paguemos a ninguna un peso de mora, lo que no será fácil pirueta, alcanza para 100 mil víctimas. Sin contar el problemita de las tierras, y sin contar las prerrogativas y ventajas que la Ley ofrece en educación, vivienda, techo y materias aledañas. Como quien dice, que no hay nada de nada. Que en el presupuesto no se advierte la menor intención de tomar la cosa en serio. Que el señor Ministro de Hacienda y el Presidente piensan que con dos pases mágicos y con el cuento de las disponibilidades fiscales, pondrán a las otras dos millones de víctimas a esperar turno pacientemente.
La Ley no habla de plazos. La Ley no le ordena a nadie que posponga cinco o diez años sus aspiraciones a recibir lo que le toca. La Ley no distingue entre postulantes de primera, de segunda y de quinta categoría. La Ley exige. No habla de plazos, ni de moras, ni de esperas a tiempos más felices. La Ley da derechos y cada uno sabrá exigirlos. Y los jueces no vacilarán dictando sentencias. Que se cumplen o se cumplen. Salvo que el Ministro y el Presidente quieran ponerse ropa a rayas por unos cuantos años, condenados por desacatos fabulosos.
Por cosas así nos preocupó tanto la Ley de Víctimas. No fuimos escuchados. Ahora, que venga la insobornable realidad por sus fueros. Con ella, la discusión es a otro precio. ¿Y dónde está la plata para la reconstrucción del país?
Fernando Londoño Hoyos
El Tiempo, Bogotá, agosto 10 de 2011
