Bajo el gobierno de Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, la guerrilla sufrió duros golpes, pasaron de 22.000 hombres a 7.000 en retirada. Cada día perdían territorio y se replegaban a zonas selváticos, eso sí, cuidando de mantener los “corredores de la droga” por donde podían sacar la cocaína, directamente o por intermedio de las bandas a las que les cobran por permitirles su tráfico. Por esto las Farc aceptaron, hace ya casi tres años, iniciar conversaciones para, supuestamente, cesar su acción armada. Probablemente las Farc nunca han tenido la intención de dejar de tratar de alcanzar el poder por las armas, sino más bien de repetir su estrategia del Caguán, obtener un espacio para reorganizarse, rellenar su arsenal, reponer sus filas y en el proceso lograr todas las ventajas políticas adicionales que pudieran.
Todos los presidentes colombianos han deseado, loablemente, obtener que los diferentes grupos guerrilleros se integren a la legalidad pero hasta ahora ninguno de ellos lo ha logrado plenamente, excepto con grupos menores como el M-19. Juan Manuel Santos no ha sido excepción y de buena fe creyó que una guerrilla debilitada aceptaría un acuerdo de paz prontamente, de allí su fallida predicción de que sería un proceso de “unos pocos meses… esperaría que si hay voluntad, en seis u ocho meses podamos decir que se ha terminado oficialmente el conflicto". Y el senador Roy Barreras, vocero extraoficial del Presidente añadía (¿lo recordará?) que “tiene que haber justicia porque no habrá indultos ni amnistías, ni leyes de punto final… Los máximos responsables de los crímenes más atroces, de lesa humanidad, deberán pagar por sus crímenes”.
Cómo cambian las cosas. No olvidemos, como dice el proverbio, que el infierno está lleno de buenos deseos. Las Farc son mejores negociadores que el Gobierno y saben que con cada día que pasa ellas ganan: las conversaciones de La Habana llevan ya casi tres años y sin que se vislumbre un final, más bien, que habrá una ruptura de ellas por parte del Gobierno (las Farc pueden seguir “negociando” indefinidamente) cuando su situación se vuelva insoportable. Antes, el Presidente seguirá haciendo concesiones tratando de salvar un proceso cuyo fracaso le impediría pasar a la historia como el gobernante de la paz. Su dilema es que cada día que transcurre el país está menos dispuesto a aceptar las condiciones que quieren imponerle 7.000 rufianes. Y que no se deje embaucar por el sofisma de que la acción bélica legítima del Estado es reprobable “revancha” o primitiva “venganza”, es obligación constitucional el combatir a los criminales con toda la fuerza de la ley. Como él mismo dijo en 2012, “la fuerza pública seguirá combatiendo a la insurgencia hasta que se firme el fin del conflicto”.
