Sábado 18 de Noviembre del 2017

Víctimas: el teatro del absurdo

Publicado en:

Periódico Debate  | 

Autor(a): Libardo Botero Campuzano  |

Fecha: 22/08/2014

 

Al observar el manoseo de las víctimas, primero en los foros regionales y luego en el inicio de los viajes a La Habana, una desazón me carcomía por dentro, pero no lograba precisar su razón última, hasta que esta semana logré desentrañar su sentido.

Compartía la idea de que incluir todo tipo de víctimas era una forma hábil y maliciosa de encubrir la responsabilidad esencial de las Farc. Por tanto, pensaba como muchos, las que deberían hacer presencia en la capital cubana deberían ser solamente las del grupo narcoterrorista. De igual modo, rechazaba la descalificación de víctimas de primer orden, como los militares, y discrepaba por entero del intento farisaico de las Farc de aparecer como victimarios.

Sin embargo, por encima de todas esas ideas, una sensación de inconformidad con lo que estaba pasando seguía corroyéndome por dentro. Semejantes explicaciones no me dejaban satisfecho. Algo faltaba. Algo no encajaba. Precisamente la visita a Cuba del primer grupo de 12 víctimas logró despejar mis aprensiones y hoy veo con nitidez que lo que se ha orquestado es un auténtico teatro del absurdo que invierte por entero la lógica de las cosas.

Las víctimas “comparecieron” en La Habana ante sus victimarios, es la gran noticia. En sigilo, en privado, donde muy orondos los terroristas susurraron una interesada petición de perdón en algún caso, como ha informado la prensa. Sublime acontecimiento, pregonaron en coro ensordecedor la prensa y la televisión, haciendo eco de las palabras de encomio del inquilino de la Casa de Nariño.

Pero ahí precisamente estaba el absurdo, la gran farsa: en lugar de que los victimarios comparecieran ante las víctimas y el país, confesaran sus crímenes, expresaran su arrepentimiento y solicitaran perdón, son las víctimas las que en desfile calculado se presentan a rendir cuentas ante los asesinos y a recibir la absolución de éstos. No puede ser así, si de un verdadero proceso de justicia, de pacificación y de no repetición se trata.

El paralelo con el proceso verificado bajo la ley de Justicia y Paz es hiriente. No solo en los aspectos de justicia y reparación, sino en el de verdad, así el proceso haya tenido sus fallas y vacíos. En cuanto a lo primero, la norma estableció que era obligatorio para los victimarios –sin excepción- pagar cárcel, así se redujeran sus penas. Miles de paramilitares han estado en prisión por ocho años, y solo ahora empezarán a salir de sus sitios de reclusión. Se alega que las condenas aún son pocas; es cierto, pero eso habla mal no de la ley sino de los jueces, que no han hecho gala de la eficiencia y eficacia requeridas. Pero lo que sí es evidente es que aun los que saldrán de la cárcel en estos días y no hayan sido condenados todavía, seguirán vinculados a los procesos hasta que se dicte sentencia. No habrá impunidad, la ley no lo permite.

Los beneficios de reducción de penas tuvieron una condición: la confesión de los delitos cometidos, que no podía ser parcial o fraccionada, sino completa, según lo dispuso la Corte Constitucional. Confesión individual, ante jueces y en audiencias públicas, muchas de las cuales fueron transmitidas por televisión. Allí las víctimas han estado presentes, acusando, aportando sus pruebas, reclamando por los seres queridos desaparecidos, interrogando a los criminales. Y recibiendo también sus declaraciones de arrepentimiento, de solicitud de perdón.

No basta con que la organización delictiva declare de manera general, como lo ha hecho las Farc a las volandas como escabullendo el bulto, que han causado dolor a otros pero sin proponérselo (mientras al otro lado de la mesa alias Timochenko replica que de nada de lo actuado se arrepienten). Ni siquiera que declararan con más contundencia su responsabilidad sería suficiente. Es preciso que, como en Justicia y Paz, cada uno de los “comandantes” y guerrilleros rasos confiese por entero sus tropelías, lo haga ante jueces especiales designados para ello, y en audiencias públicas que puedan ser transmitidas por los medios de comunicación a la ciudadanía entera.

He buscado en internet algunos datos ilustrativos sobre el proceso de Justicia y Paz en los temas que vengo comentando, y encontré unas cifras de finales de 2012 que pueden dar una idea a los lectores, proporcionadas por la Fiscalía General de la Nación. Para entonces 76.688 víctimas habían participado en audiencias donde los paramilitares presentaron sus versiones libres, y 28.790 de esas víctimas increparon a los victimarios o les hicieron preguntas; en total fueron formuladas 34.168 preguntas por las víctimas. (Aquí solo 60 irán a La Habana, escogidas a criterio de los victimarios).

Los resultados del proceso también son interesantes. Los victimarios confesaron 39.546 hechos delictivos, que afectaban a 51.906 víctimas. Los principales delitos confesados fueron: 1.046 masacres, 25.757 homicidios, 1.618 reclutamientos ilícitos, 3.551 casos de desaparición forzada, 11.132 de desplazamiento forzado, 1.168 de extorsión, 1.916 de secuestro, 96 de violencia sexual, 773 de tortura, y 65 de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Centenares de cadáveres han sido recuperados y entregados a sus familiares. (¿Habrá algo parecido con las Farc? ¿O aún mejor, más completo, para subsanar las falencias del proceso de Justicia y Paz?)

Y óigase bien, 846 de las versiones libres fueron transmitidas en directo, equivalentes a 2.965 días de transmisión. A su vez las garantías de no repetición son importantes: 313 postulados mediante declaración pública restablecieron la dignidad de la víctima, 1.173 postulados pidieron perdón a las víctimas, 1.083 manifestaron públicamente su arrepentimiento, y 1.143 han prometido no repetir sus conductas punibles. (¿Bastarán tres o cuatro reuniones a puerta cerrada con las Farc en Cuba, con dos o tres peticiones de perdón, calculadamente lanzadas?)

Todos estos datos nos llevan a una conclusión adicional: es absurdo llevar a representantes de las víctimas de los paramilitares (o de agentes del Estado) a La Habana. Estas víctimas ya tienen un escenario para encarar a sus victimarios, en las audiencias del proceso de Justicia y Paz. Llevarlas a Cuba y colocarlas frente a las Farc es denigrante y solo conduce a lo que se ha dicho, encubrir la responsabilidad de los narcoterroristas con sus víctimas. Lo que hay que exigir es que los delincuentes de las Farc tengan que comparecer en audiencias similares ante sus víctimas, así como los militares acusados de delitos ajenos al servicio lo han hecho ante jueces y personas afectadas.

Al proceso de Justicia y Paz pueden adjudicársele defectos y carencias, pero los hechos señalados hablan de sus grandes realizaciones. Y sobre todo, marcan una línea de conducta. ¿Cómo comportarse frente a las víctimas en tal eventualidad? Estableciendo que los victimarios, no solo como grupo, sino individualmente, comparezcan ante los jueces, ante las víctimas y ante el país, confiesen toda la verdad de sus delitos, respondan a sus preguntas y reclamos, demuestren su arrepentimiento, pidan perdón y se comprometan a no reincidir en sus conductas delictivas.

Nada de esto se observa en las negociaciones de La Habana. Las víctimas son llevadas fuera del país a comparecer en privado ante sus victimarios, cuando son éstos los que debieran presentar cuentas de sus tropelías en Colombia, ante jueces y víctimas, en audiencias públicas. Es lo único lógico y sensato. Lo otro es por entero teatro del absurdo.

Y una pregunta de postre: ¿dónde está la igualdad ante la ley? Si “el conflicto es uno”, como dijo Santos, por qué el tratamiento de los protagonistas es diferente. Para unos cárcel, confesiones públicas ante jueces y víctimas, inelegibilidad política; para los otros todo lo contrario. Vaya justicia la nuestra.

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