Mucho se ha empleado a la ‘Seguridad Democrática’ como bandera discursiva, pero muy poco se ha dicho sobre lo que ésta realmente significa. La ausencia de este debate ha facilitado que se gesten en la población interpretaciones erróneas y salidas de contexto que, al ser llevadas a la arena política, terminan afectando negativamente la imagen y desempeño del Partido Centro Democrático y sus militantes. Es por esto que, en procura de la perdurabilidad y éxito del Partido, se requiere pedagogía sobre qué implica la Seguridad Democrática como principio ideológico.
La Seguridad Democrática es una herencia de la administración del Presidente Álvaro Uribe, y fue concebida en primera instancia como una política pública que direccionaba los esfuerzos del Estado contra los grupos armados ilegales que tenían en vilo la soberanía e institucionalidad del país, así como al pueblo colombiano. La Seguridad Democrática fue oportuna y eficiente para el momento en que se encontraba Colombia, y obtuvo logros difíciles de desconocer; principalmente, el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la reducción de delitos de alto impacto (ej. secuestro), y la reaparición de la confianza en los inversionistas y la Nación. Sin embargo, la Seguridad Democrática es víctima de su propio éxito, pues éste perpetúa su naturaleza como política de gobierno, y ello limita su alcance y empleo ideológico.
Una política pública, a menos que sea nivel Estado, tiene la misma fecha de caducidad que la administración que le propone, razón por la cual son diseñadas, ejecutadas y promocionadas para el cumplimiento de objetivos circunscritos a tiempos y condiciones particulares. La ‘Política de Defensa y Seguridad Democrática’, como se le conocía en aquel entonces, planteó como objetivo reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática de la Colombia del año 2002. En aquel momento se empleó la doctrina de contra-insurgencia de ‘corazones y mentes’ para penetrar, liberar y consolidar los territorios que se encontraban, principalmente, bajo el control de las FARC-EP, ELN y AUC, esfuerzos que se enmarcaron en el Plan Patriota y Plan de Consolidación (conocido dentro del Salto Estratégico). Al poner las Fuerza Pública como punta de lanza, y sumar a ello el discurso de la época post-9/11, la Seguridad Democrática se coronó como una alternativa ‘dura’ a la seguridad de un país sumido en la incertidumbre y el caos. Ello creó en el imaginario colectivo una asociación que se mantiene hasta la fecha: La Seguridad Democrática fue para un periodo de ‘conflicto’, ‘guerra’ y ‘terrorismo’.
La llegada de la administración del Presidente Santos, y su cambio de enfoque hacia la seguridad interna, en particular las negociaciones de la Habana con las FARC-EP, generó una ruptura en el discurso y la postura oficial empleada, lo cual terminó causando una notable polarización de la sociedad colombiana. Entre los años 2010 y 2018 se logró, por medio de propaganda y otras herramientas de ingeniería social, capitalizar la asociación descrita de forma se crearan dos elecciones antagónicas para los colombianos: La paz del gobierno o la guerra que encarnaban las ideas contrarias. Así pues, en la medida que el contexto nacional fue cambiado, y con éste la percepción de las amenazas y la orientación de la opinión pública nacional, varias de las líneas estratégicas de la ‘Política de Defensa y Seguridad Democrática’ se tornaron anacrónicas y de difícil implementación.
En el año 2010, sin embargo, la Seguridad Democrática dejó de existir como una política pública enfocada a un único objetivo y amenaza, y se evolucionó en el principal pilar del Partido Centro Democrático. Esto generó un cambio sustancial en la esencia de la Seguridad Democrática, pues al volverse ésta un condicionante de una agenda que abarcaba otras temáticas, se requirió ampliar el espectro del concepto de seguridad para facilitar el desarrollo programático. De esta forma, aquello que debía ser protegido ya no era principalmente el Estado, en su concepción tradicional, sino también el individuo, y su posibilidad de desarrollarse y participar en comunidad. Así, se reconocieron otros factores desestabilizantes adicionales al uso premeditado y calculado de la violencia como son, por ejemplo, las afectaciones en el medio ambiente, la alimentación, el empleo, la salud y el trabajo.
En este sentido, con el cambio a pilar ideológico, la seguridad adquiere la condición democrática no sólo por defender dicho sistema y sus valores, sino también por ser brindada sin distinción alguna (i.e. raza, religión, opinión política, condición económica) para establecer y mantener las circunstancias que permitan a las persones vivir verdaderamente “libres de miedo y necesidad”. Así pues, la Seguridad Democrática comprende todo aquello que busca impactar positivamente el ánimo, percepción y esperanza de la población, así como garantizar la existencia del Estado y una relación simbiótica entre las partes del contrato social. Lo anterior implica la búsqueda de un equilibrio entre deberes y derechos que garantice la convivencia pacífica, pero no cualquiera, sino una soportada en la igualdad, corresponsabilidad, transparencia, justicia y legalidad.
En definitiva, la Seguridad Democrática sí fue creada para contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional con todo el poder del aparato estatal, postura que fue legitimada en las urnas cuando el Sr. Álvaro Uribe fue elegido dos veces Presidente de la República. Sin embargo, también es cierto que la Seguridad Democrática dejó de existir como política pública en el año 2010, y que continuar viéndola de ésta manera es continuar con una visión reduccionista que no permite disociarla de la vorágine del pasado. De la misma manera, ésta es mucho más que una simple marca electoral para el Centro Democrático, pues representa todo lo que el Partido es, será y defiende. Y es que el verdadero poder de un pilar ideológico es lograr que una idea permanezcan más que las personas y a pesar de los sucesos.
