¿Quien realmente define si se han cumplido o no los acuerdos con las Farc?

Acuerdo de paz

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ANTE LOS GRAVES INCUMPLIMIENTOS DE LAS FARC-EP AL DENOMINADO “ACUERDO FINAL”

Diversos actores nacionales e internacionales exigen permanentemente al Gobierno Nacional el cumplimiento del denominado “acuerdo final” firmado, hasta donde sabemos, por dos partes: el Gobierno de la República de Colombia representada por Juan Manuel Santos Calderón y las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo”, representadas por “Timoleón Jiménez” en calidad de Comandante del Estado Mayor Central de Las FARC-EP”.

Paradójicamente, nadie se pregunta por los graves y múltiples incumplimientos de las FARC-EP, entre los que se encuentran:

  1. Incumplimiento en la entrega del listado total de los integrantes de las FARC
  2. Incumplimiento en la entrega total de los menores
  3. Incumplimiento en las acciones para la solución del problema de las drogas ilícitas
  4. Incumplimiento frente a los derechos de las víctimas
  5. Incumplimiento en la entrega de bienes
  6. Incumplimiento a la contribución de verdad en todos los aspectos como vía para la no repetición y como consecuencia la concesión de tratamientos especiales

Nos vemos obligados entonces a elevar una serie de peticiones a los Magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación y de la JEP, para que nos absuelvan interrogantes esenciales para los colombianos.

Cada una de estas Instituciones, mediante decisiones jurisdiccionales y pronunciamientos públicos, participaron, avalaron e intervinieron en la definición del denominado “acuerdo final”, por ende, deben absolver las inquietudes y preguntas que surgen en torno al derecho que le asiste a la ciudadanía para acceder a la administración de justicia ante los graves incumplimientos de las FARC-EP.

Necesitamos saber a quién se debe exigir el cumplimiento parcial o total, o ante qué autoridad judicial podemos acudir para que se decrete la exigibilidad y/o consecuencias legales y sancionatorias por esos incumplimientos. Suponemos que ellos tienen claro el panorama, considerando su estudio previo y aval a los acuerdos.

Sobre los principales interrogantes

  1. ¿Ante quién es exigible el cumplimiento del “acuerdo final” por parte de las FARC-EP?
  2. ¿Quién es el Juez competente para fallar sobre el incumplimiento del “acuerdo final”?
  3. ¿Cuál es el medio de control judicial que pueden ejercer los ciudadanos y el Gobierno Nacional para solicitar el incumplimiento del “acuerdo final”?
  4. ¿El cumplimiento del “acuerdo final” puede ser exigible al Partido Político de las FARC-EP, a los Congresistas de las FARC-EP o a los representantes de las FARC-EP en la Comisión de Seguimiento?
  5. ¿Ante qué autoridad internacional si la hubiere, se debe acudir para solicitar la protección del derecho a la paz o los demás derechos constitucionales implicados en el aludido “acuerdo final”, por parte de las FARC-EP?
  6. ¿Las instituciones y autoridades del Estado colombiano tienen la obligación de seguir cumpliendo de buena fe con lo establecido en el “acuerdo final”, cuando su contraparte, las FARC-EP, representada por “Timoleón Jiménez”, han incumplido de manera flagrante y reiterada sus obligaciones frente al Estado y el pueblo colombiano?

Esperamos que las respuestas ofrezcan claridad, pues lo contrario implicaría reconocer, como muchos lo temimos en su momento, que ese era un “acuerdo” de uno, y que solo el Estado Colombiano se rendía ante las FARC-EP. Nos tienen que ofrecer una solución, que aún no encontramos en la farragosa redacción del documento, como garantía elemental de acceso a la administración de justicia.

No descansaremos hasta encontrar las respuestas, y nos encargaremos de que las FARC-EP, como mínimo, cumplan con lo poco que les fue exigido.

 

Aquí puede ver las peticiones:

Corte Constitucional
Consejo de Estado
Corte Suprema Justicia
Consejo Superior de la Judicatura
Procuraduría General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
JEP

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