Tampoco los Congresistas deben olvidar, que son responsables ante la sociedad y la justicia del cumplimiento de sus obligaciones, y que su condición de legisladores no los faculta para violentar el orden constitucional y menos, para fletar su conciencia y dignidad a cambio de prebendas.

La nación espera que los miembros del actual Congreso, honren sus deberes y obligaciones, y que antepongan su integridad a la conveniencia, su pulcritud a la componenda, su honor a la felonía y su coherencia a la desinteligencia, de manera que eviten convertirse en peones de un gobernante torpe y perturbado, que no cesa de dar muestras de ineptitud e incapacidad para dirigir la nación.

Si bien es cierto, que algo menos del 20% de los miembros del Congreso son obsecuentemente afectos a Petro y que en su mayoría votarían de manera dócil y obediente sus obtusas y retardatarias propuestas, es muy probable, que las otras bancadas que conforman la coalición de gobierno no las apoyen, por reñir con los postulados de sus partidos o movimientos, por ser contrarias al querer de sus electores, por desconocer la voluntad mayoritaria de la nación y por comprometer la vigencia del Estado de Derecho.

Dadas las circunstancias actuales y ante el clamor nacional para que el Gobierno retire su arrevesada reforma tributaria y las nulas posibilidades que lo haga, es necesario, que los Congresistas que conforman la bancada de gobierno reflexionen y con fundamento en la grave situación que afronta el país, desistan de apoyar una reforma que, como está bien probado, es recesiva e inflacionaria, que desestimularía el crecimiento, el empleo, el ahorro, el consumo y la inversión, y que no tendría antecedentes en Colombia por ser la más cuantiosa, gravosa y regresiva, y, ante todo, innecesaria, dado el nivel histórico de recaudo alcanzado en lo corrido del año y proyectado para lo que falta de la actual vigencia fiscal.

Por tanto, no se entendería que los partidos Conservador, Liberal, Coalición Verde y Centro Esperanza, Cambio Radical, de la U y Mira, apoyaran semejante esperpento y se convirtieran en autores materiales de tamaño despropósito y con ello, en corifeos de un gobierno sin norte que, en menos 100 días, ha revertido todos los indicadores y comprometido la estabilidad legal, la seguridad jurídica y la sostenibilidad económica de la nación.

No en vano todos los sectores de la economía al unísono, se han manifestado contra la reforma, la que antes que promover expansión, redistribución y progreso, revertiría el formidable desempeño económico alcanzado luego de la pandemia y que aún sitúa a Colombia dentro de las cinco naciones con mayor tasa de crecimiento.

Es claro e indiscutido que, de salir adelante semejante adefesio, la economía entraría en decrecimiento, recesión y probable retroceso, por desestimular la iniciativa privada, desterrar la inversión, disuadir la libre asociación y frenar la formalización, lo que se traduciría en mayor desempleo, pobreza y carestía.

Los mal llamados “impuestos saludables” que incluye la reforma, antes que ser progresivos, son absolutamente regresivos e inflacionarios, habida cuenta que afectarían directa y mayoritariamente a los hogares más pobres que masivamente consumen los productos objeto de este nuevo tributo, lo que incidiría de manera ostensible en el aumento del Indice de Precios al Consumidor (IPC), y, por ende, en el aumento del costo de vida.

Petro olvida, que el bienestar de la población solo mejora con el aumento del trabajo productivo y los ingresos, no con impuestos que reducen su capacidad de compra y la satisfacción de sus necesidades.

Con toda razón, la reforma ha desatado en los sectores productivos y en la academia, razonables  y fundamentadas críticas, reparos y reproches, al punto, que lo único que lograría sería, afectar a los sectores más pobres; desestimular la iniciativa privada, la libre asociación, la industrialización y el emprendimiento; retroceder en materia de formalización; espantar la inversión extranjera; y, convertir a Colombia en uno de los países menos competitivos del mundo, en el que ni nacionales ni extranjeros invertirían y por el contrario, buscarían establecer su domicilio fiscal en otras naciones o migrar sus inversiones hacia ellas.

Aparte de la afanosa improvisación y notoria falta de técnica jurídica que exhibe el texto de la reforma, su aprobación comprometería la estabilidad legal y la seguridad jurídica que debe tener todo ordenamiento, en especial, si es impositivo, e inclusive, desde ahora se puede advertir, que la ley que la aprobara sería declarada inconstitucional por desconocer la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en relación a los principios que inspiran el sistema tributario, como son “equidad, eficiencia y progresividad” y, en las que se prohíbe “que un mismo hecho económico sea gravado dos o más veces”.

En suma, la reforma, además de inconstitucional y carente de racionalidad y técnica fiscal, devela retaliación y ánimo confiscatorio contra el sector productivo, así como soterrada intención de debilitar el esfuerzo, el empeño y el sacrificio de quienes han logrado crear empresa, empleo, riqueza y pagan impuestos.

Colombia no puede retroceder en su desarrollo, ni en el mejoramiento gradual de su sistema tributario, de manera que cada vez sea más equitativo, eficiente y progresivo, y no regresivo, confiscatorio y recesivo como lo pretende Petro.

El próximo sábado 29 de octubre Colombia marchará de manera cívica y pacífica contra Petro, y le enviará un mensaje claro y contundente al Congreso, para que hunda de manera definitiva la reforma.

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Tomado del períodico El Debate