No es en absoluto sorprendente que el senador socialcomunista Gustavo Bolívar plantee reuniones secretas con delincuentes de la ‘Primera Línea’, banda de criminales comunes al servicio del gobierno de Petro.
El video que circula en las redes sociales en el que se ve a Bolívar sugiriendo que hay que hablar con el ministro del interior cosas que no se pueden decir en público, es la evidencia de que efectivamente el gobierno está cuadrando por debajo de la mesa la impunidad de los delincuentes de la ‘Primera Línea’, esos mismos que recuperarán la libertad gracias al decreto 2422 del pasado 9 de diciembre, con el que el gobierno nacional creó el procedimiento para la excarcelación de los llamados “voceros” de esa estructura al margen de la ley.
Es un despropósito que el gobierno incluya a la ‘Primera Línea’ entre las organizaciones a las que les es aplicable la llamada ‘Ley de Orden Público’, norma creada en 1997 con el fin de dotar de herramientas legales al gobierno para negociar y suscribir acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley.
Ahora bien: si el gobierno considera que esa banda delincuencial es un grupo armado, entonces debe reconocerlo abiertamente, con lo que quedaría sobre la mesa una preocupante realidad: que el petrismo cuenta con una estructura armada, algo parecido a lo que tuvo el partido Nacionalsocialista a comienzos del siglo pasado con las ‘Camisas Pardas’, luego bautizadas como las SS.
En Colombia, la administración de justicia no opera contra los políticos de izquierda. Por esa razón, Gustavo Bolívar puede, impunemente, hacer lo que le venga en gana con los antisociales que tiene a su servicio. Los financia, hace leyes a la medida de sus necesidades y los reúne clandestinamente con miembros del alto gobierno. La corte suprema, que es el juez natural de ese parlamentario, voltea la mirada y no cumple con su deber de investigar e imponer las sanciones penales correspondientes.
@IrreverentesCol
Publicado: diciembre 13 de 2022
