Fueron 2 los magistrados de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá quienes ordenaron al Presidente de la República, reintegrar al alcalde Gustavo Petro, vía tutela, interpuesta por un ciudadano que alegó que el Presidente de la República, no acató las recomendaciones (no órdenes) de la (CIDH) a favor de Petro, al vulnerar sus derechos fundamentales, de “elegir y ser elegido” y el debido proceso. Gustavo Petro incurrió, según la Procuraduría en violaciones al Código Único Disciplinario, que ameritan su destitución. Los magistrados, consideran que las medidas cautelares emanadas de un organismo no jurisdiccional como la CIDH son obligatorias para el Estado colombiano. Si prospera esta línea de los magistrados, ningún alcalde podrá ser destituido o sancionado, porque eso violaría sus derechos políticos. Ayer destituyeron al Gobernador de La Guajira, y semana antes al de Casanare. Sus electores estarán leyendo esta jurisprudencia derivada del caso Petro, de consecuencias nefastas para el orden institucional, porque a partir de este falo, Colombia estará tomando nota de la forma de mantenerse en los cargos de los funcionarios ineptos y corruptos.
Tuvo razón el “Maestro” Echandía, llamado por sus conciudadanos la “conciencia jurídica” de la Nación, al referirse a los colombianos refractarios a constituir un ordenamiento jurídico serio y respetable, vigilado y guiado por una corte constitucional, conformada por juristas de carrera y de alta respetabilidad moral y profesional, convertida en guardián de la constitución, que garantizara la estabilidad de la leyes y su cumplimiento con el apego estricto al marco legal de la Nación. Reclamaba que una sociedad regida por la impunidad, con los órganos del Control Fiscal, Político y Público, amordazados, intimidados y sometidos, obligándolos a no actuar; renuncia a la justicia en equidad e igualdad; al Derecho, como fundamento del orden social y legal, estas son unas Repúblicas bananas. Advertía el “Maestro”, como los países ricos y exitosos del mundo lo son, porque se sujetan y rigen por el orden jurídico, profesando profundo respeto por la Ley, la Democracia, y la Institucionalidad.
Para los colombianos, eso tan vital, parece no serlo. Es indudable que somos un país repleto de problemas para solucionar, que no se alcanzan desafiando, y desconociendo el orden jurídico y menos burlando la constitución y la Ley, ni convirtiendo la patria en un campo de batalla intimidatoria legalistas, (tute latón) de desafíos llamando a elegir una constituyente, para tratar de escoger a cualquiera que se mueva por los vericuetos clientelistas, politiqueros, dedicados sin escrúpulos a la compra de votos en campaña electoral. El respeto por el orden democrático es fundamental. Elegir y ser elegido es un derecho fundamental inviolable. Fue este el argumento esgrimido por el ciudadano con la tutela al reclamar para Petro, que se le violó el derecho a elegir y ser elegido, olvidando que con su voto eligió a Petro, y este a su vez, al ser elegido, adquirió unos deberes de respetar la Constitución y las leyes de la República. La cual a su turno ayudó a redactar.
Llamó el Maestro Echandía a los responsables de la inseguridad jurídica “Mutilados mentales, en un país de Cafres, que en estas condiciones no se puede gobernar porque todos los hombres de una sociedad no se pueden esconder en los oscuros laberintos de la cobardía, el miedo y la temeridad.” Para los dos Magistrados de restitución de tierra, del Tribunal de Bogotá, que les tocó dar luz verde a la tutela del ciudadano que reclamaba seguridad jurídica para Petro, olvidaron que la misma seguridad es válida para ellos como para el Presidente de la República, que los obliga a respetar la Constitución y las leyes que juraron cumplir, antes de obedecer una recomendación (que no una orden) hecha por la CIDH. Lo correcto en el ordenamiento jurídico de la Nación es, que los jueces obligaran al Presidente a cumplir la Constitución y las leyes, en la línea del fallo de la Procuraduría que hace parte de este ordenamiento legal.
Lo contrario, es crear un desbarajuste institucional de nefastas repercusiones, que amerita una reforma de la justicia que no se de a la medida de sastre de los magistrados interesados. Pero sí, con juristas de altos quilates morales y conocedores de la filosofía del derecho, como la que hizo parte en el 57 para el ajuste institucional al lado de Eduardo Zuleta.
