El aumento de la violencia y del control social ejercido por grupos armados marca el panorama electoral. El escenario coincide con la puesta en marcha de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios donde organismos de observación de las votaciones han identificado alertas y presencia simultánea de actores armados.
Colombia va este domingo a las urnas para elegir a su próxima o próximo presidente en medio de un escenario de seguridad más complejo que el de hace cuatro años, con más grupos armados operando en los territorios, más hechos violentos asociados al conflicto y más municipios catalogados en riesgo extremo electoral.
Los mapas de riesgo elaborados por la Misión de Observación Electoral (MOE) muestran que el país llega a las presidenciales de 2026 con 386 municipios bajo algún nivel de riesgo electoral, 11 más que en 2022. Pero la principal preocupación está en la intensidad del fenómeno. Los municipios en riesgo extremo aumentaron de 95 a 139 y los hechos violentos registrados durante el calendario electoral pasaron de cerca de 1.300 a más de 3.100.
Detrás de esas cifras hay una transformación del conflicto armado que organismos como la misma MOE y la Defensoría del Pueblo consideran clave para entender el actual panorama electoral. En varias regiones del país ya no existe un actor armado dominante. Cauca, Nariño, Putumayo, Meta y Guaviare son algunos de los departamentos donde coinciden varias estructuras ilegales que se disputan corredores estratégicos y economías ilícitas.
Según Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, el aumento de las alertas no responde únicamente a la presencia de más grupos, sino también a una intensificación de las confrontaciones. Mientras hace cuatro años buena parte de los hechos registrados estaban asociados a enfrentamientos entre grupos armados y Fuerza Pública, hoy son cada vez más frecuentes los choques entre organizaciones ilegales rivales.
Hoy lo que vemos es una coincidencia más alta de grupos armados. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay zonas del país donde ya no hay un solo actor dominante sino dos, tres o cuatro. Tenemos municipios donde coinciden ELN, Estado Mayor Central, estructuras de la Segunda Marquetalia. Eso aumenta los niveles de conflictividad y los niveles de riesgo”, explica Rubiano a Colombia+20.
A ello se suma, según la MOE, una evolución de las capacidades militares de estas estructuras armadas, con un uso más recurrente de drones, explosivos y otras tecnologías que han aumentado su capacidad de acción en los territorios. Y algo que no es menor: sus ataques cada vez más frecuentes a la población con desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y confinamientos.
