Que el país desconfíe de la Fiscalía es porque la gente es todo menos pendeja.

Faltan dos semanas, pero no resisto la tentación de empezar a celebrar. Y por doble motivo. El primero: este mes, por fin, Eduardo Montealegre se jubila.

Deja un legado funesto, pavimentado de contratos multimillonarios para realizar inutilidades variopintas. Lo bueno para él y sus amigos es que no necesitan mostrar resultados, sus trapicheos quedan sepultados bajo la famosa “cláusula de confidencialidad”.

Con todo y eso, la contratitis aguda, rayana en la corrupción, se puede considerar un pecado venial comparado con otros males. El peor, a mi juicio, fue derrochar sus incuestionables conocimientos jurídicos y el prestigio que le precedía por un afán de protagonismo exacerbado, casi que enfermizo, y el empeño en poner la entidad al servicio de sus fines personales, los del presidente Santos y los de las Farc.

Su silencio postrero (que seguro romperá antes de irse) contrastó con la locuacidad de los primeros años. Parecía el mandadero oficial de ‘Timochenko’, ansioso por anunciar concesiones a la cúpula guerrillera, limitando al extremo el campo de acción de De la Calle y su equipo. Si bien al principio Santos aplaudió el febril entusiasmo de su fiscal de bolsillo, terminó por desdeñar su permanente intromisión una vez el proceso no lo necesitó.

El listado de sus arbitrariedades es inagotable; tan pronto decretaba lesa humanidad para un crimen que se amoldaba a sus intereses y no quería que prescribiera como ignoraba el de Álvaro Gómez. Ni hablar de las diferencias entre investigar el delito de un uribista o un santista. Para Montealegre, el robo de los cupos indicativos jamás existió. Y, por supuesto, no tuvo el menor pudor en permitir que el caso de su cliente Saludcoop avanzara a ritmo de tortuga mocha.

Además, en lugar de una Fiscalía moderna y limpia, como anunció en su día, la entrega descuadernada, desmoralizada, con los mismos focos de corrupción. Su recomposición se limitó, siguiendo la tradición politiquera, a aumentar la nómina para nombrar personas que le interesaban, sin experiencia ni conocimiento en numerosos casos, y a crear una universidad que agonizó después de despilfarrar 32.200 millones.

Que la mayoría del país desconfíe de la Fiscalía, que piense que sus decisiones esconden motivaciones políticas, porque la gente es todo menos pendeja, debería obligar a meditar al siguiente inquilino del búnker y al propio Gobierno. La Fiscalía no puede quedar en manos del delfín Perdomo, que adquirió mañas oscuras y ya tiene a su prima en Presidencia. Pero no hay espacio para el optimismo; lo único que preocupa en la Casa de Nariño es contar con un funcionario sometido, nada de independientes con experiencia y carácter que puedan buscar otros rumbos.

También hago fiesta con la partida del magistrado Leonidas Bustos, uno de los reyezuelos de la Corte Suprema de Justicia. Su afición a los ‘roscogramas’, los viajes y los lujos, idénticas a tantos colegas suyos, como el inefable Francisco Ricaurte, son un freno a la transparencia y la decencia de la Justicia.

Este jueves, la Sala Plena de la Corte rellenó de una tacada las siete vacantes, una maniobra que suena más a acuerdo de barones electoreros que a concurso de méritos. Investigaré y les cuento.

NOTA. Pura curiosidad: ¿a dónde fue el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, el 3 de marzo entre las 9:30 a. m. y las 2 p. m.? ¿Viajó en helicóptero de San José del Guaviare a qué sitio? ¿Y a qué misterioso personaje transportó?