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Viernes 15 de Diciembre del 2017

Adulteración de las elecciones

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 06/10/2015

 

Ilustración: Morphar

El gran paso democrático que se dio con la elección popular de alcaldes y gobernadores corre el riesgo de verse coartado por la ilegalidad de conductas políticas y la corrupción electoral.

Hace 29 años años se aprobó la reforma constitucional que permitió la elección popular de alcaldes, impulsada y aprobada en el gobierno de Belisario Betancur. La primera convocatoria a las urnas se hizo en marzo de 1988, en el gobierno del presidente Virgilio Barco. Se habló entonces del fortalecimiento de la democracia local, de la relegitimación de los mandatos de los líderes regionales, y del avance que significaba poner el destino de los municipios en manos de sus propios habitantes, y no de los poderes centralistas que atendían solo razones de directorios políticos para designar a dedo a los alcaldes.

Pocos años después la Constitución de 1991 introdujo también la elección popular de gobernadores, algo apenas lógico y consecuente con la misma filosofía descentralista y de fortalecimiento del poder territorial que buscaba la de alcaldes. La primera cita en las urnas para los gobernadores populares se efectuó ese mismo año.

Reformas posteriores unificaron los mandatos de alcaldes y gobernadores en cuatro años. Continuidad y visión de largo plazo en los gobiernos locales y departamentales era lo que se esperaba, y que en alguna medida se ha alcanzado.

Lo que no se ha consolidado, por desgracia, es la transparencia de los procesos electorales. Las elecciones siguen contaminadas por decenas de factores que pervierten el sentido del voto y que afectan, por ende, su significado democrático. Las elecciones, y en particular las locales, se ven interferidas por carteles de corrupción electoral y transacciones entre contratistas y candidatos donde se compran cupos de contratación a cambio de financiación de campañas costosísimas.

Muestra de ello es el dato consolidado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que indica que han sido anuladas las inscripciones del 42 % de las cédulas que se inscribieron para votar el próximo 25 de octubre. La causal legal para anular esas inscripciones, según el CNE, son los indicios de trashumancia electoral, es decir, el acarreo de votantes de un municipio a otro según la capacidad de pago de carteles políticos que pagan votantes en bloque. Una adulteración masiva del contenido democrático de un voto informado y consciente, que pasa a venderse, responsabilidad compartida de quienes sobornan y de quienes se dejan comprar: no son solo los políticos corruptos. Son también los votantes que se dejan corromper y poner precio.

Pero aparte de ello, un repaso a informaciones recientes arroja este panorama: los partidos políticos inscribieron candidatos a sabiendas de que estaban inhabilitados para participar en las elecciones, situación que ha sido denunciada por la Procuraduría; Antioquia es el departamento con mayor número de inscripciones anuladas, con trashumancia en casi todos sus municipios; el principal partido de oposición, el Centro Democrático, denuncia amenazas y atentados contra sus candidatos en Huila; la Registraduría detectó que más de 42.000 firmas de personas muertas aparecían avalando planillas de candidaturas; siete candidatos han sido asesinados, y 157 han sido amenazados; en Medellín, hubo irregularidades en miles de firmas de un candidato a la Alcaldía, sin que este (Gabriel Jaime Rico) haya dado explicaciones.

Es arduo, y lo seguirá siendo, el camino para construir un sistema electoral transparente y una democracia vigorosa. La justicia, los organismos de control, los partidos políticos y, sobre todo, una ciudadanía con cultura política suficiente, consciente de sus derechos y obligaciones, pueden enderezar lo que las malas prácticas políticas siguen empeñadas en adulterar.

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