Escribo estas líneas después de enterarme por las últimas encuestas que la opinión favorable del presidente Santos se ha trepado de nuevo a la cima del 80 por ciento. Seguramente han influido sentimientos de conmiseración por su reciente operación y convalecencia. Pero la razón última reside, sin duda, en que el país anda embelesado con el proceso de paz con las Farc, que ahora inicia su segundo acto en Oslo, Noruega. Sitio escogido con doble finalidad: para Santos, si “le suena la flauta” será la antesala del Nobel que allí se otorga; para las Farc, significa romper con su visita la condena internacional como organización terrorista, encabezada la Unión Europea, que ahora los recibe como “parte” legítima de un conflicto.
Los ofrecimientos de poner fin al violento enfrentamiento que nos aflige hace medio siglo han tenido ese, entre otros efectos anestésicos sobre nuestros males endémicos, o mejor, sobre la manera como los percibimos. Las Farc han mutado en un santiamén, de manera inesperada, de odiados terroristas a finos diplomáticos, ocupados en diseñar el futuro del país en elegantes mesas de diálogo, lavados de sus peores crímenes para aclimatar la convivencia, y trocados de tenebroso cartel de la droga en aliados estrechos del gobierno para buscar salidas al narcotráfico.
Los Santos sí hacen milagros, aunque otra cosa pregone la doctrina. Parodiando unos pícaros versos de Ricardo Carrasquilla podríamos entender mejor las sutiles mañas de la transmutación: “Mi compadre don Rodrigo/ con capote/ andaba, y el monigote/ lo llamaban, y el cachifo./ Después compró botas, farc/ y sombrero,/ robar pudo algún dinero/ y se llamó don Timo./ Hizo luego una excursión/ por Noruega/ vistióse con elegancia/ y fue monsieur Timoléon. /¡Lo que puede la edición!”
Anestesia y amnesia. Ya el país olvidó el fiasco institucional de la reforma a la justicia y no le duele en absoluto. Jamás se vio voltereta más súbita y contundente. Bastaron dos meses, si acaso. Aquel Congreso ominoso que la opinión quiso revocar con sobrada razón, sobre el cual llovieron denuestos e improperios sin parangón, hoy anuncia afanoso su aporte a los menesteres pacificadores, con su propia “vuelta a Colombia”, para animar la participación ciudadana en tan notable proceso. Y de paso, sin querer queriendo, limpiar su decaída imagen ante los electores.
¿Y no ha sido el presidente Santos acaso el más favorecido? ¡Claro que sí! ¡Qué tal que no! Las encuestas lo confirman. Arrastrado también por el turbión, había caído a cifras de impopularidad que ponían en duda el normal término de su mandato y obviamente la misma reelección. Y no de manera casual. No solo fue el gestor y directo impulsor de la reforma judicial, responsabilidad que quiso escabullir a las volandas, sino que para conseguirlo no dudó en llevarse de calle la misma Constitución que juró cumplir. Esa deuda con el país, aunque sepultada bajo toneladas de hojas laudatorias vomitadas por los acaramelados medios de comunicación al servicio del gobierno, aún está latente.
La prensa, montada en la cresta de la ola, bendiciendo la esperanza de un mejor mañana, apenas si registró una noticia perdida hace unos días: la Corte Constitucional desdeñó los argumentos del gobierno para que archivara la demanda interpuesta ante ese tribunal con motivo del trámite en el Congreso de la reforma a la justicia. Alegaba el ejecutivo que la reforma nunca llegó a estar vigente y que por ende la Corte no podía ocuparse de la materia. Sin embargo los magistrados desecharon los argumentos de los abogados del presidente Santos y decidieron continuar con el estudio de la demanda. Amén de que en el Consejo de Estado reposa otra contra el absurdo e ilegal decreto presidencial que convocó a sesiones extras, y en la Procuraduría se corren indagaciones sobre las faltas disciplinarias de los congresistas que aprobaron el esperpento. La Registraduría, para redondear la faena, acaba de reconocer al comité que busca la revocatoria de los congresistas.
El litigio está vivo. Constitucionalistas de peso consideran que el acto legislativo está vigente, independiente de su contenido regresivo, porque se cumplieron todos los trámites previstos para su aprobación, faltando solo la publicación final, que es un requisito de forma no sustancial. Y que el tortuoso procedimiento seguido para desmontarla fue abiertamente inconstitucional e ilegal. Pero por encima de eso, lo evidente es que hay materia para que se examine el trámite de la reforma y su resultado, lo mismo que la actuación del ejecutivo y el legislativo en todas sus etapas, y así se viene haciendo por las autoridades judiciales mencionadas.
El país no puede aceptar que tan grave atropello quede impune. A riesgo inclusive de que se dictamine que la fatídica reforma está vigente, y haya que surtir otro proceso tedioso y largo para desmontarla. Lo que no puede aceptarse es que el presidente y el parlamento pueden pasarse las normas por la faja sin que eso acarree consecuencias. Desafortunadamente de la rama judicial -que muy solícita también acompañó tamaños desafueros- poco se puede esperar. Por eso hay que estar vigilantes y atentos, para que no se cubra con un manto de impunidad judicial lo acaecido. La determinación del Consejo Estado que declaró nula la elección de Viviane Morales como Fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia, en todo caso nos da una pequeña luz de esperanza de que esta vez se falle en derecho. Cosa parecida valdría esperar de la Corte Constitucional y la Procuraduría.
Suena como fuera de lugar lo que voy a decir, hoy que Santos está en curubito y el país parece obnubilado, pero no puedo evitar indicarlo: si los máximos organismos judiciales fallan y otorgan la razón a los demandantes, tomaría de nuevo fuerza la propuesta atinada del constitucionalista Jesús Vallejo, en el sentido de que –además de las sanciones a los parlamentarios- el presidente Santos debe ser sometido a un juicio de indignidad, con las consecuencias que ello entraña. En su momento, para allanar el camino al desmonte de la reforma judicial de manera habilidosa Santos señaló que no se preocuparan, que él respondía por el trámite. Pues sí, que responda por el estropicio, como lo manda la misma Carta.
Claro que siendo realistas, no hay con quién. Un círculo vicioso de solidaridades de cuerpo impediría que semejante juicio progresara. El Procurador anda en plan de reelección, arrastrando el ala a los mismos congresistas que debe investigar por las trapisondas cometidas con la reforma judicial. Y en el Congreso, escenario de un eventual juicio político al primer mandatario, el panorama es más sombrío. La “unidad nacional” con su dulce y pegajoso manto presupuestal abriga a la inmensa mayoría, uncidos al yugo de la reelección presidencial –y de su propia reelección en el parlamento- con alborozo, esperando de La Habana los proyectos de ley y acto legislativo que sus futuros colegas empiecen a dictar…
No pinta fácil el momento pero no hay que perder la fe. Talvez ese sea un motivo más para otear en el futuro una salida a semejante entuerto. Un Congreso renovado en los comicios de 2014, con una fuerte bancada de centro democrático, rompería la unanimidad fastidiosa que nos aletarga y abriría nuevos caminos de dignidad y justicia. Y por qué no, un presidente del mismo signo. Mientras tanto esperamos la antesala, los fallos judiciales y disciplinarios.
Estaba terminando estas reflexiones cuando me llega por Internet la noticia de que la Procuraduría le ha corrido pliego de cargos a tres almirantes de la Armada Nacional por el ya casi olvidado caso del almirante Arango Bacci, quien fue absuelto a finales de 2009 por la Corte Suprema en lo penal, así como por la Procuraduría en lo disciplinario, ante acusaciones de complicidad con el narcotráfico. En aquel entonces se estableció que hubo una especie de complot contra Arango por parte de altos mandos de la fuerza naval y el alto tribunal llamó a investigarlos. Lo que ahora se silencia por los medios es que además la Corte Suprema en la misma sentencia involucró también a Juan Manuel Santos en el complot, por “omisión de denuncia”, y de igual manera pidió que se le investigara. ¿Por qué a los almirantes se les formulan pliegos de cargos y al ex ministro de Defensa no? ¿Tendrán la Procuraduría, la Corte Suprema, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la Fiscalía, quien tenga la competencia, el valor de intervenir de la misma manera? ¿Qué poderosas razones habrán excluido, como parece, al señor Santos de las indagaciones?
La paz está por encima de todo, incluso de la justicia, han sentenciado el presidente de la CSJ y el Fiscal. Así parece que empieza a cumplirse, no solo con los terroristas. El carnaval de las negociaciones de paz todo lo cubre con su manto, como una espesa nube de amnesia, anestesia e impunidad que invade todos los resquicios de nuestra sociedad.
Libardo Botero Campuzano
Director Blog Debate Nacional del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).
