¡Arriba las manos, es el Gobierno!

Una inflación confiscatoria de los salarios, un cargo por confiabilidad eléctrica que se pagó pero no sirvió, una inyección de venenoso riesgo en ahorros pensionales privados y la expropiación de lo público mediante la privatización de Isagén son sólo ejemplos del atraco del que son víctimas los ciudadanos por parte del Gobierno.

Con la pérdida del 5,89% anual del poder adquisitivo de los ingresos, se recauda el más injusto impuesto, por lo que de manera desesperada el Banco de la República aplicó una fuerte subida de sus intereses, reprochada cínicamente por el Gobierno, que, a pesar del desplome de su renta petrolera, irresponsablemente no ajustó su gasto y con maniobras puntuales, como desembolsos en obras públicas, así las obras no se construyan, y el arranque a medias de Reficar, maquilla un artificial e insostenible crecimiento económico que sólo beneficia los intereses electoreros del vicepresidente.

Respecto al controversial cargo por confiabilidad, que el Gobierno sacó del bolsillo de los ciudadanos dizque como seguro ante problemas de suministro hidroeléctrico, la incompetente Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se hizo la ciega, permitiendo que dolosamente las generadoras térmicas contabilizaran tan cuantiosos recursos de los consumidores como ingreso operacional y no como reservas, que sí hubieran estado en caja para afrontar una siniestralidad como la actual. Prevaricato por omisión que debe ser investigado por la Fiscalía, pues ninguna superintendencia vio nada.

Por si fuera poco, el Gobierno se atrevió a legislar con nombre propio mediante el decreto 1385 del pasado 22 de junio, autorizando en las sociedades privadas administradoras de pensiones la perversa figura de autopréstamos, para que el ahorro de los afiliados termine en manos de los dueños de las propias sociedades administradoras a través de la riesgosa figura de los fondos de capital privado, instrumento financiero que se puede prestar para cualquier desfalco por su naturaleza poco trasparente. Igual, si se pierde uno o dos billones de pesos, nadie alegará, pues ningún afiliado tiene ni idea de este tipo de normas que les amplían el riesgo a sus aportes para la vejez.

¡Peor que en la época feudal! Hoy, mediante el señoreaje fiscal y la utilización de sofisticadas figuras financieras, se expropia al ciudadano de a pie. Y ojo con el que corra.

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