Dos semanas transcurrieron desde que la banda terrorista de las Farc secuestraron al señor general Alzate, a la abogada Gloria Urrego y el cabo Rodríguez. Hoy, después de una manipulación intolerable por parte de los guerrilleros, estos tres ciudadanos fueron devueltos a la libertad.

Este episodio no puede hacernos creer lo que no es. Las Farc son una banda de secuestradores. Digámoslo con más vehemencia: son una vulgar banda de mafiosos que se dedican al secuestro, al sembrado de minas antipersona y al reclutamiento forzado de menores de edad.

En ese orden de ideas, a las Farc no hay que agradecerles absolutamente nada. Al contrario, hay que señalarlos, hay que recriminarlos. En la cabeza de nadie con un mínimo de sensatez cabe que una organización que lleva dos años en un proceso de paz, continúe secuestrando, delinquiendo y martirizando a los colombianos.

Por eso, me parece grosero con el pueblo colombiano que el presidente, que tiene la obligación de velar por la vida, honra y bienes de todos los gobernados, haya salido con el desatino de decir que la liberación del general Alzate y sus acompañantes es signo de la madurez del proceso de paz.

¿Acaso se hace el proceso de paz para permitir que las Farc sigan delinquiendo? Al parecer, al gobierno ese asunto lo tiene sin cuidado. Cuando se les reclama por el reverdecimiento comprobado de la delincuencia, salen con la respuesta inaceptable de que “se está negociando en medio del conflicto”.

No podemos hacernos los de la vista gorda frente a los hechos de violencia que se han registrado desde el día en el que el gobierno resolvió convertir a la banda terrorista de las Farc en su interlocutor político. 60 civiles secuestrados, 643 integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado asesinados, 104 ciudadanos civiles y desarmados asesinados.

¿Qué legitimidad pude tener un proceso de paz si en los últimos 2 años las Farc han cometido 824 atentados terroristas contra el pueblo, contra la infraestructura, en últimas contra nuestra estabilidad democrática? Absolutamente ninguna. El gobierno está en la obligación de exigirles a sus contertulios de La Habana que, de una vez por todas, cesen todas sus acciones delincuenciales como condición para descongelar el proceso de paz.

No queremos un colombiano más secuestrado. No queremos más bombas, ni menores de edad reclutados.

Se enviaría una señal equivocada si el gobierno anuncia la reinstalación de la mesa de diálogo por cuenta de la liberación del general Alzate y sus dos acompañantes. No, el gobierno no puede continuar el proceso de paz si las Farc no devuelven a todos y cada uno de los colombianos que aún están padeciendo el rigor del secuestro.

No habrá un solo colombiano que se oponga a un proceso de paz que esté acompañado de hechos reales de paz. Nadie estará en contra de llegar a un acuerdo con la guerrilla partiendo de unos mínimos como es el castigo efectivo por delitos de lesa humanidad y la no elegibilidad de los responsables directos por la comisión de esos crímenes. Una paz así será duradera, gozará de legitimidad y, sobre todo, contará con el respaldo del consenso de una sociedad que está hasta la coronilla de la violencia.

Este episodio ha servido para probar que la guerrilla de las Farc se ha convertido en experta en ganarse el fastidio y desprecio del pueblo colombiano.

Bienvenidos el general Alzate y sus dos compañeros a la libertad. Estas dos semanas de padecimiento, de dolor, de sufrimiento no podrán quedar impunes. Ellos no fueron retenidos ni detenidos por la guerrilla; ellos fueron secuestrados y ese es un delito atroz que, por su propia naturaleza, es imprescriptible.