Las controversias en torno a la extensión y las modificaciones a una importante ley de Colombia demuestran los perman

entes riesgos que enfrenta la implementación de los acuerdos de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC. Y también podrían poner en riesgo el incierto futuro de los diálogos de paz con el ELN, organización que está incrementando sus actividades criminales y forjando alianzas con los disidentes de las FARC.

Según un comunicado de prensa del Ministerio del Interior, este 12 de diciembre los legisladores de Colombia aprobaron la extensión y algunas modificaciones a la Ley de Orden Público del país, que había establecido, entre otras cosas, las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) en las regiones afectadas por la violencia, el Gabinete de Paz que coordinaría las estrategias de seguridad utilizadas en estas áreas, y un Centro de Coordinación encargado de “perseguir y desmantelar” los bienes y las actividades ilícitas.

Sin embargo, los funcionarios rechazaron por medio de votaciones un polémico artículo que le habría permitido a la administración del presidente Iván Duque reactivar las órdenes de captura contra los excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se desmovilizaron y están cumpliendo con el histórico acuerdo de paz de 2016.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, defendió las nuevas modificaciones. “Agradezco el trámite del proyecto de ley que tiene dos propósitos: garantizar la seguridad y la paz. Tengan la certeza de que se utilizará en el marco de la Constitución Nacional y en beneficio del país”, dijo.

Estos ajustes se presentan justo después de que Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, líder del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), dirigiera una carta el 11 de diciembre a Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, un excomandante de la guerrilla de las FARC, en la que le ofrecía seguridad y lo instaba a presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema establecido después de los acuerdos de paz para administrar la justicia transicional.

Antes de la declaración de Timochenko, la JEP había iniciado, en octubre de 2018, una investigación en torno a El Paisa porque al parecer no estaba cumpliendo con los acuerdos de paz en relación con los primeros procesos relacionados con secuestros llevados a cabo por las FARC durante el conflicto armado.

La extensión de la modificación legislativa tenía prioridad en el Congreso porque la ley actual expirará el 17 de diciembre.
Análisis de InSight Crime

Las modificaciones a la Ley de Orden Público de Colombia afectarán aún más la moral de los excombatientes de las FARC y su confianza en el gobierno y en la implementación de los acuerdos de paz, y podrían ser tomadas por los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) —el último grupo guerrillero que queda en Colombia— como una señal de lo que podría pasar con las tambaleantes conversaciones que están adelantando con el gobierno.

Si bien la propuesta fue rechazada, la posible reactivación de las órdenes de arresto contra quienes han cumplido los acuerdos puso en alerta a los más de 13.000 excombatientes desmovilizados de las FARC, y acrecentó la desconfianza y la inseguridad jurídica que ya sienten.

Los exguerrilleros tienen buenas razones para estar preocupados. En abril de este año, las autoridades colombianas arrestaron a una de las figuras más importantes de las FARC, Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Santrich tuvo un papel central en las conversaciones de paz con el gobierno en La Habana, Cuba, y su arresto desencadenó una gran conmoción en las filas de las FARC.

Este creciente descontento, junto con la desprotección de los excombatientes de las FARC por parte del gobierno, podría generar aún más disidencias con respecto al proceso de paz. InSight Crime calcula que entre 2.000 y 2.500 excombatientes han abandonado el proceso, lo que representa entre el 15 y 20 por ciento del total de excombatientes de las FARC.

Además, estos cambios generan nuevas dudas acerca de la capacidad del gobierno colombiano para cumplir con los acuerdos. Entre otras cosas, el gobierno no ha logrado implementar el programa de sustitución de cultivos de coca, ni proporcionar los fondos necesarios para reintegrar a la sociedad a los excombatientes desmovilizados, quienes se encuentran atrapados en un limbo —los cuales eran términos contemplados en los acuerdos—.

Entre los más escépticos con relación al compromiso del gobierno se encuentra la disidencia del Frente Primero, que se conformó en julio de 2016 después de distanciarse del proceso de paz, así como importantes excomandantes de las FARC, como El Paisa. Unos 400 combatientes conforman la disidencia del Frente Primero, que controla las principales rutas del tráfico de drogas en los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta y Vichada, los cuales comparten límites con Brasil y Venezuela.

Las modificaciones también cuestionan la continuidad de otro de los principales pilares de los acuerdos: la paz territorial. Según afirman algunos funcionarios en el comunicado de prensa, estas estratégicas zonas de intervención deben ser implementadas junto con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), incluidos inicialmente en los acuerdos de paz para ser implementados en áreas donde los dos proyectos coinciden, y no utilizarán los recursos asignados para los PDET.

Sin embargo, continúa existiendo confusión en torno a la fuente de financiación de los PDET y a la manera exacta como se implementarán estas zonas de intervención especializadas. Si se implementan en áreas donde también se llevarán a cabo los programas de erradicación de coca, esto podría agravar las tensiones entre los miembros de la comunidad y este tipo de programas.

Parece haber dos cursos de acción en conflicto: uno basado en la lucha contra el crimen organizado y otro basado en la construcción de la paz desde el nivel local. Esta dicotomía complica aún más el futuro de la paz. Si continúan los tropiezos en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, ello significaría definitivamente el fin de los diálogos de paz con el ELN.

De hecho, en abril de este año, los funcionarios del gobierno de Ecuador se negaron a continuar siendo los garantes de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y los guerrilleros, debido a reservas relacionadas con el acuerdo de paz con las FARC. Las negociaciones han continuado flaqueando, y el ELN se está expandiendo agresivamente en Venezuela y forjando nuevas alianzas con disidentes de las FARC para expandir sus actividades criminales.