En diciembre de 2011, es decir hace tres meses, dejó de existir la CNRR, hija legítima de la Ley de Justicia y Paz de 2005. Con ella murieron sus adoptivas las CRRB, Comisiones Regionales de Restitución de Bienes. Nadie envió flores a su entierro. No hubo obituario para sus exequias. Desde julio del año pasado se había decidido su extinción con la ley 1448, denominada de Víctimas y Restitución de Tierras, que el Presidente Santos encomendó al Partido Liberal para su resurrección y rescate del subsuelo en que había quedado su viejo partido del alma. Nada ni nadie dizque existió antes de esta nueva norma que ahora es la fachada para la relección y para nueva “revolución en marcha”, tardía imita/ción de la transformación agraria de López Pumarejo en 1936. Pero la Ley de Justicia y Paz, 975 de 2005, inició el camino de la justicia transicional.
La CNRR, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, obtuvo el apoyo de la comunidad internacional y con 125 funcionarios por contrato, cubrió doce sedes regionales que abrieron el camino de reconocimiento de las víctimas, el estudio sistemático de la memoria histórica, la clasificación de los delitos y violaciones de los derechos humanos, el descubrimiento de ancho mundo de los despojos, las dificultades subjetivas y políticas para la reconciliación y el agitado pozo de la desmovilización y el desarme. El país no conoce el trajinar de todos los comisionados de la CNRR en estos menesteres, los riesgos personales de sus tareas, la inmersión en los desconocidos temas de la reparación y de relación con las estructuras especializadas en la Fiscalía y en la Magistratura creadas específicamente para aplicar la Ley de Justicia y Paz, donde fiscales y jueces han construido con dedicación y enorme esfuerzo un cuerpo de conocimiento e interpretación que no tiene siquiera la Corte Penal Internacional. Descripto esto en pocos renglones, hubo de desarrollarse durante cinco años con el apoyo de Acción Social, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y la Vicepresidencia, por entonces en cabeza de Francisco Santos.- Elegido el nuevo gobierno, fue Angelino Garzón a quien le correspondió la agonía final. Y como buen hombre filial del Milagroso de Buga, le aplicó la extremaunción.
No es cierto, por lo tanto, que ahora, solo ahora se atienda a las víctimas del conflicto violento colombiano. La CNRR cubrió casi todo el país recolectando información y visibilizando a los hombres y mujeres que durante casi cincuenta años han sufrido los embates de las organizaciones ilegales armadas. Con la colaboración de las personerías se levantó el censo que conduce a la reparación administrativa de trecientas mil víctimas que venía aplicando Acción Social, por ejemplo. Existe, además, el amplio espectro de los desplazados y de los despojados de sus predios, que poco corresponde a las mismas familias. Jornadas regionales consumieron muchos días de la CNRR para llenar los formatos de ciudadanos reclamantes. Con la nueva ley 1448, llega el génesis, el alumbramiento de un nuevo día. Y para conocer hacia dónde se dirige, van a repetir el censo de las víctimas: 300.000 mil de las violaciones a los derechos humanos y 2.5 millones de desplazados (hay quienes afirmas que son 4 millones) mediante un formulario que tiene 204 preguntas o espacio de información, que demora dos horas en su realización. Será aplicado preferiblemente por las personerías municipales con el apoyo de las autoridades regionales. Aplicar este instrumento a 2.8 millones de personas equivale a 5.6 millones de horas, es decir 233.000 días, equivalente a 638 años. Esta cifra aguanta más de una relección.
En cuanto a las Comisiones regionales de Restitución de Bienes, la ley cometió un grave error: no tenían ninguna capacidad jurídica para restituir. Pero lograron abrir la trocha para que la Fiscalía y los magistrados comenzaran a aplicar la ley y restituir derechos a quienes les habían arrebatado la propiedad o la posesión de sus predios. Este si que es el problema de fondo del conflicto: la tierra como presunta riqueza y la tierra como territorio estratégico de la guerra. De igual manera que no es lo mismo entregar títulos de tierra a quienes la reclaman del estado que posee los baldíos, a restituir tierras que ocuparon, por la fuerza o el fraude, los violentos de las autodefensas o las guerrillas y sus testaferros. Las CRRB entregaron un informe final con cerca de tres mil reclamaciones debidamente sustanciadas para que el gobierno tuviera una base mínima de información comprobada. En Antioquia fueron 1.045 casos con una cabida reclamatoria de 53.000 hectáreas.
Supóngase que la reclamación verificada y medida llegue al medio millón de hectáreas en todo el país. Eso insignificante si Colombia tiene 28 millones de hectáreas agrícolas. La “revolución agraria” no se hará con la restitución de tierras a las víctimas, pero si se hará justicia. Eso es otra cosa.
La CNRR terminó con una gloria desconocida y una pena inmerecida. El Presidente de la república no supo que existía. El gabinete menos. Los comisionados nunca recibieron las gracias, ni siquiera las desgracias. Pero Colombia debe saber que por allí pasaron Eduardo Pizarro, Monseñor Nel Beltrán, Patricia Buriticá, Patricia Perdomo, María Teresa Bernal y Régulo Madero. No recuerdo sus cédulas de identidad, pero existen.
