Martes 24 de Octubre del 2017

Día del Trabajo sin aumento en el 2013

Cuando escribí hace un año que en el 2013 vendría una operación tortuga en todo el Estado, no me imaginé que se llegaría al 1º de mayo sin que el gobierno hubiese ajustado los salarios de los cerca de un millón de empleados públicos de todo el país. ¿La razón? Hace un año se expidió un decreto que cambió la negociación colectiva de los empleados públicos e incluyó un “mico” que establece que en materia salarial podrá haber concertación.

 

Tradicionalmente, el 1º de abril de todos los años, el Presidente de la República expedía los decretos correspondientes a las asignaciones salariales y prestaciones especiales para todos los empleados públicos del país. Por ley, corresponde al gobierno nacional la facultad de señalar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. 

 

El Gobierno Nacional lo componen, por definición constitucional, el presidente, los ministros y los jefes de departamento administrativo. No podía entonces, vía decreto, entregarse a la negociación colectiva la competencia presidencial de señalar los salarios de los empleados públicos.

 

Más grave que expedir un decreto con artículos ilegales, con las nuevas reglas de la negociación colectiva el Gobierno Nacional pretendió darle una colombina a las centrales obreras que hoy tiene sabor amargo para el Gobierno, para los empleados públicos, y para las mismas confederaciones que están negociando a nivel nacional. El Gobierno creyó, ingenuamente, que al señalar un plazo de tres meses para la presentación de pliegos cada año, iba a lograr tener el problema resuelto, como era tradicional, el 1º de abril de cada año. No advirtió que abría una caja de pandora en la que los salarios de grados y categorías podrían llegar a diferir por razón de la negociación, contraviniendo un régimen especial como el de la función pública y la misma carrera administrativa. 

 

Hoy día, 1º de mayo, a ningún empleado público se le ha aumentado su salario para el 2013. Se adelantan negociaciones en muchas entidades, negociaciones trabadas por la pretensión sindical de negociar sus propios salarios y la postura de las entidades de que esa competencia le está reservada por ley al presidente de la República.

 

A nivel nacional, el Ministerio de Trabajo busca una concertación con las centrales obreras. Estas pretenden, como es natural, obtener aumentos porcentualmente superiores a los del salario mínimo porque de otra forma ¿cómo se justifica su negociación si no es para lograr algo más de lo que el gobierno ya determinó desde el 1º de enero para todo el país?

 

Por su parte, el Gobierno no tiene justificación alguna para aumentar los salarios de los empleados públicos por encima de lo que ha hecho para el sector privado. Frente a un Gobierno tildado de “derrochón” y en un año preelectoral, un aumento superior en el sector público sería además un acto de incoherencia con las cifras que cerró el 2012, con el impacto negativo que padece la industria durante el primer trimestre del año y con las lánguidas perspectivas de crecimiento anunciadas por el mismo gobierno, ante las cuales no se necesita ser experto para saber que el tan cacareado PIPE no es siquiera pañito de agua tibia.

 

Víctima de su propio ilegal invento, el Gobierno se va a tener que dar un lapo con las centrales obreras o con el país. Es sabido que este Gobierno se ha caracterizado por su incapacidad de asumir una sola posición con responsabilidad. Y si tiene intención de aspirar a una reelección cada vez más esquiva, lo más probable es que ese lapo se lo dé con el país y no con las centrales obreras porque aspiraría a los voticos de esos empleados públicos a los que a hoy, no les ha podido ajustar los salarios en el 2013.

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