El sueño de alcanzar la paz cuenta con el apoyo de todos.

Nadie duda acerca de los inmensos beneficios que tendría para los colombianos dejar atrás, definitivamente, la violencia, que tanto daño sigue haciéndole al país.

¿Quién no querría vivir en ciudades o en campos libres de las amenazas contra la libertad, la vida y la propiedad?

Esta es una aspiración que tiene sus raíces en los más elementales y profundos anhelos de los seres humanos.

En todo tiempo los ciudadanos se pronunciarán a favor de lograr ese ideal.

¿Pero existe la misma coincidencia sobre el camino para llegar a ese estadio supremo de civilización y convivencia, o en relación con las concesiones y sacrificios que debe hacer la comunidad respetuosa de la ley? La respuesta es suficientemente conocida: en esas materias no solo se carece de una visión compartida si no que las distintas posturas producen brechas profundas.

Son tan hondas esas diferencias que se llega a extremos colindantes con el absurdo.

En la Colombia de hoy se está calificando como enemigo de la paz a quien pide que se le exija a las Farc la cesación definitiva de las acciones criminales como condición para conversar.

Se señala con un dedo acusador a todo aquel que se atreva a recordar los fracasos de las negociaciones que se han realizado en medio de las balas y las bombas.

El propio presidente Santos, quién lo creyera, levanta su voz contra los defensores de la paz sin impunidad y los sindica de envenenar el proceso y de poner palos en la rueda de las conversaciones. Lo único que le parece racional y patriótico es que se esté de acuerdo con su visión personal sobre la guerra y la paz.

A quien se le ocurra pensar distinto en defensa de valores y principios fundamentales, le llueven rayos y centellas desde las alturas del poder.

Esa soberbia impide ver el esfuerzo de muchos demócratas contra el terrorismo como un gran servicio a la causa de la recuperación de la tranquilidad.

No permite considerar que las conversaciones tendrían mayor posibilidad de ser viables si se adelantaran sin padecer el dolor de la violencia al mismo tiempo que se celebran.

Dicha postura arrogante conduce a desconocer que las críticas de amplios sectores del país a las Farc deben ser útiles para que el gobierno fortalezca su posición en la mesa.

Y tampoco ayuda a entender que las hipotéticas concesiones jurídicas y políticas que se hagan al margen de las obligaciones internacionales del Estado serían la semilla de mayores angustias y dificultades mañana.

Todos los esfuerzos que realice el gobierno para fabricar la imagen artificial de que el apoyo al sueño de la paz significa un respaldo a las conversaciones en La Habana están llamados al fracaso.

No podrán tener éxito porque la gran mayoría, si bien la quiere y expresa el deseo de que se alcance, rechaza la impunidad.