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Domingo 18 de Agosto del 2019

El diablo haciendo hostias

Diversos analistas han abundado en razones para descalificar el proceso de “paz” en marcha con las FARC, en particular en el aspecto más trascendental: la aceptación de negociar con esa minoría criminal asuntos cruciales de la vida y el futuro de la nación, distintos de su desmovilización, sometimiento y desarme. Comparto por supuesto esos planteamientos.

 

El intento de reducir las discusiones de la mesa en dicha materia al “desarrollo integral” del sector agropecuario, como lo prevén los fatales acuerdos suscritos en secreto en La Habana, ha quedado hecho trizas. Como lo han refrendado en Oslo los narcoterroristas, van a debatir sobre todos los aspectos económicos, sociales, políticos y militares, sin cuya solución no habrá cesación de la actividad armada ni acuerdo alguno.

 

Pero aunque las conversaciones se reduzcan solo al tópico de la tierra (o del territorio, como ambicionan las FARC) no dejan de entrañar un contrasentido. No solo por la prerrogativa que se les otorga a los terroristas en este punto vital, sino por el iluso y fantasioso manejo que el gobierno le ha dado. Empiezo por esto último.

 

Hoy está claro que la política agraria del gobierno de Santos ha estado encaminada, en buena medida, a crear supuestas condiciones favorables a un acuerdo con la guerrilla. Desde que fue promulgada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras el discurso oficial, en cabeza sobre todo del mismo presidente, no se ha cansado en recabar que estamos ante una “revolución agraria”, comparable a los cambios emprendidos por López Pumarejo con la Ley 200 de 1936, que dejaría sin discurso a la guerrilla. La misma retórica utilizada para calificar el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, anunciado con gran algarabía durante dos años, pero que aún anda en “consultas previas” con la comunidad, o, más bien, en opinión de conocedores del tema, en espera de las decisiones de la mesa de La Habana.

 

Las ilusiones de Santos de que estaba dejando a la guerrilla sin banderas han quedado tiradas en la lona, como lo acaba de probar la afrenta de Oslo. Pero sigue con su letanía. ¿A dónde irá a parar el gobierno con semejantes entelequias? Las FARC han dicho que no aceptan la Ley de Víctimas, que han calificado de una “trampa” y una herramienta para proseguir con el despojo de los campesinos. Y le han declarado la guerra al proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, calificándolo de herramienta para el enriquecimiento de trasnacionales y latifundistas, y de explotación inmisericorde del subsuelo.

 

Ese es el difícil jaleo que se aproxima, a partir de noviembre, cuando se inicie en Cuba la discusión del primer punto de la agenda. El Ministro Juan Camilo Restrepo ha declarado que la estrategia oficial para el campo no está sujeta a los acuerdos con la guerrilla, que no es negociable. ¿Es eso creíble? De un lado, el gobierno tiene firmado el compromiso de negociar ese tema: está escrito y rubricado. De otro lado, la consulta que se está efectuando con la comunidad tiene como contraparte principal a la denominada Mesa Nacional de Unidad Agraria, encabezada por FENSUAGRO (conocida organización, cuya cercanía con las FARC ha sido denunciada en repetidas ocasiones), que a su turno tiene un proyecto de ley contrario al del gobierno y más identificado con lo expresado por el Secretariado en Oslo. En esas condiciones, ¿hará aprobar el gobierno la Ley de Tierras sin acuerdo con las FARC, a contravía de la opinión de los narcoterroristas y de la Mesa de Unidad Agraria, so pena de dar al traste con los diálogos de “paz”? ¿O aceptará que en el proyecto se materialicen las absurdas pretensiones de los alzados?

 

No es fácil hacer una predicción, pues son tantas las concesiones hechas por Santos en este proceso que una más no estaría descartada. Sin embargo la envergadura de lo que se juega no es fácil para que el gobierno se ande con actitudes irresponsables. Habrá que esperar con ojo avizor, aun cuando la confidencialidad reclamada por De La Calle sea una talanquera para captar la dimensión de lo que se cocine adentro de la mesa. 

 

En todo caso lo que sí es un absurdo total es haber aceptado discutir la suerte y futuro del sector agropecuario con los mayores despojadores del campesinado. El Ministerio de Agricultura ha publicado las cifras actualizadas, hasta mediados de este mismo mes de octubre, de las reclamaciones de las víctimas despojadas que exigen restitución de sus predios. En total hay 24.834 solicitudes que abarcan 1.848.983 hectáreas. Un número de 8.671 reclamantes señalan a las Farc como los despojadores de 715.138 has.; y 8.594 a los paramilitares como responsables de haberles quitado 617.354 has. Como se ve, entre ambos acumulan el 72% de las tierras reclamadas, ocupando las Farc el primer lugar con una cómoda ventaja de 100.000 hectáreas. Como se puede observar, el promedio de las propiedades arrebatadas no dista mucho entre ambos grupos, entre 70 y 80 hectáreas por reclamante. Sin embargo se ha conocido que las Farc han acumulado y poseen latifundios que rivalizan con los atribuidos a algunos paramilitares, como también a las grandes explotaciones agroindustriales del país. En enero pasado el entonces director del Plan Consolidación del gobierno, Álvaro Balcázar, había declarado a El Tiempo: “Podemos decir con toda seguridad que en los departamentos de Meta y Caquetá hay haciendas de entre 5.000 y 42.000 hectáreas que están en manos de testaferros de las Farc”. En Nariño, en cambio, el despojo golpea sobre todo a los minifundistas, como lo corrobora la Unidad de Restitución de Tierras del Minagricultura, según la cual se han recibido 590 reclamaciones por 11.590 hectáreas, señalando a los frentes 8, 29 y 32 de las Farc como los autores de los desplazamientos o los despojos.

 

Algunos defensores gratuitos (no creemos que sea otra la razón) de la guerrilla han querido poner en duda esta realidad. No quieren aceptar que se venga a pique el mito de que los paramilitares son los principales y casi únicos expropiadores de tierras, ni que la cuantía de su despojo sea diez veces inferior a la reportada por las FARC en Oslo (seis millones de hectáreas). Cierto profesor javeriano** ha tratado de refutar las cifras oficiales con la tesis de que son simples reclamos de víctimas, no probados; y alegando que hay una confusión entre “desplazamiento, abandono y despojo”. Pero el hecho es que para ambos –paramilitares y guerrilla- el mecanismo de medición -la pregunta precisa a las víctimas- es idéntico.

 

Es más. Estas cifras no incluyen al ELN, que también cuenta en su haber con una cuota importante de pillaje. Las autoridades respectivas están buscando la información de estos victimarios en los departamentos de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño y Arauca, donde han tenido mayor presencia. Y téngase en cuenta lo siguiente: las cifras anotadas atrás provienen de denuncias de víctimas efectuadas en los últimos meses. Ya la presión de los paramilitares se ha reducido, tras su desmovilización hace casi ocho años, lo que permite presumir que la información sobre ellos está más cerca de la realidad. En cambio, las víctimas de la guerrilla tienen que afrontar la amenaza de sus despojadores que están actuando en las regiones, de suerte que el total puede estar subestimado. ¿Cuántos no podrán denunciar la pérdida de sus bienes por el temor a los narcoterroristas que siguen ocupando sus propiedades con las armas al cinto?

 

Hechas estas consideraciones podemos preguntar: ¿No son absolutamente falaces las declaraciones de las Farc en Oslo, donde fungieron como representantes de los campesinos en su lucha por la tierra y el progreso? ¿Y no es absolutamente inexplicable, vergonzoso, y una afrenta a los colombianos, negociar el tema agrario con los mayores expoliadores de agricultores y ganaderos? Algo así como poner al diablo a hacer hostias.

 

* Director del Blog Debate Nacional del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).

 

** Ver: http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3331-las-tierras-despojadas-por-las-farc-un-debate-necesario.html

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