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Jueves 19 de Septiembre del 2019

El ministro Santa María

¿Quién entiende, pregunto yo, el problema del desangre de la salud? ¿Cómo, si el sistema ha pagado 2,4 billones, se perdieron, según dicen Santos y Naranjo, 4,5? ¿Todo lo pagado fue un chanchullo? ¿A quién o quiénes se les pagaron esos 2,4 o 4,5 billones?

Entiendo que las únicas receptoras de esas sumas fueron las EPS. ¿Es creíble que esas entidades, cuyo capital pertenece a grandes grupos económicos, se hayan puesto de acuerdo para robar así al Estado?

Las declaraciones en W Radio del ministro de la Protección, Mauricio Santa María, aclaran mucho, casi todo. Son explicaciones juiciosas y reposadas que apuntan al blanco verdadero: la crisis del sistema de recobros, originada en una sentencia de la Corte Constitucional. Ese es un hecho trascendental que puso en estado de coma a toda la salud.

Nuestro sistema es mixto, es decir, integra -como agentes y prestadores- al Estado y a los particulares. En mi opinión, el nuestro ha probado ser mil veces más eficaz y equitativo que las alternativas: 100% privado o 100% público. Una fuerte corriente política en Colombia es partidaria del 100% público y su propósito, de llegar a gobernar, es derogar el sistema vigente. Por lo que oí decir al Ministro, el actual gobierno no pone en entredicho la estructura; trata de perfeccionarla, corregir sus defectos y castigar a quienes hayan defraudado al Estado. El senador Robledo, en cambio, busca desacreditar el sistema como tal.

¿Por qué estamos metidos en ese berenjenal inintelegible? Una sentencia de la Corte Constitucional (T 760 del 2007) puso a pagar al Fosyga, de buenas a primeras, una ‘billonada’ imprevista a las EPS. Antes solo se repagaban los medicamentos; ahora, por obra de la Corte, hay que pagar hasta cambios de sexo y cirugías estéticas. La sentencia creó un agujero negro que puso a tambalear al sistema de salud.

El presidente Uribe hizo sonar las alarmas. Había que acatar lo dispuesto, por más absurdo que fuera, y buscar recursos para financiar el déficit. Dicho y hecho: en los primeros 12 meses de vigencia de la jurisprudencia los recobros le valieron al Fosyga más de 800.000 millones de pesos.

El presidente Uribe y su ministro de la Protección, Diego Palacio, trabajaron día y noche para buscar alternativas. Fue ese el origen de la accidentada emergencia económica, cuyo final fue tan abrupto. Nadie quería pagar los sobrecostos que introdujo la sentencia.

Por el boquete que abrió la T 760 se vino una avalancha de tutelas, cuyas decisiones, a pesar de ser alucinantes, había que cumplir, so pena de ir a la cárcel por desacato.

La sentencia, además, como toda medida populista, fue ocasión para que avivatos y oportunistas montaran empresas distribuidoras de medicamentos, todo con el único fin de sobrefacturarlos.

Un aumento billonario de las obligaciones por pagar desbordó la estructura administrativa del Ministerio, del Fosyga y de la Superintendencia. Fue la ocasión para la formación de organizaciones criminales para medrar y enriquecerse en ese despelote.

El país es testigo del ardor y la valentía con que el ministro Palacio peleó en todos los frentes. Incluso, algunos le criticaron la forma acerba como trataba públicamente a las EPS.

El ministro Santa María, gallardamente, reconoció que el tema se trató en el empalme y que Palacio avanzó en denuncias y correctivos. Pero, claro, a Palacio le tocó un fiscal general al que solo le interesaba que no lo ‘asaran los medios’, aunque la criminalidad se estuviera desbordando y, en consecuencia, nada hizo con sus denuncias.

Encomiable perseguir a los corruptos. Pero, pregunto: ¿un asunto tan grueso y estructural, como el que he descrito, sí se corregirá a punta de titulares?

José Obdulio Gaviria
Eltiempo.com
Mayo 4 del 2011

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