Las tasas de deforestación de 2015, pese a disminuir un poco, reflejan la presión continua sobre las reservas boscosas y la necesidad de actuar con mayor decisión para revertir la tendencia.

De nuevo preocupan las cifras que entregó el Ideam sobre el monitoreo de los bosques en 2015, porque si bien hubo una reducción de 12 % del área deforestada al pasar de 140 000 hectáreas en 2014 a poco más de 124 000, es todavía mayor a la tasa de 2013 cuando se cuantificaron 120 000, la cifra más baja del decenio.

Preocupa porque en 704 municipios de 1 122 se deforestó al menos una hectárea, pero son 27 jurisdicciones las que concentran la mayor parte de la pérdida de nuestras selvas, el 60 %.

La deforestación se concentró el año pasado, como en los anteriores, en la Amazonia, con 46 % y en la región Andina, con el 24 % del total. Así, son cinco los departamentos que responden por el 60 % de la pérdida de cobertura boscosa, cuatro en el sur y Antioquia, que sigue como segundo tras de Caquetá, en donde aún galopa pese a varios programas con ganaderos para reducir la presión sobre la selva.

Antioquia pierde el remanente boscoso de forma acelerada. Fueron 15 888 hectáreas, un poco menos que en 2014, pero en conjunto se perdió esos años un área equivalente a los cinco municipios del sur del Área Metropolitana.

Aparte del foco que diezma la población arbórea de Turbo, el mayor arrasamiento del bosque se da en las regiones del Nordeste y el Bajo Cauca, donde la minería ha sido incontrolable.

En ellas se perdieron solo en 2015 casi 5 600 hectáreas, pues aunque podría pensarse que hoy esas regiones están arrasadas, quedan bosques sobre la Serranía de San Lucas y en las áreas reservadas por la Ley 2 de 1959, sobre las cuales recae ahora la devastación.

Mientras en el planeta, de acuerdo con el informe de la FAO sobre el estado de los bosques 2016, la expansión de la frontera agrícola es la mayor contribuyente a la pérdida de bosques, en Colombia esta actividad ha perdido participación en lo que va de siglo.

Acá, la siembra de cultivos ilícitos sigue siendo la principal actividad deforestadora con 31 %, y si bien la minería incide con un 7 %, entre las causas figura un nuevo actor: el crecimiento de la infraestructura vial, en particular en las regiones de la Amazonia, los Andes y la Orinoquia.

Este último aspecto no sorprende porque las medidas y acciones de ordenamiento y protección del territorio boscoso van mucho más despacio que la adjudicación de las dobles calzadas y nuevas vías de cuarta generación, sabido es que al abrirse carreteras se facilita el accionar de quienes tumban selva por uno u otro motivo.

El país está quedando mal ante el mundo, además, porque el presidente Juan Manuel Santosprometió reducir a cero la deforestación en la Amazonia a 2020, meta imposible de cumplir en los pocos años que restan de la década.

Colombia, que discute en el Congreso la ratificación del Acuerdo de París sobre el cambio climático, tiene que enfrentar con mayor decisión la deforestación, que libera carbono, degrada la tierra, calienta el entorno y afecta de forma drástica nuestra rica biodiversidad y uno de los recursos más valiosos hoy: el agua.

Cerca de 20 países, dice la FAO, han aumentado su cobertura boscosa en los últimos años y a eso deben apuntarle, así se vea como un sueño lejano, el gobierno con el Ministerio del Medio Ambiente y sus Corporaciones Autónomas, con el aporte de las organizaciones ambientales civiles y la empresa privada. El compromiso tiene que ser real.