Domingo 19 de Noviembre del 2017

ENSEÑANZAS DE UNA ENTREVISTA
 

Foto: diarioadn.co

Para leer a Luis Carlos Restrepo

En este enlace del Centro de Pensamiento podrán los lectores encontrar la entrevista (íntegra) concedida por quien fuera el Comisionado de Paz durante las dos administraciones del presidente Uribe. Estos son nuestros comentarios, explicaciones e, incluso, críticas a ese documento periodístico.

1. SOBRE LA LLAMADA “REFRENDACIÓN”:
En los debates, solemos distraernos y caer en extrañas celadas. Digo “extrañas”, porque la mayoría son construidas por uno mismo. El gobierno y las FARC han hablado siempre de que debe haber “mecanismos de refrendación de lo acordado en la negociación” (en ello están de acuerdo gobierno y FARC), pero las FARC proponen como mecanismo una Constituyente y el gobierno, un referendo (ahí están en desacuerdo).

La pregunta es si tenemos los colombianos que tomar partido entre el gobierno y las FARC. ¡No! Lo que nos podría hacer notar un analista avisado, o un negociador o un simple comentarista, es que se podría (incluso, se debería) estar en desacuerdo con el gobierno y con las FARC en eso de que hay necesidad de un “mecanismo de refrendación”.

La bancada del Centro Democrático o sus organismos de dirección no han discutido el tema. En principio, lo que se deduciría del grueso de la argumentación de nuestro partido sobre el “proceso de paz”, es que el dilema Referendo (idea del gobierno) – Constituyente (idea de las Farc) es un falso dilema. Nuestra repetida afirmación de que la negociación y los acuerdos no tienen por qué incorporar la “agenda país”, lleva implícita la de que no es necesaria la tal “refrendación”.

Hay ahí una contradicción antagónica con las FARC (que asegura que hay que “desmontar las causas de su insubordinación contra el Estado”) y con el gobierno de Santos (que le da la razón en ese punto a las FARC). Ahora, claro que si un acuerdo FARC-gobierno pasa por poner patas arriba las instituciones colombianas, sería necesaria una gran reforma constitucional y, por lo tanto, ambos, gobierno y FARC tendrían razón y la vía obligada sería una Constituyente o un referendo.

Pero si el acuerdo incorporase asuntos menos abstractos y gaseosos tales como el cese de actividades criminales, concentración, desmovilización, reinserción, penas alternativas, reparación de víctimas; todas, absolutamente todas las medidas a tomar serían una función exclusiva del ejecutivo.

Es lo que dijo Luis Carlos Restrepo y con lo que, en un todo y por todo, estamos de acuerdo nosotros. Leamos la declaración de Restrepo:

“La ley 418 de 1997 le da plenas facultades al Presidente de la República para fijar el contenido de los acuerdos; esa ley fue recientemente prorrogada por el Congreso y allí está ese artículo. Entonces, dijéramos, normativamente, lo que el Presidente firme con un grupo armado organizado al margen de la ley tiene validez (…)”.

2. SOBRE QUE LUIS CARLOS RESTREPO SE COLUDIÓ O CONCERTÓ CON EL FISCAL MONTELEALEGRE
La suspicacia ha dado origen en todos los tiempos a los mayores márgenes de desviación y error en el conocimiento. Y si la enfermedad de la suspicacia asciende a paranoia o a fanatismo, nacen cosas peores como la inquisición, el fascismo o el estalinismo. Para esas expresiones del pensamiento nada vale el pasado del contradictor ni sus obras ni su ejemplo de vida ni sus argumentos. Cualquier apariencia vela la realidad y se convierte en cabeza de proceso.

Al fiscal Montealegre lo desvela su “extremo-santismo-farianismo”. Ese ha sido el “qué lo mueve” de su argumentación y de sus actos. Pero que él enuncie una tesis coincidente con la de Restrepo no demuestra que entre los dos haya un pacto. Simplemente ambos leyeron el mismo artículo de la ley y lo interpretan igual.

Pero miren la paradoja. Algunos obnubilados por la suspicacia terminan abandonado la lógica hasta el extremo de adherir, inconscientemente, al punto de vista más atrasado e ilógico, en este caso el punto de vista de Santos y las FARC de que obligatoriamente hay que refrendar popularmente los acuerdos. Y, lo peor, no solo se meten en el redil del falso dilema creado por Santos y las FARC, sino que toman unos el punto de vista del primero (referendo) y otros el punto de vista de la segunda (Constituyente).

¡Pues no! Puede que el fiscal Montealegre haya recordado, como lo ha hecho también Luis Carlos Restrepo, las normas sobre procesos de negociación –las que niegan la obligatoriedad de la refrendación-. El fiscal lo hace de forma aviesa y con el solo propósito de sacar a Santos y a las FARC de un atolladero. Restrepo, en cambio, nos recuerda la norma porque es consciente de lo simple y fácil que sería un acuerdo de paz si hubiese voluntad de paz, es decir, voluntad de deponer las armas y aceptar unos mecanismos de desmovilización y reinserción.

Volvamos, entonces, a las palabras textuales de Restrepo:

“el punto central de mi carta no es exactamente el afirmar que no hay que refrendar los acuerdos. Dentro de un contexto y una argumentación más amplia, yo digo que tiene razón el Señor Fiscal General de la Nación, cuando afirma que la ley de orden público, la ley 418 de 1997, le da plenas facultades al Presidente de la República para fijar el contenido de los acuerdos. Esa ley fue recientemente prorrogada por el Congreso y allí está ese artículo. Entonces, dijéramos, normativamente, lo que el Presidente firme con un grupo armado organizado al margen de la ley tiene validez (…)”.

Pero, insistamos nosotros, eso es así porque un proceso de paz no tiene por objeto cambiar la Constitución de Colombia sino desmovilizar a armados (por mas que ellos aduzcan que el altruista propósito de su lucha era cambiar la Constitución de Colombia).

3. SOBRE LA IMPUNIDAD
Las FARC acaban de publicar un largo y argumentado manifiesto contra la justicia transicional (http://farc-ep….). Dicen, en síntesis, que esa es la última coca cola jurídica del imperialismo y que a ellos ni les va ni les viene el tema, porque

la más elemental lógica impone que de llegarse a un acuerdo definitivo de paz deban desaparecer las FARC como estructura político militar. Tal eventualidad deberá corresponderse con su inserción legal y activa a la política nacional. Ninguno de estos dos supuestos se opone a la concepción estratégica de la organización revolucionaria en su camino al poder (subrayas mías). Pero no cabe duda de que el segundo de ellos debe ser materializado en un ambiente democrático y pleno de garantías. Tal es el espíritu general del Acuerdo General. Sin embargo, a la hora de la verdad, llegado el momento, comienza a observarse que la contraparte no piensa del mismo modo”.

Insistamos: las FARC ven el proceso como “su camino al poder”, no como su camino a la desmovilización. Por eso el debate entre nosotros (entre los que estamos del lado del Estado democrático liberal en Colombia) sobre impunidad o penas alternativas es bizantinismo puro. Y en eso cada uno de los “sabios de Bizancio” lo mejor que puede hacer es dirigir sus armas argumentales contra la agresión del enemigo real (las FARC) y deponerlas frente a los argumentos divergentes en el seno de su misma parte, la parte democrática.

Estamos de acuerdo con Restrepo: debe haber castigo y ese castigo no es sinónimo de barrotes. No pretendamos lucirnos en el debate proponiendo más o menos años de permanencia de los “farianos” entre las rejas.

Restrepo lo dejó bien claro en la entrevista:

“Yo filosóficamente comparto la posición de no cárcel. De hecho cuando empecé mi labor como Comisionado de Paz, estuve al frente de un equipo (…) y formulamos un proyecto de alternatividad penal que incluía juzgamiento individual, confesión de delitos, reparación de víctimas, pero no cárcel. Penas alternativas que pasaban incluso por la suspensión de los derechos políticos, así como sucedió con el señor Joaquín Villalobos que es Consejero del Presidente Santos y lo acompaña permanentemente. Él fue un comandante guerrillero en El Salvador, y a él le impusieron una pena de privación de derechos políticos creo que de 10 a 20 años, y por eso le tocó irse para el Reino Unido y allá se quedó viviendo.

Yo comparto esa filosofía de pasar de la justicia retributiva a la justicia restaurativa. Yo en general creo que el sistema penal sería mejor con menos cárcel, no solamente para estos señores sino en general… Y que eso es viable, esa postura yo la defendí en el gobierno, pero se dio un enorme debate entre el año 2003 y 2005 que culminó con una posición clarísima del presidente. Me acuerdo que estábamos en una reunión en la Casa de Nariño con Congresistas y todavía seguía ese debate y se paró el Presidente y dijo 'tiene que haber cárcel si no hay una pena privativa de la libertad mínima de 5 años el gobierno no apoya ese proyecto y no vamos más'. Hasta ahí llego la discusión.

Por qué. Porque en esos dos años de debate el presidente se dio cuenta muy claramente que muchos sectores nacionales e internacionales exigían penas privativas de la libertad para delitos atroces.

Yo quedé convencido de que esa exigencia, que fue tan fuerte, debía ser aplicable para todos aquellos que hayan cometido delitos atroces. Después me di cuenta que no es así, las mismas personas que fueron tan duras con nosotros para que lleváramos a los jefes de las AUC a la cárcel ahora son bastante condescendientes con las FARC, y yo veo que a nivel internacional, existe muchas más presión para que se lleve a la cárcel y se condene agentes estatales o paraestatales que violen los derechos humanos, y se es más generoso y tolerante dijéramos con actores rebeldes, o guerrilleros, etcétera. Entonces ese es un debate que habría que dar, pero yo personalmente y lo digo en el documento, yo estoy dispuesto a defender nuevamente lo que es mi posición filosófica y es de buscar mecanismos alternativos a la cárcel, porque es muy difícil un proceso de paz con cárcel, a mí me toco llevar a los jefes de AUC a las cárceles y eso me ha costado personalmente mucho. Gran parte de mis desgracias de toda esa cantidad de fanfarronerías que se han dicho, que ahora las repetía María Isabel (…)."

4. PROCESO DE PAZ, ¿SI O NO?
Una realidad inapelable de la política es la confrontación de fuerzas opuestas, fuerzas enemigas. Es obvio que los procesos democráticos han ido cambiando el nivel de confrontación. Si en los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del XX toda la política desembocaba en guerras, la humanidad de la segunda mitad del siglo XX y del XXI está cada vez más adiestrada en las artes de la conciliación y la solución pacífica de los conflictos.

Eso no quiere decir que alguien pueda predicar seriamente el absoluto pacifismo. De hecho, esa prédica es propia de los agresores. Claro que Putin preferiría una Ucrania “pacifista”, es decir, resignada ante su agresión. O las FARC preferiría que no haya en Colombia “guerreristas”, es decir, estadistas dispuestos a combatir la agresión violenta de las FARC.

En un pequeño ensayo de Oscar Elía Mañú, ¿Es el pacifismo inmoral?, se sintetiza esa idea:

“Contra lo que el pacifista parece pensar, quien renuncia al uso de la fuerza no sólo no la elimina, sino que la provoca. "un estado que se abandona al pacifismo será devorado exactamente como un animal que ha renunciado a defenderse" (Jünger). La renuncia al uso de la fuerza sólo tiene sentido en un entorno en el que todos renuncien a ella; realidad evidente, a condición de abrir los ojos a la historia y a la propia realidad. Desde Ben Laden a Putin, Chávez o Ahmadineyad, el globo rebosa de tiranos dispuestos a devorar a sus semejantes. El si vis pacem para bellum escandaliza al pacifista, pero el realista puede mostrar a su favor el hecho de que es la fórmula más segura para garantizar la paz de los suyos. El pacifista, por el contrario, comunica su disposición a la rendición, y al hacerlo estimula a quien no tiene interés alguno en mantener la paz.

El pacifismo absoluto no sólo provoca la guerra: la hace aún más violenta. El belicista, el depredador humano huele el miedo; las manos blancas que el pacifista opone a su agresor sólo le provocan desprecio. Es el desprecio del vosotros amáis la vida, nosotros amamos la muerte (Ben Laden), de las bufonadas criminales de Hugo Chávez, de las amenazas de tantos terroristas y tiranos. A cada cesión democrática, a cada paso atrás de las sociedades libres, el tirano responde dando un paso hacia delante, preparando nuevas reivindicaciones, elevando el tono de las exigencias. Eligiendo un camino que cree que conduce a la paz, el pacifista logra el resultado contrario. Hace real la inversión de la fórmula: si vis bellum para pacem, hasta que es demasiado tarde.

El deseo de mantener la paz es tan noble como deseable; convertido en imperativo categórico, no es lo uno ni lo otro. El gobernante pacifista no sólo no actúa por la paz, sino que se precipita en el oscuro mundo de la guerra sin saberlo, sin pretenderlo y sin haber preparado a los suyos para hacer frente a las amenazas. Es así como la responsabilidad se torna imprudencia y, en el peor de los casos, inmoralidad de la peor especie; la que afecta a aquellos gobernantes que olvidan que la comunidad ha depositado en sus manos el monopolio de la fuerza y la función de garantizar la supervivencia de la sociedad”.

¿Quiere eso decir que en ningún caso puede adelantarse un proceso de negociación con el enemigo? Claro que se puede. ¡Se puede y se debe! Pero recordando siempre que hay un enemigo que no ha sido derrotado; y que el objeto no es volverlo amigo sino reducirlo pacíficamente; y que si terminare volviéndolo amigo, lo deberá hacer con condiciones; siempre vigilante, no sea que simplemente lo que él quiere es recuperar fuerzas y realinearlas; y que habrá puntos en los que ceder será peor que continuar la confrontación. Por ejemplo, si para que el enemigo se desmovilice debemos permitirle zonas de autogobierno o tenemos que derogar formas democrático liberales, es preferible seguir la confrontación, porque lo contrario es lograr la paz y recibir un regalo envenenado, un caballo de Troya.

Hay un proceso de negociación en La Habana. Nuestro criterio es que más que proceso de paz, parece una celada tendida por las FARC. En esa celada cayó inicialmente un sector de empecinados partidarios de la llamada “solución política negociada” con las FARC encabezados por el hermano del presidente, Enrique Santos (él mismo lo asegura en su libro Así empezó todo), que terminaron arrastrando a Juan Manuel Santos, un presidente débil de carácter y sumamente veleidoso.

Pero el realismo político no aconseja que una fuerza opositora se gane el mote de obstruccionista y obcecada. Si bien sabemos que el actual proceso no va para ningún Pereira y que tarde o temprano se hará trizas, lo recomendable es mantener nuestra actitud crítica y siempre pedagógica. Particularmente, mantener un observatorio de las declaraciones y hechos de las FARC, observatorio que Santos, en su voluntarismo y obsesión por firmar cualquier papel, se ha olvidado de tener.

Igualmente peligrosa a la obcecación es el “cortesanismo”. No podemos quedarnos por fuera del proceso, nos aconsejan. Estamos por fuera en el sentido de que no vamos a La Habana. Pero estamos por dentro en el sentido de que mantenemos alta la guardia para que Colombia y el mundo sepan los pasos que se dan. Denunciando los peligros que conllevan o aplaudiendo los beneficios si los hubiere.
No hemos sido partidarios de reuniones con el gobierno. En todos los casos él actúa con redomada mala fe y comprobada politiquería. No es la hora de oír mentiras y dejarse seducir por palabras halagadoras. Pero mantenemos un juicioso seguimiento a las palabras y los hechos de los protagonistas de los diálogos. No somo ajenos a ellos: expresamos nuestro criterio y hacemos nuestras denuncias por boca del presidente Uribe y con constancias y declaraciones de la bancada congresional.

En este punto, Restrepo plantea una idea contraria y propone una táctica diferente. Dice así:

“la mejor contribución que podrían hacer al país era dejar claro que si el Centro Democrático ganaba las elecciones, iba a continuar los diálogos de la Habana; es decir, yo siempre he insistido en ese punto de vista; se lo reiteré al doctor Oscar Iván Zuluaga y al señor expresidente Uribe, por canal interno, cuando el doctor Oscar Iván Zuluaga fue elegido candidato. Les dije, digan que va a haber continuidad de los diálogos, condicionada, pero continuidad; a mí se me hace que fue un error político del Centro Democrático no haber enviado ese mensaje, porque se entendió mal su critica al proceso. Y el que en algunas ocasiones el mismo candidato y los precandidatos dijeran que iban a suspender los diálogos, causó pánico en muchos sectores del país, porque uno no puede estar suspendiendo unos diálogos de paz porque sí.

Colombia lleva casi 40 años desde finales del gobierno del presidente Turbay en estos esfuerzo por conseguir la paz y tener un dialogo con los grupos armados ilegales; eso ha sido una constante de todos los Gobiernos, incluso del Gobierno Uribe, porque yo fui su Comisionado de Paz, y después de tener una Mesa en marcha uno no se puede levantar. Cuando yo tuve en marcha la mesa con las AUC, a pesar de todas las dificultades yo no me levanté hasta que no saqué eso adelante, con todas las dificultades pero lo saqué; entonces creo que el Centro Democrático debió tomar esa posición a finales del año pasado. Cuando las FARC declararon un cese del fuego y de las hostilidades unilateral, yo le pedí públicamente al Centro Democrático, que apoyara eso, porque era una condición que había puesto el Centro Democrático, que cesaran las acciones violentas por parte de las FARC. Creo que era el momento de que el Centro Democrático entrara y fijara públicamente unas condiciones para que fuera verificable ese cese de acciones violentas por parte de las FARC. No tuve eco político, pero sigo creyendo que el Centro Democrático, es decir, debe participar activamente en este proceso e internamente hay personas que así lo han expresado. El doctor Carlos Holmes Trujillo, el Senador Everth Bustamante también respondió a mi carta desde una perspectiva más ciudadana, diciendo bueno convoquemos unas grandes Asambleas Regionales de Ciudadanos, para hacer un monitoreo del proceso, el mismo Senador Alfredo Rangel ha dicho que ellos tienen 22 sugerencias concretas para aclaración de los acuerdo de La Habana. Pues que las presente y así como las FARC tienen 28 salvedades a los acuerdos, se discutan las 22 aclaraciones del Centro Democrático. Yo creo que, es decir, es una necesidad nacional que el CD de ese paso, que el doctor Oscar Ivan Zuluaga por su puesto, como Jefe de la oposición lo haga, se lo he hecho saber personalmente de tiempo atrás, pero eso implica por supuesto una decisión interna sin dejar la crítica, eso no implica dejar para nada la crítica. La crítica del Centro Democrático es bienvenida, el Presidente Uribe hace una permanente crítica sobre seguridad que es sana, las posiciones del Centro Democrático ayudan al debate. A mí lo que más me ayudó en el proceso con las AUC era tener unos sectores críticos durísimos, ¡¡durísimos!! Que por supuesto mostraban la realidad de una sociedad que es muy poco tolerante con las concesiones y beneficios que se les puedan dar a los ilegales”.

Pues que las presente y así como las FARC tienen 28 salvedades a los acuerdos, se discutan las 22 aclaraciones del Centro Democrático. Yo creo que, es decir, es una necesidad nacional que el CD de ese paso, que el doctor Oscar Ivan Zuluaga por su puesto, como Jefe de la oposición lo haga, se lo he hecho saber personalmente de tiempo atrás, pero eso implica por supuesto una decisión interna sin dejar la crítica, eso no implica dejar para nada la crítica. La crítica del Centro Democrático es bienvenida, el Presidente Uribe hace una permanente crítica sobre seguridad que es sana, las posiciones del Centro Democrático ayudan al debate. A mí lo que más me ayudó en el proceso con las AUC era tener unos sectores críticos durísimos, ¡¡durísimos!! Que por supuesto mostraban la realidad de una sociedad que es muy poco tolerante con las concesiones y beneficios que se les puedan dar a los ilegales”.

Abrimos, entonces, el debate. El dilema es este:

1. Participar, sí, pero como críticos y observadores, particularmente de las acciones y movimientos tácticos del enemigo (las FARC) y sus aliados nacionales e internacionales;

2. Participar, sí, incluso concurriendo a ciertas deliberaciones con el enemigo y, sobre todo, a reuniones con la delegación gubernamental.

Tienen la palabra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Nota Editorial

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Fabian Moreno Sanchez

31/01/2015 6:12 PM

Antes de decidir por una u otra de las opciones del dilema que plantea JOG, es necesario determinar qué parte de la materia sustantiva de los diálogos de la Habana le corresponde al gobierno, al pueblo, a los partidos políticos en general, al partido o partidos políticos de la oposición y a las Farc.

Al gobierno le corresponde hacer lo que le facultan la Constitución y la Ley (Ley 418 de 1997 y marco jurídico para la paz). Así, al gobierno le compete negociar el acuerdo de desmovilización y reinserción a la vida civil con las Farc, negociar lo relacionado con las penas alternativas o, incluso, no cárcel para los rebeldes.

Si el acuerdo habla de cambios a la Constitución, el asunto ya no es competencia del gobierno, porque a éste le está prohibido reformar la Constitución. Por lo tanto, el cuerdo, al respecto, sería tan solo una propuesta para que quien tenga competencia apruebe o niegue el contenido de la misma. Ahora bien, las reformas constitucionales son competencia, o bien del pueblo, o bien del Congreso (partidos políticos).

El gobierno puede, legítimamente, acordar con las FARC el medio para intentar la reforma constitucional, si los acuerdos así lo establecen. Ese medio puede ser un referendo constitucional, una asamblea constituyente, o el sometimiento de la propuesta a decisión del Congreso. Por su parte, a las Farc les corresponde negociar con el gobierno las condiciones de su desmovilización y el medio CONSTITUCIONAL por el cual su propuesta de reforma sea aprobada o negada por el ente competente que seleccionen.

Si el medio acordado por gobierno y Farc fuera un referendo, la propuesta tendría que ser desmenuzada para que establezca exacta y concretamente cómo quedaría cada artículo de la Constitución afectado por la propuesta. En este caso, las Farc tendrían que acatar la decisión del pueblo al respecto, y nada más.

Si el medio fuera una asamblea constituyente, el pueblo sería el competente para elegir a los asambleístas, en tanto que los partidos y movimientos políticos podrían presentar sus candidatos.

El caso de la asamblea constituyente presenta dos problemas. Primero, sería jurídicamente imposible que se elija una asamblea constituyente para decidir simplemente que si aprueba o niega la propuesta contenida en el acuerdo; pues los asambleístas son elegidos para que ellos reformen la Constitución, nunca para decidir si aprueban o rechazan la propuesta de otro. El segundo problema, también insalvable, es el de cómo elegir a los representantes de las Farc para esa asamblea.

Constitucionalmente, el pueblo, y solo él, tiene el poder de elegir sus representantes a una asamblea constituyente, no pueden haber excepciones. Si las Farc presentaran sus candidatos al pueblo, probablemente no elegirían más del 2% de los asambleístas, porque ese es el porcentaje de su popularidad. En estas circunstancias, las Farc no aceptarían una asamblea constituyente elegida democráticamente

A su vez, a los partidos políticos, representados en el Congreso, les corresponde, en primer lugar, a iniciativa del gobierno, aprobar la ley estatutaria del marco jurídico para la paz, donde pueden definir, por ejemplo, qué significa la dejación de armas, que es un término del Marco muy ambiguo. En segundo lugar, si gobierno y Farc acordasen someter la propuesta de cambio constitucional al Congreso, los partidos políticos serían los que concreten esa reforma. Aunque en teoría existe la posibilidad de someter el acuerdo al poder reformatorio constitucional del Congreso, en realidad tal eventualidad no ocurriría, porque obviamente no es de la conveniencia de las Farc.

Como se puede ver, las competencias de los diferentes actores políticos en este asunto están bien definidas y, por lo tanto, no es necesario, ni conveniente, ni legal, invadir competencias ajenas. Sin embargo, como es evidente que entre el gobierno y las Farc, el negociador más débil es el gobierno, es muy probable que el resultado final de esas negociaciones sea el de que las Farc terminen usurpando competencias del pueblo y de los partidos políticos, por concesión indebida del amedrentado y menoscabado gobierno frente a las Farc.

El papel fundamental de los partidos de la oposición, entre ellos el del Centro Democrático, es el de vigilar que esa usurpación de competencias no suceda. En esa tarea, los partidos de la oposición deberían ser proactivos, pero con realismo. En este sentido, podrían proponer medios alternativos para una reforma de la Constitución que tuvieran en cuenta la propuesta de las Farc, sin usurpar la competencia del pueblo.

Como vigilantes y controladores de los posibles desvíos del gobierno, los partidos de la oposición podrían participar en el proceso de paz, a través de ardua crítica a tales desvíos y, si fuera preciso, entrar a negociar directamente con el gobierno y las Farc el mecanismo democrático de reforma constitucional que tenga en cuenta la propuesta fariana.

Juan Oliveros Simanca

30/01/2015 9:04 AM

Felicitaciones a JOG por su pedagogía crítica. Cita textos concretos, los analiza, señala los errores de pensamiento (falsos dilemas, coincidencias no signficativas, etc.) Entonces JOG no ‘revela’ una verdad, pero señala el camino; así, quien quiera buscarla porque la valora, hace el esfuerzo, la descubre, la apropia, la usa en el mundo real.De esa manera funciona la verdadera pedagogía: no nos enseña, nos pone en el camino para que descubramos por nosotros mismos lo que necesitamos aprender. Desgraciadamente cuando se ignora el ‘real politik’ la experiencia se encarga de enseñarnos, cuando ya es muy tarde. La falta de pensamiento crítico puede hacer desaparecer la civilización.

Fabian Moreno Sanchez

30/01/2015 4:28 AM

Cuando el presidente Andrés Pastrana abrió los diálogos del Caguán, se decía que una tercera parte de Colombia estaba en manos del Estado, otra tercera parte en manos de las FARC, y la otra tercera parte en manos de las autodefensas. Cuando los diálogos terminaron, la situación seguía más o menos igual, pero con una gran diferencia: el ejército colombiano había sido fortalecido y estaba en capacidad de recuperar terreno frente a las FARC y las autodefensas, a favor del Estado.

En las elecciones del 2002 el pueblo estaba harto de los desmanes de las FARC y, por eso, votó mayoritariamente por Álvaro Uribe Vélez, que se comprometió a combatir a todos los violentos, para brindar seguridad democrática. Las autodefensas se desmovilizaron porque se convencieron de que el nuevo presidente combatiría a las FARC, como efectivamente lo hizo.

El camino marcado por el presidente Uribe era el de hacer inversión social y mejorar la infraestructura, mientras se combatía a los alzados en armas. Al final de ese proceso las FARC y el ELN habrían sido reducidas hasta un mínimo que ya no representarían una amenaza seria para el Estado y la población, y eventualmente firmarían un acuerdo final de desmovilización.

El presidente Juan Manuel Santos truncó el camino iniciado y marcado por el presidente Uribe. Ofreció diálogos de paz a las FARC en condiciones ventajosas para los rebeldes. Si esos diálogos de la Habana siguen por el camino que ha fijado Santos, el proyecto político de las FARC, muy bien apuntalado por el poderoso grupo del foro de Sao Paulo, se hará realidad en Colombia.

Sin embargo, ahora ya no es viable regresar al camino que había marcado el presidente Uribe. Lo que se podría y debería hacer es continuar con los diálogos de la Habana. Aquí, la intervención del Centro Democrático es clave para que las FARC no terminen apoderados del país. El Centro Democrático debería mantener su posición crítica ante el proceso y seguir y depurar las recomendaciones del Dr. Luis Carlos Restrepo, para convertirlas en un plan de acción en beneficio de la democracia.

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