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Jueves 22 de Agosto del 2019

Francisco Barbosa dice que críticos de la ONU ni siquiera conocen Colombia

Publicado en:

La FM  | 

Autor(a): Alfonso Rico Torres  |

Fecha: 06/06/2019

 

Francisco Barbosa, alto consejero para asuntos internacionales y Derechos Humanos, en la mesa de trabajo de LA FM, en Bogotá. - Foto: lafm.com.co

El alto consejero para asuntos internacionales y Derechos Humanos se refirió a la carta emitida.

El Gobierno colombiano rechazó "de forma enfática" un comunicado de expertos en derechos humanos de la ONU que al condenar el asesinato de exguerrilleros de las Farc lo instaron a respetar las garantías de seguridad del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.

"El Gobierno no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las Farc y viene haciendo un esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final", señala un comunicado de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas divulgaron en Ginebra (Suiza) un comunicado en el que condenaron "el reciente asesinato e intento de desaparición forzada" de Dimar Torres Arévalo, desmovilizado de las Farc, ocurrido el pasado 22 de abril en una zona rural de Convención, en el departamento de Norte de Santander, y del cual se responsabiliza a militares.

"Este atentado es un desafío para el proceso de paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia", dijeron los expertos independientes, quienes consideraron este caso como "una ejecución extrajudicial".

Al respecto, el Gobierno respondió: "Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un 'aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal', así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos".

Según el Gobierno, "es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado, de alguna manera, haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas Farc".

"La seguridad de quienes se acogieron al proceso de paz es una prioridad para este Gobierno, que no ha escatimado esfuerzos para garantizar su protección. Se continuará disponiendo de todo lo que se precise para afinar las medidas de aseguramiento para los hombres y mujeres que se acogieron a la legalidad y han continuado transitando en este camino", añade el comunicado oficial.

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación dijo que "la forma de proceder de los relatores especiales no corresponde con los criterios de actuación establecidos" para estos casos, pues considera que no contrastaron con diversas fuentes la información recibida.

Explicó que los tres relatores especiales enviaron el pasado 16 de mayo al Gobierno un cuestionario elaborado por ellos sobre el cual trabajaba la administración del presidente Iván Duque, "para recopilar la información necesaria para responderlo".

"Sin embargo, el hecho de que los autores del cuestionario hayan salido a la luz pública, en forma anticipada y profiriendo afirmaciones tan tajantes y mal intencionadas como las que figuran en el comunicado mencionado, ha llevado al Gobierno a replantear su decisión de responder el cuestionario mencionado", añadió la Consejería.

El Gobierno recordó que el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, ha reconocido su esfuerzo para investigar y castigar "el lamentable y condenable hecho ocurrido con Dimar Torres Arévalo". En ese sentido señala que a la fecha, un presunto responsable, el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo, "está recluido preventivamente mientras avanza la investigación" a la que también fue vinculado el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita "por el presunto delito de encubrimiento" y quien fue llamado a retiro.

Todo ello muestra "la arraigada política de tolerancia cero frente a violaciones de los derechos humanos", agrega el Gobierno. El pasado 15 de mayo, el senador Carlos Antonio Lozada, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en que se transformaron las Farc, denunció que desde la firma de la paz y hasta esa fecha, 114 exguerrilleros y 31 de sus familiares habían sido asesinados.

Francisco Barbosa, alto consejero para asuntos internacionales y Derechos Humanos, se refirió en LA FM a esta controversia. Según dijo, muchos de los firmantes ni siquiera conocen el país, al tiempo que manifestó que la ONU ha respaldado a Colombia en sus esfuerzos de paz.

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