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Lunes 18 de Junio del 2018

Hay que liberar el Cauca

Mientras al otro lado de la cordillera Central la Fuerza de Tarea de Tolima arreciaba su persecución contra el comandante ‘Cano’, en su sexta ofensiva en un mes para penetrar sus anillos de seguridad y dar con su paradero, vivo o muerto, reductos del llamado sexto frente de las Farc atacaban el pasado fin de semana seis poblaciones del norte del Cauca, con saldo trágico provisional de seis muertos, entre ellos tres civiles, numerosos heridos, varios de ellos graves y cientos de viviendas y locales comerciales averiados o convertidos en escombros, según un primer balance presentado por Acción Social de la Presidencia de la República.

 

El más demencial y repudiable de los ataques ocurrió en plena mañana de mercado en Toribío, un municipio de 26.000 habitantes, a cuya plaza llegó un grupo de milicianos terroristas, vestidos de paisanos y simulando ser simples pasajeros de un bus “escalera”, en el que habían puesto cargas explosivas mimetizadas bajo racimos de plátano, jaulas con gallinas y costales, al que echaron a rodar para que impactara contra la estación de Policía, mientras otros delincuentes atacaban con ráfagas de fusil, granadas y morteros artesanales, los llamados ‘tatucos’, las garitas y el costado opuesto de la sede policial. Otro pueblo atacado fue Corinto, donde según el alcalde las viviendas afectadas son 150 y también fue destruida la estación de Policía y la concha acústica. También se presentaron hostigamientos en Jambaló y Mondomo y en el corregimiento Siberia del municipio de Caldono.

 

Ataques en los que los muertos, heridos y damnificados por la destrucción infame de casas y modos de subsistencia están claramente tipificados como “delitos de lesa humanidad” y expresamente condenados por la Convención de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, la Carta de los DDHH de la ONU y el Estatuto de Roma y, sin embargo, hasta ahora no hemos escuchado ni leído la más mínima reacción de condena por parte de organismos internacionales ni ONG, como Amnistía Internacional, Human Right Watch, y tantas otras que en el país fungen de defensoras de los derechos humanos y están con el ojo siempre puesto sobre el accionar de las fuerzas institucionales para denunciar cualquier falla.

 

Las hipótesis que barajan, tanto los analistas como el propio comandante de las Fuerzas Militares, Almirante Edgar Cely, quien se trasladó con todo el Estado Mayor a Popayán para coordinar desde allí los operativos contra las Farc en el Cauca, son básicamente dos. Con esos ataques los terroristas estarían buscando aligerar la presión o incluso desviar los operativos contra cabecillas del secretariado, especialmente las que se adelantan al otro lado de la cordillera contra el máximo jefe ‘Alfonso Cano’, o tratar de despejar el terreno de obstáculos para sacar de la zona los cargamentos de droga y recibir a cambio armas y vituallas.

 

Ambas hipótesis son válidas e incluso complementarias. Es evidente que eso hace parte de un esfuerzo desesperado por contrarrestar el cerco sobre su comandante y evitar un golpe que sería demoledor para la permanencia de esa narcoguerrilla, pero también es verdad que el norte del Cauca ha sido una especie de “enclave histórico” y un corredor estratégico de las Farc, donde mantienen cierta capacidad militar ofensiva, prueba de lo cual son sus ataques y frecuentes hostigamientos a los cascos urbanos. Y pese a operaciones exitosas como la Gibraltar, en 2008, adelantada por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional contra el sexto frente, en uno de cuyos operativos en zona rural de Corinto fueron muertos 20 guerrilleros, y tal vez porque no se han vuelto a repetir con tanta contundencia y continuidad, aquella golpeada región sigue sin ser liberada.

 

Nosotros instamos al Gobierno y al Comando de las FFAA a intensificar la lucha y recibimos con aplauso el anuncio presidencial de que se instalará un batallón de alta montaña en Tacueyó. Es una decisión clave y estaban en mora de actuar con ese criterio, porque una estación de Policía, inclusive la mejor dotada en agentes, armas y equipos, siempre estaría expuesta a un ataque masivo, por sorpresa, del grupo narcoterrorista. En cambio, un batallón no sólo es menos susceptible de ser atacado sino que además es la base para emprender una acción militar, tan grande como sea necesaria, ante un ataque contra los puestos policiales en pueblos e inspecciones.


El Mundo, Medellín

Editorial

12 de Julio de 2011

 

 

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