La solidaridad arriesga ser flor de un día si no trasciende en acciones vigilantes para exigir a la JEP, a las Farc y al Estado para que se comprometan a entregar lo que a las víctimas y la sociedad aún se les debe.
Con lentitud, que es muy inquietante dados el tiempo limitado que tiene para ofrecer justicia sobre el conflicto armado y el demostrado goce de privilegios por los victimarios, la Jurisdicción especial para la paz, JEP, inició audiencias con algunos de los 75 dirigentes y miembros de la Fuerza Pública que fueron víctimas de secuestros perpetrados por las Farc, con fines de intercambio humanitario. Ellos son parte, muy representativa de la sociedad, en tanto eran sus personeros políticos, pero pequeña en cuanto a número, de las 6.152 víctimas de secuestro o desaparición forzada por las Farc que la Fiscalía documentó y reportó a la JEP en el informe 0002, Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP. Estas víctimas, como se demuestra en el infográfico, no son siquiera la totalidad de las casi diez mil personas que desde 1970 y hasta 2016 denunciaron ante las autoridades haber sido víctimas de secuestro por las Farc.
El secuestro y la desaparición forzada de personas constituyen, con el reclutamiento y violencia sexual contra menores de edad; la siembra de minas antipersona, y el desplazamiento forzado, los crímenes que degradaron a las Farc a organización criminal terrorista y convirtieron el conflicto armado interno en el infierno del que muchos quisieron huir por medio de la negociación política. Con el tratamiento que dé a esos crímenes, que hacen parte de los categorizados en el Estatuto de Roma, la JEP podrá demostrar si efectivamente va a atender los principios de dar centralidad a las víctimas y actuar con independencia, como se aseguró en su concepción, o si por el contrario, actuará para garantizar la impunidad a que las Farc aspiran, como muchos temen a raíz de las primeras actuaciones del organismo en los casos de alias jesús santrich, alias iván márquez y otros demostrados desertores del acuerdo final.
Los desgarradores testimonios de sufrimiento personal, familiar y de los aliados políticos presentados por las primeras veinte víctimas que comparecieron (entre ellos los deudos de diez diputados del Valle asesinados durante su secuestro) parecen haberle descorrido a muchos periodistas y voceros públicos un indolente velo de indiferencia ante la suerte de quienes durante los últimos cuarenta años han sufrido la infamia del secuestro. Esa estremecida solidaridad, que para algunos puede ser reacción extemporánea a una tragedia que arrasó con tantas vidas humanas, arriesga ser flor de un día si no trasciende en acciones vigilantes para exigir a la JEP, a las Farc y al Estado para que se comprometan a entregar lo que a las víctimas y la sociedad aún se les debe, según los términos del acuerdo suscrito por el expresidente Santos y las Farc, y avalado por el Congreso y la Corte Constitucional.
Las víctimas de secuestro necesitan justicia. En el proceso de ofrecerla integralmente, como es su obligación, de la JEP se espera que recoja y respete sentencias debidamente ejecutoriadas emitidas por la justicia ordinaria; que retome las investigaciones que la Fiscalía le ha entregado, y que esclarezca los casos de secuestro denunciados y no investigados, así como aquellos que las familias no se atrevieron a exponer a las autoridades por miedo a las retaliaciones de los victimarios. Por recogerlos se entiende que, como ellas lo han venido expresando en la presentación de sus testimonios, la institución dicte sentencias efectivas y eficaces a los perpetradores y los determinadores, que en gran parte de los casos son los miembros del secretariado, según testimonio de los exsecuestrados.
Las víctimas y sus familias tienen que ser reparadas por las Farc. En materia económica, que es justo debido las grandes pérdidas sufridas, que los secuestrados han relatado cuidadosamente. La reparación, sin embargo, no se puede reducir sólo a la obligación material adquirida por los victimarios, es también una responsabilidad de resarcimiento moral por el daño individual provocado con las torturas y humillaciones a los secuestrados y por el evidente maltrato sicológico y emocional a los miembros de su familia y entorno cercano. Como relataron muchos de ellos, en múltiples ocasiones estos maltratos ocasionaron enfermedades y fallecimientos en las familias.
Como gobierno y Farc prometieron en las negociaciones, ellos son responsables de poner fin al secuestro, cuya autoría hoy es principalmente de “disidencias de Farc”, del Eln o de bandas que venden a las víctimas a organizaciones guerrilleras, y de contenerlo mediante la prevención, que exige más acción de la Fuerza Pública, prevención suficiente y recuperar las instituciones y métodos que el Estado y organizaciones hoy desaparecidas, como Voces del Secuestro y País Libre, había logrado desarrollar como instrumentos de vigilancia del secuestro y apoyo a las solitarias víctimas de ese crimen. Por eso, juzgar el secuestro es una prueba de fuego para la JEP, contenerlo, lo es para el Estado.
