Venezuela viene cuesta abajo ante los graves problemas que afronta por la pésima gestión gubernamental, la corrupción rampante y a la caída acelerada de los precios del petróleo.

En toda democracia deben primar unas reglas mínimas de juego que garanticen su normal funcionamiento. La división de poderes, el respeto hacia la oposición, el aceptar los resultados electorales, el diálogo como elemento primordial para zanjar las diferencias y otras más están siendo puestas en tela de juicio en Venezuela. Si los hechos políticos continúan su rumbo, mañana habrá un choque de trenes provocado por el Ejecutivo contra la nueva Asamblea Nacional, que cuenta con dos tercios de mayoría opositora.

El expresidente Felipe González escribió en El País que el chavismo “en vez de iniciar un diálogo con la mayoría indiscutible de la Asamblea, amenaza con profundizar en la vía de su fracasada revolución, manipula el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, recurre los resultados para impedir esa mayoría, amenaza con vetar la amnistía para presos políticos y exiliados o pone en marcha asambleas comunales”. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que “nadie distorsione la voz del pueblo (ni) su expresión más genuina —que son los resultados electorales— con estratagemas de dudosa juridicidad, ni reclamando decisiones viciadas de parcialidad a organismos reconstituidos para la ocasión”. No podemos estar más de acuerdo.

El pasado 6 de diciembre, el electorado le pasó factura al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con un tsunami que enterró el manejo del Congreso durante los últimos 17 años. Sin embargo, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se vinieron lanza en ristre contra el nuevo parlamento que inicia actividades mañana. Primero con la instalación de una acomodaticia Asamblea Comunal que sesionará de manera paralela a la electa y estará conformada por adeptos al Gobierno. De otro lado, la saliente Asamblea nombró en sesiones maratónicas a 35 magistrados, principales y suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para seguir controlándolo a su antojo.

El 30 de diciembre presentaron ante el mismo TSJ recursos para impugnar los comicios en siete circuitos electorales, de tres estados, lo que pondría en tela de juicio diez curules. El acucioso Tribunal expidió de inmediato una medida cautelar suspendiendo la proclamación de los diputados electos en Amazonas, tres opositores y un oficialista. Buscan evitar que la oposición ocupe los 112 escaños obtenidos en franca lid y quebrar la mayoría de dos terceras partes que les permitiría de inmediato impugnar al vicepresidente y a los ministros, aprobar amnistías que beneficien a los opositores presos y otras medidas que ponen al Gobierno en calzas prietas. Vea pues.

Así las cosas, la expectativa no se debe al normal juego de poder que existe en toda democracia, sino a lo que se ha denominado un “golpe de Estado judicial”, dadas sus características y las nefastas consecuencias en caso de prosperar. El país viene cuesta abajo ante los graves problemas que afronta por la pésima gestión gubernamental, la corrupción rampante y a la caída acelerada de los precios del petróleo. La única forma de evitar que la actual debacle termine de hundir a Venezuela es la de dar de inmediato un timonazo en el manejo económico. Será una cirugía mayor en la cual tienen que participar todos los poderes públicos, así como el sector privado y la sociedad civil. La oposición se ofreció de inmediato a dialogar sobre los temas esenciales para el futuro y así paliar el descalabro actual. La respuesta confrontacional del Gobierno demuestra que la madurez y la mesura no están en su léxico.

El previsto choque de trenes no augura nada bueno para Venezuela. La oposición se presentará mañana con sus 112 diputados en el recinto de la Asamblea, el TSJ insistirá en que la proclamación de tres de ellos está suspendida mientras comienza a sesionar en el recinto una Asamblea paralela chavista. La comunidad internacional, estados y OEA deberían actuar de inmediato para garantizar que la democracia no sea vulnerada en el país vecino.