Acaba de darse a conocer en La Habana, las conclusiones de los grupos negociadores del Gobierno de la Nación y de las FARC, sobre el acceso a la participación política de los integrantes del grupo armado. Era esperado o al menos a este humilde columnista no le extraña, que se haya llegado a conciliar ese punto, pues sabemos que las dos partes lógicamente, así sea de forma genérica están interesadas en consensuar ese apartado, cada una de ellas por motivos diferentes.

Al Gobierno santista, por el hecho de presentarse ante la ciudadanía con algún mérito que justifique el presentarse a la reelección el Presidente y al grupo ilegal, aunque por lo que  veo cada vez menos se va a poder emplear dicho término, porque el reconocimiento a su derecho a la participación política y a espacios de paz es la puerta del logro de un objetivo más importante, la impunidad y la exención penal.

Es indudable que a los integrantes del grupo terrorista lo que mas les preocupa es cómo va a quedar su situación procesal y poder deambular sin límites por los escenarios políticos de todos los órdenes del pais: municipal, departamental y nacional. El Gobierno está claro que va a poner toda la carne en el asador para instalar una alfombra roja para convencer a los negociadores “faristas” de que se produzca la puesta en escena del acuerdo definitivo de paz.

Para ello, incluso se va a tener que prever la mayor de las indulgencias penales que es el apoyo de la justicia internacional y ahí amigos lectores creo que las FARC van a tener suficientes precedentes para aplicarles las doctrinas mas favorables en el cumplimiento de las penas, así sus delitos sean de lo más execrable y condenable.

Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en la ciudad francesa de Estraburgo, dictó una resolución que resolvía un Recurso interpuesto por una miembro del grupo terrorista vasco de la ETA, la cual había sido condenada a una pena de 2.700 años por haber sido la autora de una matanza en atentados de 24 seres humanos. Las peticiones de dicho Recursos se admitieron por dicho órgano, condenado al Estado Español a dejarla en libertad a pesar de que solo llevaba en prisión 18 años por entender el Tribunal Europeo que la citada encarcelada ya tenía que haber sido puesta en libertad, cinco años atrás en aplicación de una redención de pena por trabajos carcelarios.

Para mayor humillación de las victimas dicho órgano jurisdiccional europeo, condenó al Estado español a indemnizar a la etarra por los daños morales sufridos, por su estancia indebida en prisión de cinco años, en la cantidad de 30.000 euros, unos 76 millones de pesos colombainos.

En aplicación de dicha teoría, es indudable que a primera vista los jueces internacionales entienden que sale igual de costoso para un criminal, el matar a una persona que a las 24 víctimas que dicha miembro del grupo violento vasco aniquiló en sus atentados junto a  varios centenares de heridos y los gravísimos destrozos materiales causados por valor de millones de euros. Todas esas masacres se pagarían penalmente con solo 13 años de prisión y con una indemnización por daños morales  a su favor que a toda costa quiere cobrar sin que el Estado se la retenga para contribuir al pago de  la cuantiosa indemnización de daños y perjuicios adeudada por la terrorista a las víctimas y a sus familiares, en concepto de responsabilidad civil.

Esta es la realidad y el panorama que se puede plantear en una justicia internacional que por desgracia parece que trata de proteger mas a los verdugos que a las víctimas, al menos en el caso expuesto.

Pronto muy pronto, va a estar más penalizado y peor visto al que defiende la legalidad y el imperio de una ley que debería de proteger al más débil y respetar el orden vigente que al que lo vulnera, al que además se le conceden todos los derechos como si el matar fuera un salvoconducto para asumir prebendas y derechos en una participación política como si nada hubiera pasado.

Néstor A. Laso Dosal es Abogado y Secretario Ejecutivo de Justicia del Partido Popular en Asturias – España