A nadie se le ocurre, por supuesto, que una sentencia sobre el llamado “fast track” como la emitida en un confuso comunicado esta semana por la Corte Constitucional, bajo la doctrina del sí pero no, pueda tener algún efecto plausible sobre la democracia colombiana. Semejante galimatías, en el que la Corte proclama la necesidad de la refrendación popular para efectos de darle salida a la “vía rápida” en la parte resolutiva, pero donde en la exposición de motivos se desdice de su conclusión legal, es una contradicción histórica cincelada en piedra de mármol. Todo ello con el fin de no proteger categóricamente la voluntad popular expresada en el plebiscito del pasado 2 de octubre, donde ganó el No frente al Acuerdo de Cartagena, y permitir el esguince de los contundentes resultados electorales, sin siquiera exigir que el nuevo Acuerdo del Colón tuviera la misma canalización popular que ella misma dice proteger pero acto seguido pasa a destrozar.
Define la Corte, además, la refrendación popular dizque como un “proceso” en el que haya participación ciudadana directa pero cuyo resultado puede ser revertido en virtud de la decisión de un órgano revestido de autoridad democrática, como el Congreso. Es decir que el dictamen de la democracia directa, o sea del pueblo, llega hasta donde quiera la voluntad de los parlamentarios, como representantes de la democracia indirecta y de menor rango en la pirámide de Kelsen. Y todos tan tranquilos con semejante esperpento. ¿Acaso de haber ganado el Sí, en el plebiscito, se habría recurrido a maniobra tan extravagante?
No se mete, desde luego, la Corte a señalar eso como un principio de legalidad en el cual soportar acción estatal alguna, pese a los formulismos interpretativos que no hacen parte del núcleo de la sentencia. Y apenas lo escriben como un “consejito” pero, ciertamente, no como un fundamento normativo explícito en el que se pueda respaldar una conducta pública legítima. Desde luego, todo está hecho para que la aplanadora oficialista en el Congreso, debidamente aceitada por el Ejecutivo, produzca el zarpazo prevaricador y se apropie de un concepto a todas luces presionado y contraevidente. Y que no sirve para más que seguir horadando el Estado Social de Derecho hasta la fractura dictatorial del principio democrático, base de la Constitución de 1991 cuando se adoptó la soberanía popular en vez de la tradicional soberanía nacional, que la Corte reinstaura por la puerta de atrás, cuando el pueblo era un simple convidado de piedra.
Bastaría, sin embargo, que la propia Corte Constitucional se leyera la sentencia (T-263 de 2010, acápite 2.3.6) de autoría de sus propios magistrados, con ponencia de Juan Carlos Henao, en la cual se da el alcance y ámbito al principio democrático con base en fallos anteriores.
Dice: “Así las cosas, debido al principio democrático y sus cualidades, expansiva y universal, el control político ciudadano es una de las manifestaciones más importantes de la participación ciudadana. Por esta misma razón, los servidores públicos tienen el deber de incentivarla y no torpedearla, ya que la inspección del pueblo en los asuntos, actuaciones e implementaciones políticas, como el incumplimiento del programa de gobierno, son fundamentales para la democratización social”.
Desde el resultado del plebiscito los actos oficiales más notorios han sido los del torpedo contra la participación ciudadana. Hasta el punto, por ejemplo, de recurrir a una simple proposición parlamentaria como sustituta de la expresión nítida y abierta del pueblo. Y sobre la base de un dictamen igualmente confuso de la sala de consulta del Consejo de Estado según la cual el Parlamento dizque podía hacer una refrendación sustitutiva, sin principio de legalidad explícito, con base en los lineamientos del control político congresional.
Pero es exactamente lo contrario. La Constitución establece textualmente que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y para ello puede tomar parte en plebiscitos y otras formas de participación ciudadana (Art. 40). Esa, precisamente, fue la clave de la Constitución de 1991, barrida de un plumazo. No es, desde luego, equiparable el control político del pueblo, como ocurrió en el plebiscito frente al del Congreso que, entre otras cosas, no está establecido para refrendar sino para controlar. Visto que eso salió mal, ahora dizque se pretende la misma refrendación sustituta del pueblo, fruto del atajo abierto por la Corte, a través de un inciso en el proyecto de ley de amnistía, desquiciando a todas luces la unidad de materia constitucional. Otra pata en los despropósitos mancomunados y ya rutinarios.
Nunca como hoy, a raíz de lo que viene sucediendo, Colombia se había encontrado en un estado de polarización en ascenso. Pero no entre el gobierno y la oposición, como quieren desvirtuar quienes se sienten a las anchas en la división sino, como decía Jorge Eliécer Gaitán, entre el “país político” y el “país nacional”. El “país político” que todo lo hace por el atajo, en una confabulación contra la Constitución de 1991, y el “país nacional” que todavía se aferra a lo que está quedando de instituciones y tiene las esperanzas del cambio.
A no dudarlo, la paz es el propósito nacional más importante. Debe ser, como se dijo, una paz de carácter nacional, aunque la quieran disminuir a grupúsculos y maquinarias. Por eso también fue trascendental ver esta semana sentados frente a Su Santidad Francisco, en Roma, al presidente Juan Manuel Santos y al ex presidente Álvaro Uribe, en igualdad de condiciones y tras la invitación sorpresiva del último por parte del Papa, para darle curso, como dijo el Vaticano, a la “cultura del encuentro”. Ha sido esa, sin duda, la imagen fundamental de la gira europea. Nadie pensaba en un acuerdo, ni en grandes abrazos, porque lo que quiso el Pontífice fue enterarse, por ambas partes, de las realidades colombianas. Con ello podría comenzarse a construir la paz nacional y dejar atrás el “país político” que tanto daño le está haciendo al país.
