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Viernes 14 de Diciembre del 2018

Líderes sociales en la mira

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 22/03/2018

 

Juan Manuel Santos, quien atribuyó a "razones personales" la mayoría de los asesinatos de líderes sociales - Foto: hps.com.co

No paran los asesinatos de activistas
Polémicas desgastantes distraen al Estado

El sistema de protección a los líderes sociales, comunitarios y activistas de derechos humanos en Colombia continúa haciendo agua. La racha de asesinatos no se detiene pese a que en los últimos meses los esquemas de seguridad se han multiplicado, en tanto que las autoridades optaron por ir directamente a las regiones en donde actúan estos líderes con el fin de medir, sobre el terreno, cuál es el nivel de riesgo que corren y las medidas a implementar para neutralizar cualquier amenaza.

Los duros cuestionamientos esta semana del Procurador General al sistema de protección de líderes sociales constituyen un campanazo muy fuerte no sólo al Estado, sino a todo el país.

Según el jefe del Ministerio Público, las autoridades deben tomar “acciones más contundentes que vayan más allá de la retórica y las buenas intenciones, para detener la masacre de los defensores de derechos humanos, a manos de actores armados indeterminados”.

Las estadísticas sobre este desangre son alarmantes. Por ejemplo, la Procuraduría trajo a colación que, según organizaciones de derechos humanos, han sido asesinadas 59 personas en Tumaco. Además, entre enero y febrero, de acuerdo a la Presidencia de la República, fueron ultimados 11 líderes sociales y defensores de derechos humanos en ocho departamentos. A su turno, la organización Somos Defensores señala 27 víctimas en el trimestre y la Defensoría del Pueblo 22 en los primeros 59 días del 2018.

¿Qué hacer? Hay que tener en cuenta que desde el Gobierno, la Fuerza Pública y otros organismos se han implementado distintas estrategias para la protección de los líderes sociales. Esos planes de choque han dado resultado, porque hasta el momento no es alta la victimización entre las personas que han recibido medidas de seguridad.

El lío mayor está, precisamente, en los líderes que no tienen esta cobertura, ya sea porque no se han acercado a las autoridades a advertir sobre las amenazas potenciales a las que están expuestos, o porque los estudios sobre los niveles de riesgo han determinado que no necesitan escoltas ni carros blindados. Para hacer más eficiente esta evaluación se podría, por ejemplo, pedir a los alcaldes, personeros, inspecciones de Policía y otras autoridades locales que reporten al Gobierno nacional cuáles podrían ser los líderes que necesitan esquemas de seguridad y de qué tipo.

Como en reiteradas ocasiones lo hemos dicho en estas páginas, el asesinato sistemático de los líderes sociales ha sido advertido por la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos y varias de las principales organizaciones no gubernamentales a nivel internacional como la mayor amenaza a la llamada “era del posconflicto” en nuestro país. Si bien es evidente que no hay un patrón generalizado en las causas y autores intelectuales de esta racha de muertes y atentados, ello no hace menos grave la situación. No se puede caer en la gaseosa excusa de móviles aislados y muy particulares en varios casos. Tan preocupante es la muerte violenta de un líder de procesos de restitución de tierras, como la de un vocero de organizaciones cocaleras que buscan un mejor acuerdo para la sustitución de cultivos ilícitos. También se han registrado amenazas y asesinatos de activistas contra la minería ilegal y otras causas sociales que no tienen nada que ver con el conflicto armado que aun persiste en muchas zonas del país.

Como se ve son, lamentablemente, múltiples los flancos desde donde se está apuntando a esta clase de líderes y es evidente que lo urgente es reforzar y hacer más efectivos los esquemas de protección y, sobre todo, prevención. Las polémicas entre el Gobierno, los entes de control, las ONG y organizaciones internacionales alrededor de las cifras sobre victimización o los móviles que están detrás de cada ataque, no hacen más que distraer la acción del Estado sobre lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que asegurar la integridad física y el trabajo de estas personas.

Obviamente no se trata de que todos los líderes sociales, de derechos humanos y activistas de otras causas humanitarias y campesinas terminen con carros blindados, escoltas, relocalización familiar y otras medidas de protección. Éstas deben estar reservadas para quienes corran mayor peligro. Es aquí en donde se requiere que las autoridades y las personas en riesgo pongan de su parte para que los esquemas aprobados sean los pertinentes y su uso el adecuado.

Se ha propuesto para enfrentar esta problemática la creación de un ente de orden nacional que se encargue única y exclusivamente de la protección de estos líderes. Es una idea que debe analizarse a fondo. La Unidad Nacional de Protección viene realizando un buen trabajo y lo que necesita es mayor apoyo presupuestal y de recurso humano especializado en labores de seguridad.

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