La justicia colombiana y el poder del Estado se ocupan con todo rigor de perseguir, encarcelar y condenar a Andrés Felipe Arias, a pesar de haberse comprobado que no se lucró de un solo peso del Programa “Agro Ingreso Seguro”, mientras los grandes beneficiarios de los préstamos, que devolvieron los dineros prestados, disfrutan de libertad absoluta; tal circunstancia, se niega en favor del ex ministro.
El presidente Santos y la Fiscalía, con todo ahínco, se proponen conseguir la repatriación de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, haciendo viajes expresos a Panamá y Costa Rica para convencer a dichos países de la entrega de la ex funcionaria, como responsable del delito de “Interceptación ilegal de comunicaciones”, aun cuando no se conoce ninguna de ellas, sino de oídas; es decir, no existe la prueba material de tales grabaciones. Pues el fin que persiguen es “atarzanarla” en una cárcel a disposición de los investigadores para obligarla, mediante la negación de todas las garantías y especialmente de la imparcialidad de justicia, para que testifique en contra del gobierno del presidente Uribe; tal como lo están haciendo con el llamado hacker, a quien lo han ido reblandeciendo cuando violan sus derechos, los términos judiciales y la valoración de las pruebas.
De igual manera, el gobierno, la Fiscalía y funcionarios judiciales, viatican frecuentemente, visitando presos colombianos en el exterior, para conseguir testimonios de ellos, en contra de políticos, especialmente de aquellos que son afectos o fueron funcionarios durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Lo anterior que parece normal, no lo es en cuanto que tales visitas van acompañadas de ofrecimientos, de garantías y beneficios judiciales e incluso económicos, para favorecer a esos presos que buscan como testigos o a sus familias, siempre y cuando ofrezcan testificar en contra de alguna persona o ex funcionario que por alguna razón, no sea simpatizante del régimen actual o a las conversaciones de paz que se desarrollan en Cuba.
Más grave aun que instituciones de izquierda como el colectivo de abogados o nefastos personajes simpatizantes de las guerrillas colombianas como Claudia López, Iván Cepeda o Piedad Córdoba, se hayan dado a la tarea de visitar las cárceles en búsqueda de los peores delincuentes en trance de investigación o condena, para convencerlos que testimoniando en contra del ex presidente Uribe o de los uribistas, les garantizan estupendas rebajas de pena o redención de la misma, en la modalidad de “casa por cárcel” o “libertad condicionada”, además de otras garantías, como asilo protegido para el delincuente y su familia, no incautación de sus bienes o parte de ellos, etc., como se informa permanentemente.
Es así como ese concepto filosófico de “justicia” que nosotros conocemos como un derecho de todos los ciudadanos a que se le reconozca lo que es suyo, acorde con la realidad, y conforme a lo que cada cual merece, para ser absuelto o condenado atendiendo a los resultados de una investigación imparcial, viene a resultar como el engendro de la potestad judicial mal ejercida, venal, parcializada, alejada de la realidad, para sojuzgar a los desafectos del régimen, dándole valor a una prueba testimonial completamente deleznable, tergiversada, amañada, comprada y dirigida por personajes cuyo interés es vindicativo y apartado de lo justo.
¿Qué se puede esperar de un criminal, a quién se le ofrece la alternativa de una larga condena o los beneficios de una libertad cercana, adosada de un tratamiento benévolo y comprensivo que premie sus impúdicas delaciones?
