Martes 17 de Octubre del 2017

Los déficits de legitimidad

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Hernán González Rodríguez  |

Fecha: 24/01/2017

 

Juan Manuel Santos presidente de Colombia - Foto: eluniversal.com.co

Jaime Castro Castro, estadista, exparlamentario, exministro y exalcalde de Bogotá, publicó en la revista Semana un inigualable artículo de seis páginas titulado: “Ilegitimidad política total” del cual extracto y resalto los párrafos que considero más explicativos de las decisiones arbitrarias de nuestros gobernantes.

“Con sus decisiones y omisiones, la Corte satisfizo los intereses políticos del Gobierno y el Congreso. Tanta argucia jurídica pretende legitimar el proceso de paz pero no lo logra, porque lo que lo afecta es su gran debilidad política”.

“Nuestros conocidos déficits de legitimidad se fueron profundizando hasta volver el sistema político completamente ilegítimo por su origen y su comportamiento. Por su origen, porque todas las elecciones, en mayor o menor grado, son producto de la presión y coacción oficiales, también del sector privado y de organizaciones criminales, del fraude y la compra de votos. Esta situación se refleja en la conducta de los elegidos y las administraciones que presiden, sobre las que influyen y que deberían controlar políticamente”.

“Lo anterior, que es evidente en el caso de las Ramas Legislativa y Ejecutiva, en sus diferentes niveles, se ha trasladado a la Judicial, porque hay un cordón umbilical entre la clase política y la administración de justicia, que ha terminado politizando esta última. El Congreso, en efecto, elige una de las salas del Consejo de la Judicatura, corporación que elabora las listas de candidatos a la Corte Suprema y el Consejo de Estado, administra la carrera judicial y dispone todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la Rama, a más de que ejecuta sus billonarios presupuestos. Lo que se dice del Consejo de la Judicatura es válido, en proporción variable, para el organismo que lo remplace y que será designado por el Senado, según el Acto Legislativo llamado de Equilibrio de Poderes, cuya suerte final no ha definido la Corte”.

“El proceso en curso viola las reglas de juego, atenta contra la separación de poderes, compromete la independencia de la justicia y pretende reemplazar el gobierno de leyes por el de personas. Como el pueblo diría la última palabra, el gobierno decidió que el Acuerdo firmado en La Habana sería refrendado por la ciudadanía. Con tal fin, la Ley 1745 cambió las normas de la estatutaria 1394, pero no lo hizo para todos los referendos sino única y exclusivamente para el de Santos. Gobierno y Congreso legislaron con nombre propio”.

“Pero como poco tiempo después consideraron que el referendo era un suicidio político, decidieron que lo que debían convocar era un plebiscito, para lo cual cambiaron la Ley Estatutaria 1757 por la 1806, que tampoco regula todos los plebiscitos sino el que tenga por objeto apoyar el Acuerdo habanero. Nuevamente se expidió legislación adhoc, que también castigó el umbral. Siempre hemos prohibido que los funcionarios participen en política. Pero como urgía que ministros y otros dignatarios del Estado, así como todos los alcaldes y gobernadores, hicieran la campaña del plebiscito, la citada Ley 1806 autorizó tal intervención en política, pero no para todos los plebiscitos sino para el que interesaba a los padres de la nueva ley. Todo lo anterior lo validó la Corte Constitucional a pesar de que es bien conocida su jurisprudencia que prohíbe al Congreso reformar la Constitución y legislar con nombre propio”.

“Tanta argucia jurídica pretende legitimar el proceso. No lo logra, porque lo que lo afecta es su gran debilidad política, en la medida en que no representa la voluntad mayoritaria de la Nación, ya que no es una política de Estado, sino la política de un gobierno, el de turno, y los partidos que lo apoyan, contra las fuerzas políticas y los sectores ciudadanos que cuestionan sus desarrollos y alcances. Hace años López Michelsen lo advirtió: “El desafío de la paz es demasiado grande para que lo asuma un solo sector del conglomerado social…debe ser empeño de toda la ciudadanía y tarea común…el liberalismo debe estar presto a secundar soluciones de paz basadas en el respeto a las opiniones de todos los sectores”.

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