Ante la violencia desatada en Venezuela contra una población que ha salido a las calles a protestar por la situación económica, el Gobierno se justifica haciéndose pasar como víctima.

Dada la creciente presión ciudadana por la situación económica, la inseguridad y la pérdida de libertades democráticas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acudido al fácil expediente de inventarse una supuesta guerra en su contra.

El gobierno venezolano ve hoy a la población, que ha salido a las calles a manifestar su descontento, como un enemigo que lo que busca es su derrocamiento, y no duda en reiterar que existe injerencia extranjera en tal propósito.

De ahí que ordenara la expulsión de tres diplomáticos de Estados Unidos y haya sindicado al líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, de instigar una ola de violencia contra el Gobierno y promover un golpe de Estado como el vivido por Hugo Chávez en 2002.

López, que hoy lidera la oposición, no pudo presentarse a las pasadas elecciones, donde resultó elegido Nicolás Maduro, por haber sido inhabilitado por el propio régimen bolivariano. Su partido Voluntad Popular forma parte de la Mesa de Unidad donde están representados 17 movimientos políticos opositores. A él lo sindican ahora de todos los males, como también se le atribuían al excandidato y gobernador Henrique Capriles.

En una especie de esquizofrenia del lenguaje, el gobierno le atribuye a la oposición actuaciones que no reconoce en sus propios seguidores. Llama fascistas a los opositores, cuando las fuerzas oficialistas son las que incurren en una violencia desatada contra las protestas civiles. Como si en estricto rigor histórico pudiera calificarse de fascista al levantamiento de un pueblo contra un régimen opresor, así sea de izquierda.

Las agresiones de hombres armados de la Guardia Nacional y de milicias, contra los estudiantes, que el gobierno niega y califica de montajes, aumentan a medida que crecen las manifestaciones, en una población que, obviamente, está polarizada.

Con el pasar de los días la situación tenderá a empeorar, pero de ahí a pensar que este movimiento pueda provocar el desmoronamiento de la "revolución bolivariana", aún hay gran distancia. Tampoco puede esperarse que la situación pueda revertir hacia una solución negociada con la oposición.

La vía del diálogo está cerrada, precisamente porque al presidente Maduro le interesa mantener vigente su invento de la guerra económica en su contra, para ocultar la escasez de alimentos y las falencias que en esta materia muestra su Gobierno: inflación y devaluación que marcan récords históricos.

Por ello la vía del diálogo invocada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aparte de ingenua, ha sido de tan mal recibo por parte de su homólogo venezolano.

Por lo pronto, solo una contundente respuesta de la comunidad internacional, que hasta ahora se ha mostrado timorata en sus pronunciamientos, podría traer una voz de esperanza para la población.

Más allá de manifestar su preocupación, la Organización de Estados Americanos y otros organismos multilaterales del continente ya deberían estar apoyando mecanismos que preserven los derechos fundamentales de los venezolanos.

Aunque resulta improbable en los actuales momentos, pero dado su acto de valentía democrática al entregarse a la politizada justicia chavista, los países latinoamericanos deberían acoger la propuesta de Leopoldo López de constituir una veeduría internacional para velar por los derechos humanos de los venezolanos.

Ese podría ser el germen de una iniciativa continental de apoyo a una población que hoy sufre ante las actitudes cada vez más dictatoriales de un régimen opresor, que persiste en disfrazarse de víctima.