Como simple ciudadano y como nariñense, quiero unirme a las voces de protesta por el asesinato, el 3 de agosto, de Gilmer Genaro García, representante legal del consejo comunitario del Alto Mira y Frontera, un territorio afro en mi departamento, Nariño, sobre la frontera con el Ecuador.

Todas las voces de repudio atribuyen este magnicidio a las Farc, grupo que ya había asesinado a su hermana Yerly Maricel, en agosto de 2012, en el mismo casco urbano de Tumaco. Esta es una zona controlada por la columna móvil Daniel Aldana, en donde se estima que hay unas 3.000 hectáreas sembradas de coca que, por ser de frontera, no se puede fumigar, y tiene, además, fácil acceso al mar, lo que lo hace puerto de embarque de la coca y de sus insumos.

Como ha sucedido en otras zonas del país, este es un proceso típico de frontera de colonización interna de Colombia. Con la coca, comenzaron a llegar cientos de colonos que desplazaron a la población local de sus tierras colectivas. Arropados primero por grupos paramilitares, desde hace años, a instancias ya de las Farc, los colonos comenzaron a expandir los cultivos de la hoja y, entre amenazas y asesinatos, comenzaron también usurpar la representatividad de los afrocolombianos en su propio territorio. En octubre del año pasado, las Farc habían citado a Genaro a una reunión y, allí mismo, un comandante, apodado El Indio, le comunicó que quedaba destituido como representante legal de su comunidad y de que si no cumplía sus órdenes sería asesinado.

Algunos parecen justificar este execrable asesinato con el peregrino argumento de que, como antes fue una zona dominada por los paras, ahora es el turno de las Farc. La culpa es de la guerra, dicen.

En realidad, estrictamente, allí no hay guerra, pues, como lo han explicado quienes conocen bien el lugar, esta es una vasta zona dominada por las Farc desde hace años. Lo que sí ha habido es una resistencia a esa organización por los grupos afrocolombianos que quieren hacer respetar la ley de tierras colectivas para su comunidad étnica. Genaro es el tercer líder del Alto Mira cuyo asesinato se atribuye a las Farc. A su caso se suman el de Pablo Gutiérrez, presidente de la junta de la vereda El Pital, y el de Armenio Cortés, que era el fiscal de su junta del consejo, nueve meses después. A estos asesinatos, hay sumar otros más, en consejos vecinos.

Lo que hace diferente este asesinato a otros anteriores es que hay un proceso de paz en La Habana y, dentro de dicho proceso, las Farc se han comprometido con un cese unilateral de fuego. Ante la petición del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano para que se pronuncie, las Farc han respondido con el silencio. Las autoridades, por su parte, deben explicar qué están haciendo para proteger a los líderes sociales en todo el país y por qué no pudieron proteger a Genaro García. Pero, el gran interrogante que surge hacia el futuro de Colombia, con o sin acuerdo de paz, es saber cómo y cuándo va el Estado a ejercer el monopolio de la fuerza legítima en todo el territorio.

Porque, una vez más, este asesinato prueba que las peores violaciones de los derechos humanos se dan cuando el Estado renuncia a ejercer su razón fundamental de ser.